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Editorial

Pataleta en la Alpujarra

Las situaciones que están viviéndose en la Alpujarra rayan en la tragicomedia y lo único que demuestran es un desconocimiento absoluto de las responsabilidades que tiene con la ciudad un funcionario público.
Publicado el 26 de mayo de 2022

El espectáculo que están dando los secretarios del gabinete del suspendido alcalde de Medellín Daniel Quintero y varios contratistas en la Alpujarra no es fácil calificarlo; ¿es lamentable?, ¿es patético?, ¿o es cómico? Lo cierto es que con sus actuaciones de los últimos días este puñado de inefables personajes podrían estar incurriendo en una que otra falta disciplinaria o al menos deben de estar transgrediendo las mínimas normas de la ética del funcionario público.

Desde hace quince días, cuando la Procuraduría anunció la suspensión del alcalde Quintero y el Gobierno Nacional nombró al comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, de manera temporal como alcalde encargado, empezó una campaña de saboteo por parte de los secuaces de Quintero.

El primer campanazo se dio en el primer consejo de gobierno del alcalde encargado. La mayoría de ellos, jóvenes e inexpertos, llegaron ataviados con una camiseta blanca estampada con la fotografía de Daniel Quintero. La secretaria privada recién ascendida por Quintero a secretaria de gobierno se deshizo en insultos contra Restrepo Gómez. Y en un momento delirante rompió en llanto y un segundo después gritó a sus compañeros de consejo: “Marica, los amo”.

Muchos de los que estaban allí sentados, tal vez, ni se daban cuenta de lo que estaban haciendo. Quizás aún no entienden el significado del Estado, de la majestad del Estado, o por lo menos no han tenido la oportunidad de leer sobre las obligaciones de un servidor público de cumplir con la Constitución y la ley.

Desde entonces todos los días se dan situaciones tragicómicas. La más reciente fue la de los afiches. Contratistas se pusieron a empapelar cada piso de la Alpujarra con mensajes de “Mi alcalde es Daniel Quintero”. Lo cual molestó a los funcionarios de carrera administrativa, que llevan años trabajando en la alcaldía: “Nuestro interés es defender los intereses del alcalde que esté, sea Quintero o el que está ahora, porque no trabajamos para ningún partido, trabajamos es para la ciudad”.

Han llegado a extremos como el del secretario privado, que bajó hasta el sótano en el ascensor de uso del alcalde y lo dejó bloqueado para que Restrepo no pudiera usarlo a la hora salir. Ese mismo secretario fue el que envió una circular a los empleados para que no prestaran recursos al alcalde encargado, como una forma de boicotear cualquier acción de tipo administrativo.

Están sometiendo al alcalde (e) a una especie de bochorno obligándolo a que todos escuchen sus reuniones. Restrepo ha decidido no usar el despacho oficial, sino el salón del consejo de gobierno y los secretarios a cargo no han permitido que se apaguen los micrófonos cuando sostiene allí incluso reuniones privadas. Y le bloquearon hasta el café para atender una visita de concejales.

En últimas, los saboteadores, en vez de atender las necesidades de la ciudad, se han dedicado a hacer de la Alpujarra un estado de propaganda: los secretarios se mantienen uniformados con fotos de Quintero en las camisetas, en las pantallas del salón del consejo de gobierno dejaron fija la imagen del alcalde suspendido y las pantallas de televisión ruedan continuamente videos de Quintero. Nada de esto está lejos de la pleitesía que se le rinde a cualquier Kim Jong-un.

Mientras tanto, la gran mayoría de los funcionarios, que tiene claro que los alcaldes y sus equipos son pasajeros, y que su responsabilidad es con la ciudad y con el Estado, ha decidido cumplir con sus tareas. En la Secretaría de Comunicaciones, por ejemplo, han tenido que crear grupos de chat paralelos para romper el saboteo del secretario de ese despacho y cumplir con las tareas que la ley les impone.

Novelón, show mediático, travesuras de adolescentes... lo que está ocurriendo en la Alpujarra es un triste capítulo de la historia de la ciudad. La arbitrariedad de estos funcionarios va en contravía de su principal deber: proteger el correcto funcionamiento de la administración pública. No se puede confundir la desobediencia civil, que tiene unos objetivos claros de defensa de derechos que sirven a una sociedad, con el sabotaje burdo de una entidad. Con esta pataleta, lamentablemente, pierde la ciudad y pierden los ciudadanos 

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