Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
De buenas intenciones, se dice, está empedrado el camino al infierno. Y buenas intenciones parece ser lo que abunda en la agenda de seguridad, defensa y paz del gobierno entrante. No hay por sí mismo nada de malo con las buenas intenciones, todo lo contrario. Lo malo es cuando las buenas intenciones fallan en el diagnóstico y entonces se convierten en ingenuidad.
Si Colombia fuera Suiza o Dinamarca, tendríamos todo el margen de maniobra para experimentar novedosos enfoques en materia de seguridad, defensa y paz. Si las amenazas fueran imaginarias o inocuas, podríamos jugar a ser el laboratorio del progresismo. Pero en nuestro país las amenazas son reales e inminentes: vivimos azotados por organizaciones terroristas y criminales, que ante el más mínimo descuido del Estado van a aprovechar para expandir sus actividades, para ganar más y más plata, para someter a más poblaciones, para reclutar forzosamente a más niños y niñas, e incluso para avanzar en su estrategia macabra contra la institucionalidad.
¿Acaso no es lo que ha pasado varias veces en este país? Belisario Betancur, hombre de buenas intenciones y gran corazón, creyó que la buena voluntad era suficiente para la paz, y que tenderle la mano a la guerrilla bastaría. Creyó que su buena voluntad sería correspondida con buena voluntad. ¿Balance? Al romperse sus fracasadas iniciativas de paz, las Farc habían expandido su presencia a todo el país y se habían metido de lleno en el narcotráfico; el M-19 asaltaba el Palacio de Justicia; el Eln, que venía casi difunto, resucitó y se enriqueció extorsionando a las petroleras. Y todos los jefes de la guerrilla que estaban en la cárcel, libres gracias a la amnistía de Betancur. Así correspondieron a su buena voluntad.
¿O qué pasó cuando Andrés Pastrana creyó que su gesto de mano tendida iba a ser correspondido de la misma forma? Fue correspondido con terrorismo, secuestros masivos y ataques a la fuerza pública. La guerrilla llegó hasta las goteras de Bogotá.
Preocupan, entonces, los muy numerosos anuncios que se vienen haciendo. Ya hemos tenido oportunidad de comentar la idea de la “paz total”, que en campaña Gustavo Petro la mencionó como el “perdón social”, luego de ganar se comenzó a hablar de “sometimiento” y hoy ya vamos en que se va a llamar “acogimiento”. Porque no se trata de que se sometan, sino de que se acojan. ¡Hágame el favor! Mientras se ponen de acuerdo con el nombre, lo que queda claro es que esto no suena a más de lo mismo, sino a algo peor: sus promotores, el senador Iván Cepeda y el canciller Álvaro Leyva, parecen creer que si el Estado tiende la mano y baja la guardia, lo propio harán el Eln, el clan del Golfo, los Caparros y todo ese montón de organizaciones criminales que azotan al país.
Con el agravante de que ahora, a diferencia de antes, están hablando de grupos narcos purasangre. Por lo que sabemos de esas organizaciones, en particular de las de puro narcotráfico, lo más probable es que aprovechen la buena fe del gobierno para ampliar sus negocios y su capacidad. ¿O es que a alguien de verdad se le ocurre que después de que les laven sus prontuarios van a dejar el negocio? Lo único que les incomoda son las leyes que no les permiten traquetear y enriquecerse. Y en el caso del Eln, la ingenuidad no es menor: ¿cómo va a ser posible una negociación con un grupo terrorista que está en expansión, y cuyos jefes viven cómodamente protegidos por las dictaduras cubana y venezolana? Si las Farc llegaron a la mesa fue porque venían de sufrir diez años de ofensiva militar.
¿O qué tal el anuncio de Álvaro Leyva según el cual lo que se vaya pactando con el Eln se irá implementando? Volvemos al mundo en que se dan concesiones a grupos armados a cambio de poco o nada.
De otro lado, el nuevo ministro de Defensa está insistiendo en sacar a la Policía de esa cartera. Nadie sabe por qué ni para qué. Ese mito según el cual la Policía está militarizada es completamente falso: la pertenencia orgánica de la Policía al Ministerio de Defensa no implica militarización; los mandos militares no le dan órdenes a la Policía, ni determinan su doctrina y estructura. Un típico caso de una solución basada en un diagnóstico equivocado.
Como si nada de esto fuera bastante, líderes del Pacto Histórico como Gustavo Bolívar ya hablan de reducir el presupuesto de seguridad y defensa a partir de 2023. Y la bancada de los exfarc en el Congreso propone que el Estado reconozca y regularice a las brigadas campesinas.
Alguien decía que tal vez el gobierno busca bajarle la temperatura a este clima de violencia que cada día parece calentarse más. Puede ser. Pero no está para nada claro que el remedio que está buscando sea mejor que la enfermedad. Bajar la guardia frente al crimen y el terrorismo, con el argumento de darles un tratamiento de la nueva era, parecería ser uno de los propósitos más claros y visibles del nuevo gobierno