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Si en Colombia el presidente Iván Duque, elegido con ventaja suficiente en la segunda vuelta electoral de junio del año pasado, ha tenido que enfrentar un bloqueo parlamentario en el Congreso, que ha dificultado el despegue de sus propuestas de gobierno, la situación que enfrenta su colega en el Perú, Martín Vizcarra, es mucho más dramática.
Vizcarra es presidente no elegido en las urnas, sino que asumió el mando como reemplazo de Pedro Pablo Kuczynski, el veterano político que llegó a generar grandes esperanzas y resultó uno de los más grandes fiascos de la centro derecha del continente.
En Perú el escándalo de sobornos de Odebrecht ha tenido unas consecuencias demoledoras para la institucionalidad. Si ya tenían a un expresidente preso por crímenes de lesa humanidad -Alberto Fujimori- ahora tienen otros tres procesados por haber recibido de una u otra forma, dineros de la constructora brasileña: Alejandro Toledo, preso en EE.UU. a la espera de su extradición; Ollanta Humala, procesado junto con su esposa; y el propio Kuczynski. Alan García iba a ser detenido por el mismo caso y terminó con su vida.
El actual gobernante en ejercicio no tiene, que se sepa, vínculos con esos escándalos que den lugar a posibles líneas de investigación. Los peruanos lo valoran como un político decente. Su gobernabilidad, empero, es precaria. No tiene bancada parlamentaria propia, lo cual ha generado inestabilidad en su gabinete, y se ha visto forzado a plantear mociones de confianza varias veces a un Congreso que ha demostrado serle hostil y de dificilísimas condiciones para buscar consensos con el poder Ejecutivo.
El pasado domingo, durante su discurso anual ante el Congreso, el presidente Vizcarra planteó de forma directa una salida al bloqueo institucional, que es una especie de grito de “nos vamos todos”: presentará mañana un proyecto de reforma constitucional, para ser sometida luego a referendo, de adelanto para 2020 de las elecciones presidenciales y legislativas que deberían realizarse en 2021.
Vizcarra ha dicho que no se presentará a las próximas elecciones. Su propuesta de reforma constitucional es todo un desafío al Congreso, que se radicalizará aún más en su oposición y en las estrategias de bloqueo al presidente y a su gabinete. Es posible que Vizcarra juzgue que mayor bloqueo ya no puede ser posible, y que con este desafío genere un clima de opinión tan fuerte en contra del parlamento por parte de una población tan hastiada de la corrupción, que los congresistas tengan que comenzar a negociar.
Un parlamentario, Richard Acuña, decía ayer en el diario El Comercio que el último año ha recorrido el país de punta a punta y en todas partes ha visto que la población recibe a Vizcarra bajo el grito de “¡Presidente, cierre el Congreso!”. Y si bien Vizcarra no tiene el talante dictatorial del Fujimori de los 90, ha salido con una propuesta audaz que va a generar telúricos movimientos políticos y en el que se juega el equilibrio institucional del Perú, de por sí tan golpeado los últimos años.
Tampoco se descarta otra vía, esta sí prevista en la Constitución: la renuncia del presidente y la vicepresidenta, que obligaría a que el presidente del Congreso asuma interinamente el mando para convocar a elecciones presidenciales. Sin embargo, la fragmentación política no deja avizorar que con esta vía el nuevo presidente pudiera conformar bloques de apoyo parlamentario que sacaran al país de la situación de inmovilidad en la que se encuentra.