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Cada día es más evidente el afán del presidente Gustavo Petro y su ministro de interior Armando Benedetti de convocar una consulta popular a como dé lugar. Tanto que, en medio del desespero, han decidido dar patadas de ahogado con el anuncio de que van a activarla vía decreto.
No sobra recordar que la consulta popular del Gobierno ya se hundió en el Senado de la República, con una votación de 49 a 47. Y el Consejo de Estado en un concepto conocido ayer dice que el trámite de la consulta en el Senado ya “culminó” y se convirtió en un “acto definitivo” por parte del Congreso.
Si el jefe de Estado decide saltarse al Congreso para imponer su voluntad por decreto, no estaríamos frente a una solución democrática sino frente a un atropello contra la Constitución con tintes autoritarios. Las consultas populares son un mecanismo legítimo de participación ciudadana, pero no pueden ser impuestas por fuera del procedimiento que la Carta Política consigna.
El Estado de Derecho en Colombia, lo vamos a decir todas las veces que sea necesario, se ha sostenido gracias precisamente a esa separación de poderes, a ese equilibrio entre los tres poderes. Por eso cuando Gustavo Petro pretende imponer vía decreto una consulta ya rechazada por el Congreso no está gobernando con el pueblo, sino contra las instituciones creadas y elegidas por el propio pueblo. Cabe recordar que Petro fue elegido presidente, no emperador.
¿Qué sentido tiene un Congreso si el Ejecutivo decide ignorar sus decisiones? Si se acepta ese precedente, el sistema de pesos y contrapesos queda reducido a una formalidad vacía. No tendría nada distinto nuestro sistema político a una dictadura.
Anoche, en su ya recurrente alocución de comienzo de semana, el presidente Petro anunció que en efecto presentaría la consulta por decreto. Es decir, está a una firma de comenzar ese aciago camino hacia el abismo de la tiranía.
Es aún más inquietante que Petro amenace con esta consulta en un momento en el que el Congreso ha logrado un enorme avance precisamente en la reforma laboral. ¿Qué necesidad hay entonces de preguntar en una consulta popular lo que ya se está discutiendo y tramitando por las vías constitucionales?
Hacer una consulta con 12 preguntas prácticamente resueltas en la reforma hace aún más evidente que la palabra consulta no es más que una fachada, una mentira, porque lo que intenta hacer el Gobierno es usar la consulta para movilizar emocionalmente a sus bases, alimentar el odio entre los colombianos y radicalizar aún más la discusión pública. Petro y Benedetti, perdidos como se ven ellos mismos, tratan de extremar la polarización del país.
Desde el momento en que se conoció el hundimiento de la consulta popular en el Senado, tanto Petro como Benedetti se han esforzado en demostrar que están dispuestos a todo para torcer la decisión del Congreso. Primero alegaron que no se había dado tiempo de votar, pero rápidamente se probó que la Carta Política lo permitía de esa manera y el mismo Benedetti cuando fue presidente del Congreso muchas veces cerró la votación en cuestión de minutos.
Luego sacaron el cuento de que habían manipulado la contabilidad de los votos, y una vez más la opinión les demostró que la suma estaba correcta y que, para mayor dolor de ellos, los ‘votos’ de su aliada Martha Peralta y de Richard Fuelantala, se convirtieron en la clave de la derrota del Gobierno.
Y ahora, se inventaron otra causa: dice Benedetti que los senadores no sabían que estaban votando la consulta popular porque no se leyó previamente la proposición. Decía Montesquieu: “Un tirano siempre encuentra un pretexto para sus actos de crueldad.”
Señor Presidente, señor Ministro, si el Senado incurrió en esa supuesta irregularidad no es a ustedes, no es al Gobierno al que le corresponde corregir la plana, es una facultad exclusiva del poder judicial. Esas son las reglas de la democracia.
Petro no puede traicionar su propio discurso ni las esperanzas de millones de ciudadanos que lo eligieron para transformar el país desde dentro del sistema, no para destruirlo. Aún está a tiempo de corregir el rumbo. Forzar una consulta sería el peor error de su mandato, un paso sin retorno hacia un modelo que él mismo prometió superar: el de los caudillos que confunden su voluntad con la del pueblo.