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El presidente Gustavo Petro parece haber destapado ya el grueso de sus cartas. Las ha puesto sobre la mesa y el juego que se alcanza a leer resulta preocupante. Sus movimientos recientes dejan al descubierto lo que parece ser su propósito: transformar de raíz el sistema político y económico del Estado colombiano.
Las decisiones que ha tomado en los últimos tres meses se han atropellado una tras otra y, como en un rompecabezas, las piezas comienzan a encajar. Lo que podrían parecer medidas aisladas empiezan a revelar un patrón.
Conviene recordar un episodio que pasó relativamente desapercibido. En septiembre pasado, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Petro hizo referencia a Joseph Stalin. “El socialismo de Stalin debió volverse global”, afirmó. La frase no es menor. Ni Fidel Castro ni Hugo Chávez se atrevieron a tanto.
En el socialismo de Stalin, el Estado se proponía controlar prácticamente todo: economía, política, medios de comunicación y gran parte de la vida social. Hoy, en Colombia, empiezan a verse decisiones que apuntan hacia una mayor centralización de recursos en manos del Estado.
Petro está poniendo bajo control estatal dos de las mayores bolsas de recursos del país: la salud y las pensiones. Todo vía decretos extraordinarios, gesto propio de gobiernos autoritarios.
Esta semana, por ejemplo, aprovechando la declaratoria de emergencia económica, expidió un decreto que establece que en 427 municipios la única Entidad Promotora de Salud será la Nueva EPS. En la práctica, esto significa que en casi la mitad del país los ciudadanos ya no podrán escoger. Su atención médica quedará en manos de una entidad bajo control del Gobierno.
Lo propio ocurre con las pensiones. El presidente ha anunciado dos decretos que afectarían el ahorro de millones de colombianos que cotizan en fondos privados. Uno obligaría a trasladar 25 billones de pesos a Colpensiones. El otro ordenaría repatriar cerca de 125 billones de pesos invertidos en el exterior para colocarlos en el sistema financiero nacional.
Miles de ahorradores podrían perder rentabilidad si los fondos se ven obligados a liquidar inversiones en el extranjero a menor valor. Pero lo más inquietante es que, al mismo tiempo, el Gobierno ha anunciado su intención de imponer inversiones forzadas a la banca. No sería extraño que esos recursos terminen dirigidos por el Estado hacia proyectos definidos desde la Casa de Nariño.
Ese tipo de esquemas recuerda los modelos de planificación que caracterizaron a regímenes socialistas como el de la Unión Soviética, donde el gobierno definía qué producir, cuánto producir y a qué precio.
Pero un modelo de esa naturaleza también exige consolidar el control político. Por eso el país ha sido testigo de cómo el 2026 comenzó con una de las mayores reconfiguraciones de la caja del Estado en la historia reciente de Colombia.
Petro está buscando recursos hasta por debajo de las piedras. Ha pedido prestado —le aprobaron créditos por 23 billones de pesos, una cifra pocas veces vista y a tasas elevadas—; ha impulsado reformas tributarias por el Congreso o vía emergencias económicas; creó el impuesto al patrimonio más alto del mundo; decretó sobretasas y busca controlar los enormes recursos de la salud y las pensiones.
Cuando Petro llegó al poder se dio un debate recurrente: si Colombia podía seguir el camino por el cual Chávez y Maduro llevaron a Venezuela. Una de las respuestas más repetidas era que Petro no contaba con chequera petrolera. ¿Será que este afán de recoger recursos tiene relación con superar esa limitación? Según estimaciones de EL COLOMBIANO, la suma de estas iniciativas alcanza 198,7 billones de pesos.
Pero en el rompecabezas faltaba también la ficha del apoyo popular. Por eso Petro ordenó subir el salario mínimo un 23,7%. El dato, 400% por encima de la inflación, no tiene lógica económica, pero sí en el propósito de ganar respaldo. Y le funcionó: Petro alcanzó niveles de popularidad de 49%.
La historia ofrece suficientes advertencias. Sistemas que siguieron la guía de Stalin rara vez han logrado mejorar de manera sostenida la vida de los más pobres. En muchos casos han producido estancamiento, escasez y deterioro institucional.
China lo entendió cuando decidió abrir su economía al mercado a finales del siglo XX. Cuba ha dependido durante décadas del apoyo financiero de sus padrinos externos: primero la Unión Soviética y luego Venezuela. Y el caso venezolano, quizás el más cercano, mostró cómo siete millones de personas tuvieron que abandonar el país cuando ese sistema estatizante llevó a una nación próspera al colapso.
El próximo tramo de la estrategia de Petro es la Asamblea Constituyente. El 26 de diciembre el ministro de Trabajo apoyó la inscripción del comité de recolección de firmas en la Registraduría. Y hace poco el gabinete —menos el ministro de Justicia— firmó la planilla para convocarla. Cada vez resulta más claro que la Constituyente es el horizonte político del proyecto petrista. El candidato Iván Cepeda también se ha convertido en uno de sus promotores.
Pero no sería una constituyente como la de 1991, fruto de un amplio consenso nacional y concebida para ampliar derechos y fortalecer la separación de poderes, sino más cercana a la que Hugo Chávez impulsó en Venezuela para consolidar su poder.
Fue en ese momento cuando la historia de Venezuela tomó un rumbo del que aún no ha podido salir.