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En Colombia ya no escandaliza lo escandaloso. Hemos llegado al punto en que la inclusión de un presidente en la lista Clinton —una sanción diplomática que en otro tiempo habría estremecido al país— se recibe con cierta indiferencia. Hoy un escándalo dura menos que un merengue en la puerta de un colegio: arde unos minutos en redes y se evapora antes de acabar de ser digerido por el país.
No tiene precedentes en nuestra historia que el jefe de Estado aparezca asociado con una herramienta diseñada para sancionar a narcotraficantes, lavadores de activos y regímenes autoritarios. Cabe recordar que a Ernesto Samper, que tuvo la relación más caótica con Estados Unidos, tan solo lo descertificaron y le quitaron la visa, pero no se atrevieron, ni siquiera entonces, a incluirlo en esta deshonrosa lista.
La Foreign Narcotics Kingpin Designation Act —conocida como lista Clinton— no es una lista de sospechosos: es una sanción que afecta gravemente la reputación y la operatividad financiera de quienes allí figuran. En el mundo han sido incluidos personajes como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líderes del Cartel de Sinaloa, el gobierno de Nicolás Maduro y sus ministros, bancos en Irán y Corea del Norte, y estructuras ligadas al terrorismo. Que un presidente democrático esté –justa o injustamente– en ese mismo catálogo es una tragedia institucional en sí misma.
La gravedad del caso no admite medias tintas. Si la inclusión es infundada, Petro tiene la obligación de exigir una rectificación pública; de lo contrario, es él quien debe responderle al país. No obstante, cinco días después de lo ocurrido ni una ni otra cosa ha pasado.
No se trata, por supuesto, de eximir a Donald Trump de responsabilidad. Su visión belicista y su afán por convertir la lucha contra las drogas en una plataforma de poder han llevado a Estados Unidos a asumir posturas unilaterales, agresivas y peligrosamente intervencionistas.
Pero así como se puede denunciar ese estilo atrabiliario, también tenemos que exigirle a Gustavo Petro actuar con un mínimo criterio de estadista. Salir a las calles de Nueva York con un megáfono, pidiéndoles a los soldados de Estados Unidos que desobedezcan a Trump, es una torpeza estratégica. Y más, hacerse el de la vista gorda cuando grupos afectos a él atacaron con flechas la embajada de ese país en Bogotá.
Petro, en vez de actuar con prudencia y sentido de Estado, salió a provocar abiertamente a Trump que está en pie de guerra. A pesar de su rabo de paja —una campaña bajo sospecha, relaciones opacas y una política exterior errática—, eligió desafiar a quien hoy ha decidido declarar una guerra contra las drogas de la que no se tiene memoria y de la cual Colombia es blanco fácil.
Petro parece no haber entendido —o subestimó peligrosamente— la dimensión geopolítica del momento. El tablero global se ha reconfigurado. Donald Trump, luego de “resolver” la guerra en Oriente Medio, se enfrascó ahora en una nueva guerra: contra el narcotráfico en América Latina. Su grito de guerra fue sonoro: “debe quedar claro para todo el mundo que los carteles son el ISIS del hemisferio occidental”. Recibió autorización del Congreso para el uso de la fuerza directa contra esos carteles. Una suerte de “licencia para matar” que ha convertido a América Latina en un teatro de operaciones militares.
Y no es sólo retórica: en las últimas semanas, Estados Unidos ha atacado con misiles 14 lanchas tanto en el Mar Caribe, como en el Océano Pacífico, con cerca de 51 asesinados, en la zona de influencia de Venezuela y Colombia. Las cuatro atacadas ayer fueron sobre el Pacífico, como si se tratara de un mensaje directo a Colombia.
Y como parte de esta escalada, se ha desplazado a la región el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y avanzado del mundo, con capacidad para operar de forma autónoma durante meses. Este despliegue es un mensaje inequívoco: Estados Unidos está listo para tomar acciones decisivas. Lo que está en juego no son debates académicos ni diplomáticos en Naciones Unidas; es la soberanía de las rutas marítimas y el control del crimen transnacional con criterios de seguridad nacional.
En ese nuevo tablero, Petro no solo se ha aislado: se ha convertido en un blanco político. Su “paz total” que hasta ahora parece solo ha traído beneficios precisamente a los carteles de la droga, la manera como desmanteló los acuerdos de cooperación antidrogas y su ambigua —cuando no cómplice— relación con el régimen de Nicolás Maduro, lo ubican, en la lectura de Washington, como un obstáculo.
El cerco diplomático cada vez se cierra más. Petro ha evitado condenar las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela, ha elogiado a Maduro y ha salido a defenderlo diciendo que no existe el Cartel de los Soles. ¿Por qué tan tibio frente a una dictadura probada? ¿Por qué su gobierno evita responder con claridad a las preguntas sobre la posible financiación irregular de su campaña por parte de Caracas?