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La Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión que marcará el rumbo del sistema pensional colombiano. En los próximos días deberá definir si el proyecto aprobado en el Congreso —y que el Gobierno presenta como uno de sus principales logros sociales— sobrevive o se hunde definitivamente.
Un año después de su aprobación, los colombianos todavía no sabemos si cambiará el sistema pensional que ha estado vigente más de 30 años en el que cualquier persona puede elegir cotizar en la estatal Colpensiones o en los fondos privados. O si se aplica el cambio y entra a regir un nuevo régimen en el que todos los trabajadores quedarán afiliados obligatoriamente a Colpensiones y quienes devenguen más de 2,3 salarios mínimos, un poco más de tres millones de pesos, deberán cotizar el remanente en los fondos privados.
Aunque desde hace un año estas entidades se vienen preparando para adecuarse al nuevo modelo y han invertido millonarios recursos, todavía no tienen certeza en torno a si esa plata se perdió. Y no tienen certeza debido a una cadena de errores en la aprobación del proyecto y en la demora en la Corte Constitucional que completó un año estudiando su viabilidad jurídica.
Lo que ocurre con la reforma pensional es un retrato preocupante de cómo no deberían tramitarse los grandes proyectos de país. En lugar de una discusión amplia, documentada y transparente, primaron la prisa, el cálculo político y la improvisación. El Congreso, especialmente la Cámara, actuó con una ligereza inaceptable al aprobar, sin debate, un texto de más de 200 artículos. El Gobierno, por su parte, presionó para acelerar el trámite, temeroso de repetir los fracasos de las reformas laboral y de salud.
El resultado es una ley que nació bajo la sombra de los vicios de forma. El 14 de junio de 2024, la Cámara lo aprobó “a pupitrazo limpio”, acogiendo sin discusión el texto del Senado. El 25 de octubre de ese año la Corte inició el estudio de más de 40 demandas. Pero solo hasta el pasado 17 de junio se pronunció y devolvió a la Cámara el proyecto para corregirlo. Pero la Cámara, en un acto que raya en la necedad institucional, repitió el mismo error, al aprobar el texto nuevamente sin ninguna discusión.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte, en una ponencia de 83 páginas, ha pedido declarar la inconstitucionalidad total del proyecto. Su argumentación es clara: no se puede construir legitimidad sobre la base del apuro. En democracia, la forma es también fondo. Una ley que afecta a millones de colombianos no puede surgir de un procedimiento viciado ni de un Congreso que actúa como simple notaría del Ejecutivo.
Ibáñez argumenta que se violó el principio de publicidad porque no pasó ni un día entre el momento en que el gobierno convocó a la Cámara a sesiones extras y que la corporación citara a los congresistas. El decreto de extras del gobierno fue notificado a la 1:15 de la tarde del 27 de junio, y a las 3:00 de la tarde la mesa directiva de la Cámara citó la sesión a las 8:00 de la noche, lo que no les dio tiempo a los representantes para analizar el texto de la reforma. Además, señala que no hubo mayoría absoluta el 27 de junio, que debía ser de 94 representantes pero solo fueron 62.
En medio de todo este laberinto legislativo, el presidente Gustavo Petro carga con una deuda política y moral con los adultos mayores. Ya se cumplieron tres años de su mandato y no ha logrado mejorar los subsidios a los “viejos y viejas”, como él los llama, pese a que fue una de sus banderas de campaña. El país sigue entregando, en la mayoría de los casos, los mismos montos de auxilio que antes de Petro —y apenas un poco más a quienes superan los 80 años—. El Gobierno decidió supeditar el cumplimiento de esa promesa a la aprobación de la reforma pensional, mientras que compromete 17 billones para comprar aviones de guerra o gasta montos también multimillonarios en propaganda.
La Corte, sin embargo, aún no ha tomado su decisión definitiva. Su sala plena deberá resolver si acoge la ponencia que pide hundir la reforma o si, por el contrario, la salva con reparos. En medio de este limbo, incluso ha surgido una recusación contra el magistrado Héctor Carvajal por presunto conflicto de interés debido a contratos previos con Colpensiones.
El país necesita reformas, sí, pero reformas serias, bien construidas, con legitimidad democrática. La improvisación en la política pública posterga soluciones urgentes para los sectores más vulnerables.