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El llamado paro minero no existe. Lo que existe, según ha dicho el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, es una protesta en clave de miedo y de terror orquestada por el Clan del Golfo que utiliza a los pobladores para exigir que le permitan seguir con sus rentas ilegales. “Paro draguero”, lo bautizó el Gobernador. Una habitante de la zona le pidió al gobernador no estigmatizarlos, “no somos criminales”, dijo.
El país sigue haciéndose un poco el de la vista gorda con el poder y los alcances del Clan del Golfo. Por este paro, por ejemplo –que completa ocho días– ya no llegan medicamentos al hospital de Caucasia, suspendieron 110 cirugías, hay municipios sitiados en el sur de Córdoba y en el Nordeste y el Bajo Cauca en Antioquia. Y no es el primero ni será el último. Las autoridades nacionales por momentos parecen haberse tomado este tipo de actos como si fueran parte del paisaje.
Como si fuera poco, ayer el que fue jefe de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), Salvatore Mancuso, pidió estatus político para el Clan del Golfo. Según él, “el estrepitoso fracaso de ese acuerdo (con los paramilitares) propició el surgimiento del Clan de Golfo y otras organizaciones que operan en todo el territorio nacional”.
No es fácil entender o interpretar lo que está pasando con ese grupo criminal. Los investigadores Reynell Badillo y Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, escribieron un ensayo que da luces sobre el que hoy podría ser el grupo armado más grande en Colombia.
Lo primero que argumentan los investigadores es que el Clan del Golfo no es una organización “paramilitar” como las que existieron hace unas décadas en Colombia: el Clan del Golfo –al que el Gobierno ahora llama Autodefensas Gaitanistas de Colombia– “realizan constantes operaciones contra la fuerza pública (...) emboscadas y hostigamientos y se enfrentan a tropas de las fuerzas militares”.
En segundo lugar, el Clan del Golfo aspira a tener una “gobernanza criminal” en los territorios en los que lleva a cabo sus operaciones. Su único trabajo no es conseguir rentas de actividades como el narcotráfico y la minería ilegal, sino que también “necesitan legitimidad por parte de la población y ser percibidos como un actor con capacidad real de controlar las dinámicas sociales y económicas”. Es decir, el Clan del Golfo no sólo confronta militarmente al Estado, sino que además le compite en el control de la comunidad en donde tiene presencia.
Parte de ese control que buscan tiene que ver con los “paros armados”, que además les sirve como estrategia de posicionamiento en la agenda pública. “Los paros armados han sido utilizados por esta organización como una forma de consolidar su gobernanza criminal. (...) los paros envían un mensaje de fortaleza”. Así se vio en el paro armado que decretó el Clan del Golfo en 2022, cuando –a pesar de la negación del gobierno entonces– este grupo ilegal logró, efectivamente, paralizar la vida de cientos de miles de habitantes de varios municipios de Antioquia y Córdoba. Una ciudad capital como Montería se volvió un pueblo fantasma, el equipo de fútbol profesional, Medellín (DIM), decidió no presentarse a su partido contra Jaguares por la situación y, aún así, la Dimayor y el equipo monteriano siguieron en modo “el tal paro no existe”. Sin duda, golpes duros para la legitimidad del Estado colombiano.
Y por último, según la investigación, el Clan del Golfo también es un conocido enemigo de la construcción de Paz. No están “muy interesados en permitir el fortalecimiento de las administraciones locales o que se amplíe la oferta institucional ya que, eventualmente, esto implicaría mayor confrontación armada, pérdida de legitimidad y disminución de los territorios que controla lo que afecta directamente sus finanzas y capacidad de expansión.” De ahí que el Clan del Golfo sea uno de los principales responsables del trágico asesinato de cientos de líderes sociales en las regiones más conflictivas del país: su existencia no les conviene.
Muchos sacaron pecho con la captura de ‘Otoniel’, igualando su captura inclusive con la de Pablo Escobar. Sin embargo, hay kilómetros de distancia entre lo que se comprende y conoce sobre el excomandante del Clan del Golfo y lo que se sabe hoy del difunto narcotraficante. A pesar de que torturan comunidades enteras, el país nada más conoce los “alias” de los del Clan del Golfo cuando son capturados. Y a veces ni eso.
El Clan del Golfo sin duda es resultado de la mutación de las violencias. Tiene algo de guerrilla (Otoniel y sus hermanos estuvieron en las Farc y el Epl), algo de paramilitar y otro tanto más de narcos. Para Estados Unidos son una banda de narcotraficantes; para buena parte del país son el más grande grupo criminal; para comunidades de los territorios en los que actúan son algo así como la autoridad y en algunos casos, los que supervisan y permiten la minería ilegal.
La pregunta que falta por responder es ¿qué es el Clan del Golfo para el gobierno de Gustavo Petro? ¿El grupo con el que pensaba hacer la “paz total” y al que estaba dispuesto a levantarle órdenes de captura el 31 de diciembre? ¿O el grupo al que unos días después no le tuvo esa consideración luego de que el fiscal general y Estados Unidos le dejaron claro que era como negociar con Pablo Escobar?
Lo cierto es que esta semana se tomaron fotos con bandera de Colombia y con las siglas AGC, de las Autodefensas, mostrando poder armado, al mejor estilo de las otrora Farc y las AUC. Eso, más Mancuso que les certificó ayer ADN paramilitar, indicaría que el Gobierno va a terminar dialogando con el Clan del Golfo