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El inicio de las negociaciones con el Eln, que formalmente tiene lugar mañana, es la médula del proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro, pues aunque en Colombia hay numerosas organizaciones armadas ilegales, la importancia que tiene la negociación con aquel grupo no se puede desconocer. Es, al fin y al cabo, la organización criminal más antigua del país y tal vez del continente, está próxima a cumplir 70 años, y hoy, es muy superior en poderío y en números a lo que era hace ocho años, pues ha aprovechado los espacios que dejaron las Farc, y que el gobierno de Juan Manuel Santos olvidó copar tan pronto celebró el acuerdo con dicho grupo.
Si las Farc eran un producto de la violencia en los campos de mitad de siglo, el Eln es producto del radicalismo estudiantil de los sesenta. Su militante más famoso fue Camilo Torres, el sacerdote y sociólogo que ingresó en sus filas y que murió en su primer combate armado. El Eln, recordemos, fue diezmado por la acción militar del Estado y se había convertido en un grupúsculo sin mayor importancia hasta que, a principios de los ochenta, llegó la actividad petrolera al departamento de Arauca y, mediante la extorsión a las empresas del sector, el Eln renació y se fortaleció. Años después, la simpatía del régimen venezolano les permitió refugiarse y tener una cómoda retaguardia desde la cual ordenar extorsiones y secuestros, cosa que terminó haciendo imposible que el Estado los combatiera de modo efectivo.
El grupo que conducirá la negociación llama la atención por un aspecto: con excepción de José Félix Lafaurie, todos son militantes de la izquierda e incluso uno de ellos, el ex senador Jesús Alberto Castilla, arrancó su vida política en el Catatumbo, uno de los fortines del Eln, y ha sido señalado de tener vínculos con ese grupo, aunque no ha sido condenado por ello. Por no hablar del comisionado de paz, Danilo Rueda, quien es reconocido en el mundo de las ong por haber trabajado siempre al lado de organizaciones cercanas a ese grupo guerrillero.
Como colombianos que queremos la paz, y que anteponemos a todo la vida y el bienestar de la gente y de nuestras comunidades, deseamos que este proceso llegue a un feliz término y ponga fin a este prolongado camino de violencia. Aun cuando hemos tenido observaciones críticas sobre el método, no vamos a dejar de reconocerlo si el gobierno logra exitosamente alcanzar un acuerdo razonable.
Como parte que somos de la sociedad civil, y dentro del papel que ella tiene de vigilar la gestión del gobierno y hacerle observaciones críticas con ánimo constructivo, hay una serie de circunstancias sobre las cuales, en este proceso en particular, consideramos necesario advertir para que todo sea por el bien del país.
Esperamos que este proceso no termine en la instauración de una especie de institucionalidad paralela, en particular en las regiones donde tiene presencia el Eln. El comentario que alguna vez hizo el canciller Álvaro Leyva, según el cual lo que se fuera pactando se iría implementando, da naturalmente origen a este temor. Todo lo que se pacte debe pasar por los canales constitucionales normales antes de que pueda ser realidad. Adicionalmente, nos preocupa la manifestación que varias veces ha hecho el Eln (en una ocasión en respuesta a uno de nuestros editoriales) según la cual el objetivo de la negociación no tiene que ser que se desmovilicen. Si no es eso, ¿qué es? ¿Pretenden entrar así no más a ser parte de la institucionalidad? Nuestras instituciones solo las crea la Constitución y la ley, es importante recordarlo.
Esperamos, también, que no se utilice esta negociación como pretexto para ir metiendo por la puerta de atrás la idea de una constituyente. El presidente Petro debe ser consciente de que existen reservas y temores sobre posibles intenciones de torcer los parámetros democráticos, y aunque él ha declarado su fidelidad a la Constitución de 1991, siempre habrá el riesgo de que un proceso de paz se use como pretexto para modificar las bases de la democracia.
Esperamos que en este proceso no se ignoren las voces de la ciudadanía no organizada. El Eln ha insistido siempre que la paz hay que negociarla con las organizaciones sociales, campesinas, estudiantiles e indígenas de nuestro país. Pero resulta que quienes no pertenecen a ninguna de esas organizaciones también tienen derechos, y no tienen ninguna obligación de ser parte de ellas para que se les trate como ciudadanos con plena dignidad. Además no somos ingenuos, y sabemos que tras esta idea está la intención del Eln de hacer presión mediante organizaciones que coopta o controla.
Y finalmente, dado que pueden existir coincidencias ideológicas entre el Eln y el equipo negociador (ya decía alguna vez el comisionado Danilo Rueda que este gobierno “entiende” las razones por las cuales se alzaron en armas), esperamos que esto no sea simplemente un trámite para notarizar y refrendar una agenda de izquierda radical para Colombia. Que no termine esto en ponerle un sello a lo que pida el Eln. Esa agenda tiene derecho a existir, pero tiene que pasar por los canales de la democracia y las instituciones si quiere hacerse realidad .