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El pasado marzo, con apenas horas de diferencia con la entrada a la cuarentena nacional decretada por el Gobierno, se oficializó que el Grupo EPM entraría a operar la empresa denominada Caribe Mar, una de las dos en las que se dividió la anterior Electricaribe, la malograda compañía de servicio de energía de la Costa Atlántica que se volvió un problema nacional, con repercusiones internacionales -en concreto con España-, y cuyas enormes pérdidas se pretendieron “socializar” para ser sufragadas por el resto del país.
Se abrió un proceso para adjudicar la operación de la empresa y, si no llegaba a unas ofertas elegibles, se dividiría la compañía en dos. EPM anunció entonces que entraría a operar, en una de ellas, el suministro de energía a Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. Era evidente el interés del Gobierno Nacional y del presidente Duque en que EPM pujara por esta empresa.
El compromiso de EPM para entrar como operador de Caribe Mar fue ratificado por sus actuales directivas en varias entrevistas a los medios de comunicación, y la fecha límite para esto es el próximo 30 de septiembre, aunque todavía no es claro que esto se haga efectivo porque EPM dice estar evaluando el efecto que tuvo el covid-19 sobre la empresa y que, por esa razón, se ha abierto un canal de diálogo con el Gobierno nacional.
La fórmula que enuncia el gerente de EPM (entrevista en La República, 31/08/2020) es “pedir un compás de espera”, para cambiar el plan de las inversiones de $10 billones que se debían hacer en ocho años. El problema con esto es que si las inversiones no se hacen en el tiempo previsto y/o en la cantidad y calidad requeridas, no se podrá mejorar la calidad del servicio de energía en los departamentos que están en Caribe Mar.
Sea que se atribuya o no al período del covid-19, ha faltado mucha información a la ciudadanía de lo que implica entrar en este negocio. Añadiendo a los actuales -y muy graves y serios- problemas internos en la matriz EPM, no se sabe cómo va a funcionar la administración de Caribe Mar, quiénes la van a integrar, cómo se hicieron los procesos de selección, cómo va a ser su sistema de buen gobierno, quiénes serán escogidos como miembros de su junta directiva y por qué, cuál es el alcance de los compromisos financieros que asume EPM.
Electricaribe tenía una infraestructura en muy malas condiciones, que es la que se recibirá, con diseños obsoletos desde el punto de vista técnico de conexión de redes y con notorias limitaciones de subestaciones dentro del sistema de transmisión regional. Las inversiones son urgentes para mejorar el servicio y menguar la pérdida de recursos que se pueden presentar con las continuas fallas y cortes de energía. Y esto es solamente una de las causas de la fragilidad financiera de Electricaribe. También habría que publicar los estudios previos que hizo EPM sobre los niveles de impago por parte de los usuarios del servicio en esas zonas del país y qué proyecciones hay de que eso va a mejorar.
No vendría mal una apuesta más decidida por un plan de liderazgo, empezando por el comunicativo, y poner todas las cartas sobre la mesa, mostrando cuál es la gobernanza que la actual administración de Medellín va a garantizar, y cuál es la verdadera independencia que tanto predica de influencias políticas, cuando hay proyectos de ensanchar alianzas electorales para posiciones futuras.