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A medida que pasan los días y se van conociendo más detalles sobre los hechos ocurridos en Puerto Leguízamo, Putumayo, en los cuales 11 personas murieron en el contexto de una operación militar, lo único que queda claro es que el análisis inmediato y facilista que muchos se han visto tentados a hacer no necesariamente coincide con la realidad.
Por eso lo más importante en este momento, así requiera grandes esfuerzos, es que se investigue y se dé una evidencia clara de qué fue lo que ocurrió allí.
Basta con mirar lo que se ha dicho hasta ahora. Se ha dicho que hubo una operación conjunta de las fuerzas militares en zona rural de Puerto Leguízamo, en la que también, según versión del comandante del Ejército, participó el CTI de la Fiscalía. Se ha dicho que la operación venía planeándose con anterioridad; según el ministro de Defensa, desde hace cinco meses. Sabemos que en la zona operan varios grupos armados ilegales. Sabemos, por imágenes obtenidas del lugar y del momento, que, efectivamente, allí había personas con armamento y equipos de combate. Pero también se ha dicho, según testimonios de la comunidad, que en el momento de la operación se realizaba allí un bazar, y que las personas armadas estaban en medio de miembros de la comunidad no pertenecientes a la organización ilegal. Sabemos que hay muertos, y es probable que algunos de ellos sean personas de la comunidad que no hacen parte de ningún grupo armado.
¿Por qué es importante aclarar lo ocurrido? Porque no podemos quedar atrapados en dos narrativas opuestas: en las que, de un lado, unos aseguran que se trata de un nuevo caso de falsos positivos; y otros, del lado contrario, se dedican a condenar a los fallecidos como si estuviera demostrado que fueran ilegales. Una y otra versión pueden tener una carga de injusticia con cualquiera de las dos partes. Faltan muchos datos, evidencias y explicaciones para llegar a una conclusión.
Las fuerzas militares han tenido que hacer un trabajo importante de concientización y transformación luego de ese oscuro y doloroso capítulo de los falsos positivos. Ha sido tan costoso, en general, para la institución y, en particular, para los que han resultado implicados y condenados que es casi imposible pensar que a alguien se le ocurra repetir esa historia.
Es bueno recordar que los falsos positivos se dieron en un momento del país en el cual algunos comandantes muy equivocadamente consideraron que las bajas —el body count— eran el indicador para medir si estaban ganando o no la guerra. Ahora a nadie lo están midiendo por bajas. Y, por lo que se ha podido saber, incluso en el peor de los casos, las muertes de los civiles se habrían debido a las características del hecho, a saber, un enfrentamiento a bala en medio de una festividad popular.
Podría decirse, entonces, que se trató de una acción irresponsable de las fuerzas armadas, al no abstenerse de la operación aun a sabiendas de que los miembros del grupo armado estaban camuflados en medio de civiles. Para que esta acusación sea cierta, tendría que probarse que los mandos militares sabían de esta mezcla entre población civil y miembros del grupo armado, y que tenían plenamente claro que sería imposible concentrar la acción ofensiva únicamente en los ilegales sin poner en peligro a los civiles. Por ahora, sin embargo, no hay suficientes evidencias para concluir esto de forma categórica. Pero si las pruebas muestran que así fue, se trataría de una acción desconsiderada por la cual los mandos involucrados deberían responder.
Una de las tragedias de nuestro país es que casi nunca se dan condiciones de perfecta y absoluta diferenciación entre la población civil y los grupos armados ilegales. Lo cual no es justificación para que se actúe poniendo en peligro a los civiles, pero sí pone de presente el tremendo desafío que tienen los militares a la hora de actuar. Cuentan los agentes de inteligencia que persiguieron a Otoniel que lo tuvieron ubicado en alguna ocasión, pero se refugió entre civiles y la posibilidad de que este respondiera con armamento los hizo desistir de la operación. Por eso se demoraron al menos dos años más en capturarlo.
La idea de que los ilegales están siempre ubicados en campamentos específicos, simplemente, es un desconocimiento de la realidad. En la mayoría de los casos, los grupos armados ilegales circulan por zonas donde también están los civiles, y pensar que siempre están uniformados y con brazaletes es una fantasía cinematográfica. De hecho, en particular en casos como el del Eln, sus miembros vienen y van entre la vida civil y el grupo armado. La distinción, que es un mandato importante del derecho internacional humanitario, es en la práctica extremadamente difícil.
Lo cual no significa que no se deban hacer todos los esfuerzos necesarios para hacer esa distinción. Las fuerzas militares han trabajado y deben seguir trabajando para mejorar su capacidad de precisión en las operaciones. Y en los casos en los cuales la mezcla sea tan difusa que la acción precisa sea imposible, tal vez sea mejor abandonar la operación y volver a la mesa de planeación. La altura moral del Estado y sus instituciones se preserva cuando se prefiere omitir una operación y rediseñarla si en su curso pueden morir civiles