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Editorial

Quedan 20 días

Es como si de pronto se hubieran dado cuenta de que estaban creando un problema mayor del que trataban de resolver”.
Publicado el 10 de noviembre de 2022

Hidroituango ha servido en los últimos días como escenario de una sinfonía de medias verdades o tal vez una versión moderna de la fábula del pastorcito mentiroso: el alcalde Daniel Quintero puso a rodar un cuento para ganar tiempo y cuando desde el Gobierno Nacional le siguieron la cuerda se dio cuenta de que tal vez no iba ser útil a sus propósitos y ha tratado de echarse para atrás.

Al menos así parece desprenderse de los hechos de los últimos días. Quintero empezó a mover desde hace más de un mes la especie de que no iba a prender las dos primeras turbinas si existía alguna mínima posibilidad de poner en riesgo la vida de los habitantes de los municipios cercanos. Llegó a decir que prefería pagar 3 billones de pesos entre multas y pérdidas antes que encender Hidroituango con algún riesgo para las comunidades.

Con esa afirmación por supuesto estamos todos completamente de acuerdo: si se logró pasar la contingencia de 2018 sin perder ni una sola vida no será ahora el momento de incurrir en errores mortales.

Pero lo que resulta curioso es que la semana pasada, después de que el Gobierno Nacional y el propio presidente Gustavo Petro le compraron su preocupación, al punto de decir que antes de prender cualquier turbina se debía “evacuar la población en riesgo”, EPM entonces salió a decir que tal vez no, que en realidad todo está bien y no hay mayor riesgo.

Al menos así lo suscribió el hombre que más sabe del proyecto y que se ha jugado su vida en él, William Giraldo, quien le bajó el volumen al riesgo diciendo: “EPM reafirma que las condiciones actuales del macizo rocoso, la central subterránea, presa, vertedero y obras anexas, se encuentran estables, dentro del comportamiento esperado y ante la puesta en marcha de las unidades de generación, no se esperan cambios en la estabilidad de estos frentes que puedan poner en riesgo a las comunidades aguas abajo”. Y dos días después, el gerente de EPM, Jorge Carrillo, insistía: “Nosotros no tenemos ningún tipo de temor. Incluso el día que eso prenda me les paro acá si quieren. El proyecto está controlado y no hay ningún riesgo de colapso”.

El propio Quintero se contradijo en menos de 24 horas: el miércoles de la semana pasada escribió que estaba dispuesto a ordenar una evacuación preventiva —siguiéndole la corriente al llamado de Petro— y al día siguiente en rueda de prensa aseguró que no habría necesidad de evacuar.

Es como si de pronto se hubieran dado cuenta de que estaban creando un problema mayor del que trataban de resolver: con los anuncios de evacuación alimentaron un estado de malestar y zozobra en las comunidades que al final no era claro si le iba a servir a EPM para que la Comisión de Regulación (Creg) prorrogara el plazo de entrada en operación de Hidroituango.

La prórroga aún está en veremos porque si bien la semana pasada el alcalde dijo que había concertado con el Gobierno Nacional ampliar el plazo de encendido, hasta ahora ninguna autoridad ha salido a respaldar esa concertación y el lunes, el Alcalde ya no se mostró tan seguro, y aunque dijo que todo iba bien, también advirtió que EPM no tiene con qué pagar en caso de que no prendan a tiempo las unidades de generación y sea multada por la Creg.

Todo indica que el alcalde y sobre todo el gerente de EPM se han venido dando cuenta, ya tarde tal vez, que una cosa es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otra muy distinta la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). La Ungrd podría decir que hay un riesgo y eso no significa que automáticamente la Creg le dé más plazo a EPM.

De hecho, la ministra de Minas, Irene Vélez, puntualizó en ese aspecto y dijo que EPM no ha presentado ninguna solicitud formal ante la Creg para obtener esa prórroga en el plazo. Y mientras no presenten la solicitud, pueden hacer muchas reuniones en el PMU (puesto de mando unificado) pero el plazo del 30 de noviembre seguirá inamovible.

Le quedan todavía 20 días al alcalde Quintero y a EPM para presentar esa solicitud de aplazamiento ante la Creg y los seis comisionados tendrán que tomar la decisión. Todo depende de los argumentos que presenten. Podría no ser extraño que les den el plazo.

Tal vez eso es lo que debían haber hecho desde el principio sin necesidad de generar pánico entre las poblaciones aguas abajo que tanto han sufrido ya con este proyecto

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