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Cuando analistas, calificadoras de riesgo y organismos internacionales se refieren a la economía colombiana, siempre ensalzan su sólido marco macroeconómico. Los pilares fundamentales de este son la inflación objetivo para la política monetaria, la flexibilidad de la tasa de cambio para la política cambiaria y la regla fiscal contemplada en la Ley 1473 de 2011, con el fin de reducir gradualmente el déficit público y mejorar la relación deuda sobre PIB. Con la combinación cuidadosa de esos instrumentos, las autoridades económicas enfrentaron con éxito las difíciles circunstancias que generaron choques externos como la crisis financiera internacional de 2007-2008 o la destorcida de los precios de las materias primas a partir de 2014.
Todo parece indicar que uno de esos pilares, la regla fiscal, va a ser puesto a prueba con el riesgo de debilitar la buena reputación en el manejo económico que tiene el país. En efecto, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, la instancia encargada de estudiar la proposición reciente del Gobierno para flexibilizar sus obligaciones fiscales, parece inclinarse por dar su visto bueno. El argumento del Gobierno se refiere a la presión que están recibiendo las finanzas públicas por cuenta de la llegada de 1,2 millones de inmigrantes venezolanos en los últimos años. Los ciudadanos del vecino país se encuentran en su mayoría sumidos en la pobreza y en malas condiciones de salud. La acogida de esta población excedentaria está impactando el mercado laboral, y los sistemas de educación, bienestar familiar y salud.
Es cierto, además, que flexibilizar la regla fiscal es un recurso que muchos países han contemplado ante la posibilidad de que se den eventos inesperados que afecten las finanzas públicas. Por esa razón, en la mayoría de los países que aplican el instrumento se estipula una cláusula de escape que permite dicha flexibilización cuando, por ejemplo, se presenten desastres naturales o situaciones extraordinarias. De hecho, en Europa la llegada masiva de inmigrantes asiáticos y africanos llevó a que muchos países relajaran sus obligaciones, acudiendo a esa cláusula. En Colombia existe también esa salida similar cuando se presenten situaciones tales como Estados de Excepción, situaciones de desastre o de catástrofes naturales.
Podría decirse, en consecuencia, que están dadas las condiciones para que Colombia pueda hacer uso de esa disposición. Esto estaría justificado por el tamaño de la migración y la presión para las finanzas públicas que ya se está sintiendo. Si se acepta el argumento del Gobierno se abandonaría el propósito de reducir el déficit desde 3,1 % en 2018 a 2,4 % del PIB este año, para posteriormente llevarlo a 1 % del PIB para 2027.
Sin embargo, hay un aspecto que no debe olvidarse en esta discusión. El hecho es que ante la difícil situación fiscal que va a enfrentar la economía colombiana a partir de 2020, dado el alcance limitado de la Ley de Financiamiento, flexibilizar la regla fiscal es, como se dice coloquialmente, jugar con candela. El riesgo es inmenso y costoso si las desviaciones al cumplimiento de la regla no tienen en cuenta la fragilidad de las finanzas públicas y no especifican claramente cómo se va a retornar a la regla. Si los mercados perciben que las cosas no se hacen bien, podemos poner a tambalear la buena reputación que con tanto esfuerzo se ha conseguido.