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Se produjo, al final, el relevo en la cúpula de la Policía Nacional, que en diversos sectores se veía como previsible para finales de 2020 o inicios de 2021, a pesar de que muy recientemente tanto el presidente Iván Duque como el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, habían expresado irrestricto respaldo al director Óscar Atehortúa.
Al enrarecimiento del ambiente interno en la cúspide de la institución, como consecuencia de grandes y graves discrepancias entre el general Atehortúa y el ex Inspector General, William René Salamanca, se unen varios problemas críticos para la Policía, que ha tenido un año especialmente difícil y lleno de dificultades, aunque en justicia hay que decir que la gran mayoría de sus uniformados siguen cumpliendo su misión con entrega y enorme esfuerzo.
La tarea de recuperar el rumbo es inaplazable, y la de enviar señales de fortaleza en el liderazgo tanto hacia adentro de la institución, donde decenas de miles de hombres y mujeres esperan la mejor línea de mando, como hacia afuera, a la ciudadanía, las comunidades y, por supuesto, hacia quienes se ubican por fuera de la ley, que deben saber y sentir que tiene al frente una policía profesional, transparente y enormemente eficaz que no transige con ninguna modalidad delictiva.
El nuevo director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, ha sido bien recibido tanto en el Gobierno, las Fuerzas Militares como en la propia Policía. Se desempeñaba como director de Seguridad Ciudadana, cargo en el que los oficiales a cargo tienen conocimiento directo e inmediato tanto de los problemas de seguridad de la ciudadanía como de la capacidad operativa de los agentes y sus fortalezas y debilidades. Adicionalmente, el nuevo comandante tiene una sólida trayectoria en el área de inteligencia, quizás la más relevante a la hora de medir la destreza requerida en estos tiempos para dirigir un pilar del Estado de Derecho, sometido a incontables embates.
El nuevo director deberá acometer en corto plazo el realineamiento de la línea de mando y de la oficialidad para que los objetivos de la Policía y de sus miembros sean aquellos que marcan la Constitución, las leyes y el presidente de la República con su ministro de Defensa. No deben tener cabida agendas paralelas ni obedecimiento a órdenes que no sean las de los comandantes legítimos de la fuerza policial.
La transparencia y el manejo de los recursos, los procesos de contratación diáfanos, el control interno y el apoyo a las políticas anticorrupción deben adquirir renovado vigor. Esto se une a un listado casi que interminable de retos para la nueva cúpula, que pasa obviamente por mantener programas y estrategias que se han comprobado eficaces, como en abordar las reformas largamente esperadas.
Alos persistentes fenómenos de narcotráfico, microtráfico, extorsión urbana y rural, criminalidad de bandas y grupos organizados, disidencias guerrilleras y demás, se añaden las de las masacres en varios territorios, asesinatos a líderes sociales, y la siempre compleja situación en la frontera con Venezuela, zona de actuación de toda clase de grupos delincuenciales.
Todo ello, en suma, deberá ir dirigido a un amplio y ojalá consensuado proceso de relegitimación de la Policía ante los ciudadanos y ante sus propios miembros, con la profesionalización –mencionada por el general Vargas en sus primeras declaraciones– y nuevos procesos de incorporación y formación de agentes. Los cambios en la Policía deben ser para hacerla más fuerte, más eficaz, no para debilitarla como pretenden sus enemigos de dentro y fuera del sistema político