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Editorial

República bicentenaria

A los valores fundacionales de Libertad y Orden se unen otros también irrenunciables. El conocimiento de la historia debe reverdecer a la par de la construcción de propósitos comunes.
<span class="priority-content" mlnid="idcon=33949590;order=2.0">República bicentenaria</span>
Publicado el 07 de agosto de 2019

Hace doscientos años, en las tierras de Boyacá, apenas semanas después de la batalla del Pantano de Vargas, las tropas de colombianos y venezolanos comandadas por el Libertador Simón Bolívar (caraqueño) y Francisco de Paula Santander (granadino) culminaron el proceso cuyo hito anterior se había iniciado en Santafé de Bogotá en julio de 1810. En agosto de 1819 las tropas realistas que querían recuperar la colonia para la corona española, fueron definitivamente derrotadas.

A partir de ahí, como han descrito los historiadores, la nueva República iniciaba un proceso donde las responsabilidades ya correspondían a sus dirigentes, que asumían el reto de lograr los puntos de unión para conformar una nación, sociológica y jurídicamente, bajo la forma de república donde los ciudadanos dejaran de ser súbditos y asumieran los valores que habían legado las revoluciones francesa y norteamericana.

No fue un proceso ni fácil ni pacífico. Y no se logró comunión de objetivos, pues la República nació signada por las divisiones que, cambiantes con los tiempos, han sido no obstante permanentes, hasta hoy. Primero entre centralistas y federalistas, luego entre bolivarianos y santanderistas, clericales y librepensadores, guerracivilistas y pacifistas, liberales y conservadores, marcando luego todo el turbulento siglo XX hasta los pactos pacificadores-burocráticos del Frente Nacional.

A la par de las permanentes divisiones políticas, la naciente República afrontaba la tensión constante entre la periferia y el centro político. Las reivindicaciones de los liderazgos regionales frente a las normativas de las elites centralistas que propendían por un mando unificado en todo el espectro ejecutor del poder público.

Y, en lugar no menos relevante, la que ha sido la más compleja y difícil tarea, aún pendiente, de lograr el objetivo común de adhesión general a un orden jurídico, un compromiso social de respeto a la ley en todos sus órdenes, que excluya la aplicación parcial y selectiva de acatar las normas solo cuando se acoplen al interés personal e impliquen un beneficio tangible.

Obviamente ha habido visiones contrapuestas de nuestra historia republicana bicentenaria. Desde la complaciente, oficialista e institucionalista, hasta la más acerbamente crítica, para la cual solo hay una sucesión de políticas fallidas, una construcción defectuosa de una democracia solo de papel al servicio de unas pocas “castas dominantes”.

En los últimos años ha reverdecido un interés por visiones más objetivas, de mayor rigor en el examen de los hechos y los datos. Textos históricos como los de Jorge Orlando Melo, Eduardo Posada Carbó o Álvaro Tirado Mejía, que apuntan a la comprensión, el análisis y no a la prejuiciosa demolición ideologizada.

Los propósitos fundacionales de Libertad y Orden, no por inconclusos pueden quedar diluidos. A ellos se unen valores como la igualdad ante la ley y la justicia, la dignidad de todos los habitantes del territorio, el respeto por la vida, y propósitos urgentes como la protección a la niñez.

El que se conmemora hoy es, a fin de cuentas, un proceso evolutivo que merece continuidad en la formación del Estado y que debe ser exigido por los ciudadanos que vibran, y no delegan, su protagonismo en la defensa y formación de una sociedad con valores. Que demanda de sus líderes y gobiernos compromiso con el desarrollo de una nación acorde con estos objetivos, que cierra la puerta a populismos oportunistas y egoístas de todo tipo, que distraen la meta de consolidar una democracia sostenible.

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