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Es de destacar que el informe anual para la región que presentó esta semana el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), permite desentrañar las causas que llevaron a que los países de la región se encuentren atrapados en una trampa de desarrollo que mantiene a sus habitantes en condiciones de desigualdad y bajo crecimiento económico.
Dicho lo anterior, hay que mencionar que el estudio (Atrapados: alta desigualdad y bajo crecimiento en América Latina y el Caribe) se apoya en unas completas bases estadísticas económicas y sociales y, para abordar temas puntuales, también recurre a sondeos. Los datos cubren hasta 2019 y solo hay algunas pocas referencias para 2020, con lo cual el estudio documenta muy bien lo que sucedía hasta la llegada de la pandemia, aunque no llega a evaluar plenamente las consecuencias de esta. Su impacto, como se sugiere en varios apartes, pudo agravar muchas de las dinámicas negativas presentes con anterioridad en la región.
En efecto, antes de la pandemia y a pesar del progreso, en especial del que produjo el superciclo de los precios de las materias primas en la década pasada, persistieron dos características: la alta desigualdad y el bajo crecimiento. Estos factores negativos se reforzaron entre sí y generaron la trampa de desarrollo mencionada. Existen tres elementos que subyacen y ayudan a perpetuar dicha trampa: la concentración de poder; la violencia en todas sus formas (política, criminal y social) y los elementos de diseño de los sistemas de protección social y de los marcos regulatorios de los mercados laborales. La forma en que estos elementos interactúan entre sí depende de cómo se gobierna cada país.
En relación con la concentración de poder en manos de unos pocos, el PNUD es muy crítico y advierte que esta lleva a que se defienda el interés privado en lugar del bien común, con el agravante de que a menudo esto resulta en políticas distorsionadas, miopes e ineficientes, y en instituciones débiles, que no corrigen la alta desigualdad y el bajo crecimiento.
La desigualdad genera violencia por medio de la ilegalidad, la frustración y alineación de los desposeídos, y la exclusión de ciertos sectores sociales de los frutos del desarrollo. A su vez, la violencia afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables, con lo cual se fortalece la desigualdad. Las mujeres y los jóvenes son las víctimas más notorias de ese círculo vicioso.
Por último, hay que tener en cuenta que los sistemas de protección social funcionan mal en la región. Como existen incentivos políticos a generar soluciones de corto plazo para combatir los desafíos de la alta desigualdad y la baja productividad, las respuestas de política tienden a ser fragmentadas e ineficaces y, en algunos casos, incluso profundizan las distorsiones existentes en el largo plazo. De hecho, algunos de esos sistemas han generado dinámicas que provocan un agravamiento de la trampa de desarrollo.
Como todos los estudios que se hacen sobre regiones, el riesgo es generalizar un diagnóstico para países que pueden ser muy diferentes entre sí, en términos del tamaño de sus economías, el número de habitantes o su desarrollo institucional. Existen, sin embargo, problemas comunes que son una herencia lejana y compartida, de instituciones antiguas. Sostiene el PNUD que una solución para empezar a desactivar la trampa del desarrollo es replantear la protección social para que sea incluyente, fiscalmente sostenible y amiga del crecimiento económico