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Las estadísticas corroboran las debilidades del sistema y los programas de salud en atención mental en el país: aunque de cada 10 colombianos, uno ha sufrido algún tipo de trastorno, solo el 10 por ciento de ellos accede finalmente a tratamiento. Son datos de estudios realizados en 2019, a los cuales ahora se suman los efectos de la crisis del coronavirus, con el aislamiento obligado, las incertidumbres y preguntas sobre el futuro y las pérdidas afectivas y económicas que pueda dejar la pandemia.
Se trata, pues, de un asunto con un impacto amplio y profundo en la sociedad colombiana frente al cual el Gobierno Nacional anuncia inversiones en los próximos tres años por 1,2 billones de pesos. Aunque siguen siendo recursos insuficientes, dadas las debilidades preexistentes y deudas históricas en este campo de la salud, se trata de un esfuerzo concreto por trazar una política pública (con atención y prevención) para sanar los malestares mentales del país.
Los especialistas advierten los problemas previos derivados, a lo largo de los últimos 40 años, de las diferentes violencias generadas por los conflictos armados y sociales. También por la insalubridad mental ciudadana en las esferas intrafamiliar y pública.
Los datos nacionales, hablan: 90 por ciento de pacientes con trastornos no recibe atención. 29,3 por ciento de los adolescentes ha estado expuesto a eventos traumáticos. Y 20,5 por ciento de los estudiantes fue víctima de agresiones el último año. La covid-19 agrega indicadores preocupantes: en Latinoamérica, la violencia doméstica creció entre 20 y 40 por ciento. Hasta mediados de mayo, las llamadas por violencia de género y maltrato infantil en Colombia aumentaron más del 50 por ciento. Se prevé que desde ya, y en la pospandemia, brotarán casos de depresión, estrés postraumático y trastorno por uso de sustancias psicoactivas.
En ese contexto, el documento Conpes de 70 páginas, para este sector de la salud, abre oportunidades para que las políticas no se queden en el papel. “Si las responsabilidades se cumplen” en los niveles nacional, departamental y municipal, a juicio de expertos, habrá avances.
El otro plano en esta avanzada por mejorar la salud mental es luchar contra la estigmatización de quienes requieren atención. Aunque parezca una actitud caduca, aún se ve a estos pacientes en muchos casos como “locos” y no como personas que buscan apoyo para entender y resolver eventos traumáticos.
Solo entre 2021 y 2022, el Estado pretende invertir 800 mil millones de pesos, de los cuales un rubro clave está en promoción y prevención que ayuden a comprender y facilitar la normalización de las personas con trastornos y, por supuesto, permitir atención oportuna.
Hay un gran reto en la detección de los tipos de enfermedades, en relación con regiones y segmentos poblacionales (edad y condición social), para ejecutar planes ajustados a causas estructurales y aplicar acciones específicas.
Uno de los grandes vacíos se señala también en la cobertura de medicamentos, el subdiagnóstico y el acceso a especialistas. De ahí la importancia de que el presente plan gubernamental agote etapas de corto, mediano y largo plazos en este asunto transversal de la sociedad colombiana contemporánea, ahora más visibilizado por la covid-19. Los recursos siempre serán limitados, pero es sano que el tema se haya empezado a tratar ya.