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En estos momentos en los que Colombia atraviesa graves problemas fiscales producto de un gasto público desbordado, un endeudamiento asfixiante y bajos ingresos, cualquier peso que se ahorre es bienvenido.
Históricamente, el servicio exterior colombiano ha padecido una práctica tan arraigada como nociva: el uso de las embajadas y consulados como botín político. Durante décadas, diversas administraciones convirtieron las misiones en el extranjero en premios de consolación para amigos y aliados, y el gobierno saliente de Gustavo Petro no fue la excepción. Profundizó el vicio al utilizar la diplomacia como herramienta para pagar favores o comprar silencios. Y en ese camino, la idoneidad profesional sufrió una devaluación sin precedentes.
Bastaría recordar aquel consejo de ministros de junio de 2025 en el que, bajo la gestión de Laura Sarabia en la Cancillería, se ordenó eliminar requisitos esenciales como saber inglés, bajo la premisa de que con ser bachiller bastaba para asumir la dignidad de embajador. Muchas designaciones demostraron el escaso conocimiento técnico para manejar temas tan complejos como las relaciones internacionales.
Frente a este preocupante panorama de clientelismo, las directrices trazadas por el mandatario electo, Abelardo De la Espriella, de cara a su posesión este 7 de agosto, abren una necesaria ventana de ilusión para el país. Su anuncio de clausurar 14 embajadas y 15 consulados —en un mapa diplomático que hoy cuenta con 73 embajadas y 111 consulados— constituye un oportuno mensaje de austeridad.
Si bien es cierto que diversos sectores sostienen que el ahorro financiero neto de esta medida es mínimo dentro del Presupuesto General de la Nación, lo verdaderamente relevante radica en enviar un mensaje en la dirección correcta. En estos momentos en los que Colombia atraviesa graves problemas fiscales producto de un gasto público desbordado, un endeudamiento asfixiante y bajos ingresos, cualquier peso que se ahorre es bienvenido. No se puede continuar en la fiesta del despilfarro ni autorizando nombramientos de miles de contratistas cuando la plata no alcanza y el gobierno está a pocos días de entregar el poder.
El rediseño del mapa geopolítico nacional no solo responde a criterios financieros, sino también a un giro ideológico y pragmático. La suspensión de los lazos diplomáticos con Cuba y Nicaragua atiende a una postura tajante frente a regímenes que el nuevo gobernante considera tiranías que eliminaron las libertades y la democracia. En contraste, la reanudación de nexos institucionales con Israel, suspendidos en este periodo, replantea las alianzas estratégicas.
El repliegue operativo afectará a las misiones en Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal y Sudáfrica. De igual manera, no se abrirá la embajada en Palestina, que no pasó de ser un simple anuncio del gobierno Petro. Al revisar las variables, la justificación de estos cierres resulta lógica: con ninguna de estas naciones Colombia sostiene una relación comercial robusta, ni existen flujos masivos de turistas o comunidades significativas de connacionales residentes en ellos. Por ende, desmontar estas oficinas —la mayoría abiertas hace relativamente poco tiempo— no debería ocasionar mayores traumatismos. No se trata de abrir sedes porque sí, sino porque los ciudadanos puedan obtener beneficios reales.
Este freno detiene la controvertida expansión burocrática del gobierno saliente, materializada en un decreto de la Cancillería que ordenaba crear nueve embajadas y 116 cargos nuevos, de los cuales 14 eran asesores del ministro. Esa laxitud administrativa revivió, tras 25 años inactiva, la delegación ante la FAO en Roma para Armando Benedetti, una misión en la que se invirtieron millonarios recursos en remodelación y vehículos oficiales para una gestión que pasó sin pena ni gloria. Asimismo, se clausura el despliegue derivado de la gira africana de la vicepresidenta Francia Márquez, cuyo plan para abrir representaciones en Etiopía, Senegal y Angola, sumado a República Checa, Rumania, Surinam, Guyana, Barbados y Haití, superaba los 17.000 millones de pesos. También naufragó el intento de nombrar en Palestina al exalcalde de Cali Jorge Iván Ospina, debido a dificultades operativas en Ramala.
El interés de la anterior administración por ensanchar el servicio exterior obedecía a un deseo de figurar como líder mundial. Ese afán de protagonismo se tradujo en más de 80 viajes internacionales y la alteración caprichosa de procesos críticos, como ocurrió con el accidentado manejo de los pasaportes. Haberle retirado dicha tarea a la firma Thomas Greg & Sons, tras 18 años de estándares impecables, para entregárselos a empresas de Francia y Portugal con costos sustancialmente más elevados, dejó en evidencia las falencias de la entidad.
Por el contrario, la promesa de De la Espriella de no viajar al exterior durante sus cuatro años de mandato para priorizar la presencia constante en los 32 departamentos a través de sedes alternas, dibuja una bitácora orientada a resolver las urgencias internas. Es difícil que pueda cumplir ese compromiso de no realizar viajes al extranjero porque su cargo implica estrechar lazos con gobiernos de muchos países. No obstante, estas señales preliminares siembran la legítima expectativa de una Colombia administrada con sensatez y respeto por los recursos públicos.