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Sorprende que Quintero siga tan campante y tenga el respaldo del presidente Gustavo Petro cuando el expediente, hasta ahora, reúne 666 hallazgos y más de 13.000 elementos probatorios.
Han pasado más de quince años desde que se destapó el carrusel de la contratación de Bogotá, quizá el escándalo de corrupción más grande que ha tenido el país en este siglo. Sin embargo, ese saqueo a los recursos públicos se quedaría pequeño con lo que pasó en Medellín, donde Daniel Quintero y sus “amiguitos” se habrían apropiado de más de un billón de pesos, según dijo en rueda de prensa esta semana el alcalde Federico Gutiérrez.
Sorprende que el exalcalde de Medellín siga tan campante y tenga el respaldo del presidente Gustavo Petro, cuando el expediente, hasta ahora, reúne 666 hallazgos, más de 13.000 elementos probatorios, 157 testigos y 97 peritajes, número por el que ahora se cree que la posible actuación criminal habría funcionado como un Grupo de Delincuencia Organizada (GAO), grupo al que ya le tienen nombre: “Los Hermanitos Q”.
Los casos investigados han avanzado, dejando el aterrador récord de 55 personas imputadas —con la posibilidad de que la cifra llegue a 59—, tres capturas, una condena, siete destituciones e inhabilidades y 25 medidas de extinción de dominio. El alcalde citó un dato que habíamos revelado en EL COLOMBIANO: a un mismo contratista le aparecieron firmas en Aguas Vivas, el Inder y Metroparques. Dijo Gutiérrez que el de Quintero “no fue un gobierno con casos de corrupción, sino corrupción gobernando desde distintos escritorios, ni Alí Babá se atrevió a tanto”.
¿Pero qué se puede hacer con ese billón de pesos que se habrían robado de la plata de todos los medellinenses? Se habría podido financiar durante un año la alimentación escolar de 256.000 niños, atender a 80.000 menores y 12.000 madres gestantes en el programa Buen Comienzo, construir diez megacolegios o ejecutar más de 5.100 mejoramientos de vivienda. ¿Y en qué terminó esa plata? Pues según las investigaciones, se puede determinar que parte de esa plata se había ido en fincas, relojes Rolex y camionetas Toyota y hasta un Ferrari que estaría escondido en Cartagena.
La plata que no se vio invertida en Medellín se habría fugado a través de un entramado societario con firmas en Panamá, presuntos testaferros habrían legalizado esas fortunas en Estados Unidos. Según dijo Gutiérrez, hay información de presuntos socios que viven en Miami, y las autoridades estadounidenses ya tienen pruebas de toda la ruta del dinero.
El mismo alcalde ya entregó personalmente al FBI, al Departamento de Estado y a la Embajada de Estados Unidos esa ruta en una reunión previa, y anunció que esta misma semana sostendrá un nuevo encuentro de alto nivel para entregar información adicional y que estas agencias puedan reunir evidencia suficiente para solicitar la extradición de los implicados.
Una de las cosas que más indignó de lo que reveló la Alcaldía, fue el cinismo que mostraron los llamados “Hermanos Q”. En el chat de Whatsapp conocido como “Los Amiguitos”, Miguel Quintero aparece hablando con sus allegados de la finca que construía en límites de Girardota y Copacabana, con un presupuesto que pasó de 80 millones de pesos a 160 millones solo para la piscina y donde decía que el agua no podía estar tan sucia como la de las piscinas del Parque de las Aguas, que ellos mismos abandonaron sin ninguna culpa de acabar con uno de los “paseadores” de miles de ciudadanos.
Pese a todas estas pruebas, a que hay intervenciones telefónicas, chats y audios, la justicia ahora aplaza las fechas de imputación a los principales implicados, lo que pone en riesgo los procesos y la integridad de quienes están colaborando con la justicia. Gutiérrez denunció que testigos clave y sus familias han recibido amenazas y presiones, y recordó el asesinato de Asdrúbal Vélez Orozco, empresario vinculado a un contrato investigado de la Reforestadora El Líbano. En ese contexto, la audiencia en la que la Fiscalía iba a imputar cargos contra Miguel Quintero y otros tres investigados, prevista para el 3 de agosto, fue aplazada hasta el 25 de agosto por solicitud del propio ente acusador.
Bogotá tardó años en medir el tamaño real del carrusel de la contratación de los Moreno y los Nule, en cambio Medellín tiene hoy —y desde hace ya años, gracias a medios de comunicación y ciudadanos— las cifras, la ruta del dinero, los chats y los audios, lo único que falta es celeridad.