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Frente a la crueldad de la guerra inventada por Putin, hay noticias importantes que quedaron en segundo plano. Una de ellas, la de la filtración de datos que revela cómo durante años el banco suizo Credit Suisse recibió consignaciones de personas que estaban relacionadas con casos de corrupción y de violación de los derechos humanos en diferentes lugares del mundo.
Cien mil millones de dólares, que no es poca monta, es el valor encontrado en estos fondos, pertenecientes, entre otros, a un grupo de ejecutivos venezolanos acusados en su momento de saquear a la petrolera estatal Pdvsa, políticos implicados en casos de corrupción en sus países, un traficante de personas filipino, un jefe de la bolsa de valores de Hong Kong encarcelado por soborno y un multimillonario acusado de asesinato.
Todas estas revelaciones se dieron a conocer gracias a la investigación de un consorcio de cincuenta medios de comunicación que hacen parte del proyecto “Reportaje sobre el crimen organizado y la corrupción” y cuyos periodistas investigaron durante meses los datos de una filtración que les entregaron con dieciocho mil cuentas de esa entidad bancaria.
La situación para el banco suizo se torna complicada al comprobarse que entre 1940 y 2015 se hicieron “los de la vista gorda” con clientes que tenían antecedentes que eran del dominio público y, aún peor, hicieron oídos sordos a las alertas que sus propios empleados daban sobre las actividades sospechosas de estas personas. Aun cuando los medios de comunicación habían dado cuenta de su implicación en casos de corrupción, la entidad les mantuvo las cuentas abiertas.
La primera duda que surge es sobre la aplicación de las normas contra los delitos financieros. No parece estar siendo efectiva, al menos para clientes que manejan unas cifras importantes. Porque un ciudadano promedio que tenga una cuenta de ahorros normal en Europa debe justificar con toda clase de documentos el origen de cualquier transferencia que reciba. Mientras que alguien que maneje una cuenta de más de seis dígitos, al parecer, recibe un trato especial por parte de los empleados bancarios, cuyos jefes los instruyen para que “miren hacia otro lado”.
Muchos analistas coinciden en que el problema del secreto bancario suizo y las limitaciones para compartir información financiera de sus clientes en este país es totalmente perjudicial para otras naciones. Según la Red de Justicia Impositiva (Tax Justice Network), distintos países alrededor del mundo dejan de recibir veintiún mil millones de dólares en impuestos debido a estas normas suizas.
Los más perjudicados: los países en desarrollo. Porque no solo tienen que enfrentarse a la corrupción de individuos inescrupulosos que desfalcan las arcas del Estado, sino que se ven privados de los ingresos fiscales que tanto necesitan.
Credit Suisse ha rechazado todas las acusaciones sobre las supuestas prácticas del banco y dice que lo denunciado por los medios “es una información selectiva sacada de contexto”. Además, se ampara en las estrictas leyes del secreto bancario suizo que le impiden hacer comentarios sobre clientes individuales.
Menos mal que Suiza ha puesto la cara frente al conflicto bélico que se desarrolla en este momento y ha anunciado que adoptará las sanciones tomadas por la Unión Europea contra rusos que participen en la guerra de Ucrania congelando sus cuentas bancarias. Entre esas personas se encuentran Vladímir Putin y su canciller, Serguéi Lavrov.
Pero la verdad es que el injustificado ataque de los rusos obligaba a una decisión como esta. La neutralidad suiza, autoimpuesta desde 1815, habría reñido totalmente con la solidaridad que están demostrando tantos países al aplicar drásticas sanciones a Rusia.
Por lo pronto, el secreto bancario suizo continuará prevaleciendo para cientos de miles de cuentas de extranjeros que tienen sus dineros allí, sean estos bien o mal habidos. A estas alturas de la historia, es completamente repudiable que los bancos suizos sigan protegiendo las fortunas de los bandidos.
Aunque investigaciones como esta y casos como los del exmonarca español Juan Carlos I, que escondió millones de euros en Suiza, pese a que no se le pudo comprobar nada ilegal, seguirán siendo expuestos a la luz pública hasta que las leyes se revisen. Las autoridades de muchos países y la prensa libre seguirán insistiendo en ello