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Lo que era no tanto un secreto a voces, sino una realidad no mencionada en voz alta por ninguna autoridad extranjera, vino a ser exteriorizado, y con cuánta indignación, por el presidente saliente de la República del Ecuador, Lenin Moreno la semana pasada: “las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de ese dictador, en lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia, y que Maduro saque sus sangrientas manos de la querida nación colombiana”.
Acto seguido, sin referirse específicamente a la dictadura chavista, el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, conminó a “los actores externos e internos que inducen a la violencia y desinstitucionalización del país a detener estas acciones”. Y en Colombia, explícitos en sus señalamientos al régimen de Nicolás Maduro fueron el Consejero Presidencial de Seguridad Nacional, Rafael Guarín, y la vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez.
Al responderle el pasado 6 de mayo, Guarín señaló que “el capo del cartel de los soles, el narcotraficante Diosdado Cabello, es parte del plan de desestabilización criminal con el que atacan a Colombia. La democracia colombiana es sólida y no se doblegará ante el terrorismo ni los intereses de la dictadura de Maduro”. Luego, ante la pretensión del venezolano según la cual lo que se vive en Colombia es “la fresca brisa bolivariana”, le ripostó: “Cabello, no se equivoque. El pueblo no son los terroristas que ud. patrocina. Los ciudadanos están con las instituciones y la defensa de la democracia”.
Desde el inicio mismo del llamado paro nacional en Colombia, pero más todavía en los últimos días, las redes sociales de la impune cúpula de la dictadura venezolana son un bombardeo constante de insultos al presidente de Colombia, de acusaciones a las autoridades –esta sí legítimas– del país, de procacidades y manipulación. Los evidentes problemas de orden público que están sufriendo las ciudades colombianas están despertando tal júbilo en los peones de Maduro que el tiempo que dedican a darles retuits a cuanto mensaje se cuela contra el clima de paz social en Colombia, los está dejando sin tiempo para atender los millones de problemas de su propia ciudadanía, por la cual dicen luchar.
Para el Gobierno de Colombia el tema es grave y delicado por cualquier lado que lo aborde. La intromisión de la dictadura de Maduro busca evidentemente una desestabilización a gran escala, con objetivos políticos en la búsqueda de forzar un estado de cosas que facilite el tránsito a un régimen que el chavismo considere afín. Por otro lado, los millones de migrantes del vecino país no deben ser estigmatizados, y de allí que las labores de inteligencia de las agencias colombianas para detectar –como es su deber– a los posibles infiltrados del régimen chavista deban ser especialmente cuidadosas y, ojalá, eficaces.
La Cancillería debe afinar toda su capacidad de interlocución con gobiernos extranjeros y entidades multilaterales porque la posición del Gobierno colombiano en el exterior se está mostrando bastante frágil. También las embajadas colombianas en el exterior deben asumir un papel activo, transmitir mensajes claros. La maquinaria propagandística a la cual se deben enfrentar es enorme y sumamente eficiente, y no se contrarresta con comunicados de trámite