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El llamado del secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que los grupos armados que combaten en conflictos internos e internacionales declaren un alto el fuego general, hizo eco en Colombia, donde las disidencias de las Farc, el Eln y otras organizaciones ilegales como el Clan del Golfo, los Caparrapos y los Rastrojos mantienen su confrontación y afectan gravemente a la población civil.
La semana pasada sorprendieron reportes de choques con ametralladoras y fusiles en los alrededores de varias poblaciones del departamento del Cauca. Se retrataba así una tremenda indolencia e inhumanidad, por parte de los irregulares, frente a comunidades que ahora están amenazadas por la expansión de la pandemia del covid-19.
Líderes como el sacerdote jesuíta Francisco de Roux, además de la Defensoría del Pueblo y organismos no gubernamentales, advirtieron de la gravedad de que continúen las hostilidades en zonas donde por su historia de marginalidad, y presencia de fenómenos y economías ilegales, los recursos médicos y logísticos son limitados para atender a potenciales víctimas del virus.
No le hacen ningún favor ni caridad a la sociedad colombiana estos ejércitos irregulares al aceptar una tregua durante la pandemia. Es una obligación moral acorde con los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), para poner a los no combatientes a salvo de esta amenaza de salud global, tanto como sea posible.
Si continúan los combates, las ejecuciones extrajudiciales, los confinamientos, los reclutamientos y desplazamientos forzados, en medio de la crisis sanitaria, se estará expresando un desprecio absoluto por la vida humana, tan inentendible como condenable.
Es oportuno el llamado del exjefe guerrillero “Francisco Galán” a sus compañeros de filas del Eln, para que decreten una tregua que permita a las comunidades organizarse y tener mayor capacidad de respuesta, protección y control respecto del avance del covid.
Debe prevalecer la sensatez de los bandos aún involucrados en conflictos y violencias que azotan regiones como Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Norte de Santander (Catatumbo), Nariño y Cauca.
Incluso, algunos analistas observan lo peligrosa que sería la llegada de la pandemia a esos caseríos aislados, circunstancia que por el alto contagio del coronavirus podría penetrar las filas y campamentos de los mismos ilegales.
Si hay dificultades para las pruebas, los aislamientos y la oferta de camas en las principales zonas urbanas, qué decir de los cuadros que podrían desencadenarse en caso de una infección a gran escala en áreas de difícil acceso, de climas malsanos, y con poblados que carecen de condiciones mínimas de agua potable, alcantarillado y suministros médicos y alimentarios.
El secretario general de la ONU empleó una frase para resumir la situación: hoy el enemigo común es el coronavirus, “por favor silencien los fusiles”. Una sentencia que se convierte en mandato de la humanidad a los grupos armados en momentos de emergencia planetaria.
Los 730 mil contagios y los 35 mil muertos en 192 países obligan a parar las guerras, a aceptar una tregua. Hay un sentimiento amplio de solidaridad y respuesta del conjunto de la humanidad que no puede ser ignorado por quienes combaten. El cese el fuego debe ser un gesto inmediato e inequívoco.