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Hay un instinto que no se discute: cuando la tierra se abre en Venezuela, algo se nos abre también a los colombianos por dentro. La necesidad que sentimos de estar ahí ayudando —enviando rescatistas, alimentos, dinero, oraciones, o incluso estar allí para ver en qué podemos ser útiles— es la que nos demuestra que somos hermanos. No hermanos de bandera, sino de los que se duelen cuando al otro le duele. Esa Venezuela que durante años fue refugio de millones de colombianos huyendo de la violencia, la misma que ha poblado también nuestro país huyendo de la dictadura, hoy es la que entierra a sus muertos bajo edificios colapsados en La Guaira y Caracas, y nosotros no podemos mirar para otro lado.
Los números son insoportables, y siguen abiertos porque la tragedia está en carne viva: el más reciente reporte de las autoridades venezolanas habla de más de 1.400 muertos confirmados y más de 3.000 heridos, mientras decenas de miles figuran como desaparecidos. Son cifras que, lamentablemente, solo tienden a aumentar.
Familias enteras escarbando con las manos, con un pico, con lo que haya, porque el Estado no llegó a tiempo o no llegó con suficiente fuerza. Imágenes de una niña de quince años atrapada en el noveno piso de un edificio caído, de una sobreviviente que se une al rescate porque guarda la ilusión de desenterrar con vida a su familia y sus amigos, de madres que duermen en tiendas de campaña porque temen que sus casas se derrumben sobre ellas.
Y aquí es donde la emoción se vuelve indignación, porque hay una verdad que no podemos edulcorar por respeto al luto: un terremoto de esta magnitud no se podía evitar, las placas tectónicas no piden permiso, pero la forma en que un país recibe ese golpe sí depende de decisiones humanas, de inversión y de instituciones. Da rabia profunda, saber que Venezuela —con sus universidades de ingeniería sísmica, con su experiencia histórica de grandes terremotos en el norte del país, y con la riqueza petrolera más grande del continente— llegó a este momento con hospitales que se derrumban, con cuerpos de rescate insuficientes, con una infraestructura urbana que en dos décadas no fue reforzada, ni modernizada.
Esa negligencia tiene nombre y tiene historia. Se llama veintisiete años de un proyecto político que prefirió gastar la renta petrolera en clientelismo electoral, en armamento, en propaganda continental, antes que en normas de construcción sismorresistente, en sistemas de alerta temprana, en cuerpos de bomberos y de rescate bien entrenados y bien pagados. Hugo Chávez heredó un país con instituciones imperfectas pero funcionales, y las desmanteló sistemáticamente en nombre de una revolución que terminó siendo, sobre todo, un mecanismo de control. Nicolás Maduro profundizó esa demolición.
No se trata de politizar el luto —como con razón ha pedido el propio gobierno interino venezolano que no se haga—, sino de aprender de él con honestidad. Porque si algo nos enseña esta tragedia es que la preparación ante el desastre no es un lujo tecnocrático: es, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte de miles de personas. Cuando un Estado abandona la planificación, cuando prioriza la propaganda sobre la ingeniería, cuando convierte cada institución técnica en un apéndice del proyecto político del mandatario, está sembrando exactamente esta clase de catástrofe ampliada, esta multiplicación artificial del dolor que ahora vemos en cada imagen de Caracas y La Guaira.
Colombia ha respondido, como debía, con rescatistas, con ayuda humanitaria, con la generosidad que reclama el momento. Pero la solidaridad no nos exime de la lucidez. Mientras ayudamos a buscar sobrevivientes, también deberíamos estar mirando hacia adentro: ¿están nuestras ciudades, nuestros edificios, mejor preparados que los de Venezuela? La pregunta no es retórica. La tragedia venezolana debería ser, para toda la región, una lección concreta sobre lo que cuesta —en vidas humanas— gobernar dejando de lado a los técnicos.
Colombia tiene memoria de lo que significa gobernar un desastre con seriedad. El terremoto del Eje Cafetero de 1999, que dejó cerca de 1.185 muertos, miles de heridos y más de cien mil viviendas destruidas en Armenia, Pereira, Manizales y decenas de municipios, pudo haber sido también una historia de abandono. No lo fue, porque el gobierno de Andrés Pastrana, con todas sus limitaciones y en medio de una severa crisis fiscal, creó el FOREC, un fondo de reconstrucción que el Banco Mundial y el BID terminaron citando como ejemplo de gestión transparente y eficaz entre el Estado y la sociedad civil. Veintisiete años después, el Eje Cafetero es una región más moderna que la que existía antes del sismo. Algo parecido —con sus propias fallas, pero sin el cinismo ni la propaganda como sustituto de la gestión— ocurrió durante la pandemia: gobiernos que, más allá de las legítimas críticas que recibieron, sostuvieron sistemas de salud, ampliaron camas de UCI, adelantaron una de las campañas de vacunación más rápidas de la región y mantuvieron canales de información creíbles con la ciudadanía. No es que a Colombia nunca le haya tocado lo peor, es que cuando nos tocó, hubo instituciones —imperfectas, cuestionables, pero reales— dispuestas a responder por la gente, en lugar de administrar el desastre como un capítulo más de propaganda política.
A los venezolanos, en este momento, les debemos lo único que realmente importa: presencia, ayuda y memoria. Presencia en la emergencia, ayuda sin condiciones, y memoria para que esta tragedia, agravada por años de abandono institucional, no se repita ni en Venezuela ni en ningún otro rincón de Latinoamérica, donde ciertos dirigentes se enceguecen por el poder y terminan destinando todos los recursos con criterios ideológicos y no técnicos.