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Las fuentes no gubernamentales y las oficiales coinciden: en los últimos tres años el Eln logró aumentar su número de combatientes en un 25 %. Ese crecimiento se detectaba desde el último año de gobierno de Juan Manuel Santos, y se acentuó tras la desmovilización de las Farc, en cuyas zonas hoy el Eln busca establecerse. Este fortalecimiento tiene otra circunstancia detonante: la complicidad por acción u omisión del gobierno de Venezuela. En su territorio acampa más del 40 % del Eln.
El dato lo entregó la Fundación Ideas para la Paz en su último informe y lo corroboró el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en un seminario virtual organizado por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en Estados Unidos. En el país vecino la guerrilla y las bandas criminales fortalecen sus finanzas mediante el tráfico de cocaína y la minería ilegal.
El régimen de Nicolás Maduro, desde su lado, es altamente permisivo en poblaciones de frontera con Arauca y Catatumbo. Frente a los mandos y las actividades del Eln, hace más de una década, el chavismo extravió su libreto: pasó de un aparente auspicio a la búsqueda de la paz en Colombia, al respaldo de un adoctrinamiento de masas con ideas totalitaristas del Eln en la frontera, y a la complicidad con actividades criminales como el narcotráfico y con acciones terroristas contra las Fuerzas Militares y la infraestructura colombianas.
Los informes, además, corroboran la creación de un largo corredor de movilidad de las “milicias elenas” que va desde el Pacífico chocoano, el Nudo de Paramillo y cruza por Cesar y los Santanderes hasta territorio venezolano.
Ahora Colombia ve reeditarse la historia del resurgimiento del Eln, al que el Establecimiento ha dado por aniquilado desde la Operación Anorí, en 1973. Esa perspectiva de menosprecio, de subvaloración al tamaño y al alcance criminal del Eln vuelve a ser cuestionada ahora que las cifras de ONG y agencias de seguridad del Estado tienen una estadística común: esa guerrilla acumula de nuevo más de 4.000 hombres-arma.
Según los análisis citados, el Eln está en siete de los diez municipios con más cultivos ilícitos, producción y tráfico de cocaína del país. En las zonas donde avanza el Eln, el desplazamiento forzado creció el 132 %. Ello significa territorios copados de nuevo por la cultura y las dinámicas de la ilegalidad, cuyo costo de reconquista será muy alto para el Estado, en términos humanitarios y económicos.
Decimos que se trata de una verdad de perogrullo, porque los informes del último lustro confirmaban, una y otra vez, la presencia y crecimiento del Eln en y desde Venezuela. Pero ello no hace menos peligrosa la situación para la seguridad nacional, en un contexto de migración caótica y de hostilidad política y de permisividad con el crimen internacional, por parte del gobierno de Caracas.
El Eln controla hoy un altísimo porcentaje de negocios como el contrabando de combustible, cárnicos y carbón, y la extorsión y el secuestro. Todo ello se hace, en parte, a expensas de población migrante reclutada y de un trabajo político silencioso, pero sostenido, entre el tejido social: entidades culturales, productivas y educativas y redes sociales y comunitarias penetradas pacientemente.
El terreno ganado por una organización avezada y criminal, debe inquietar y activar respuestas prontas y planificadas del Estado colombiano.