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Tras la reunión de los presidentes de Venezuela y Guyana, parece que las aguas vuelven a su cauce, no porque hayan llegado a un acuerdo sobre la disputa por el Esequibo, sino porque han decidido bajarle el tono, no amenazarse y no utilizar la fuerza mutua en ninguna circunstancia. Se pasa así de la actitud pendenciera de Maduro a una línea más pacífica en la que su homólogo Irfaan Ali declara que no buscan la guerra, pero que garantizarán la defensa de su país.
Pese a que este es un conflicto muy antiguo, en el que Venezuela reclama dos terceras partes del territorio de Guyana, es interesante entender el por qué se ha revivido el tema con tanto ímpetu por parte de Venezuela. No se trata solamente de que Maduro necesite un elemento de distracción para disimular sus descalabros y ganar popularidad de cara a unas próximas elecciones. Es que la riqueza en petróleo, oro y bauxita que hay en el Esequibo ha convertido a Guyana en una de las economías de mayor expansión en el mundo, con un crecimiento del PIB del 57,8% en 2022 y del 25% pronosticado para este año. Sus reservas de petróleo equivalen al 0,6% del total mundial. Con estos datos, el apetito voraz del gobierno venezolano se despertó y por eso decidió, mediante un polémico referéndum supuestamente apoyado por 10 millones de venezolanos, revivir el conflicto de marras. Es que eso de agitar las banderitas del nacionalismo siempre funciona muy bien.
En Colombia, como es lógico, estos movimientos han generado preocupación. Con semejante frontera que compartimos con Venezuela (2.219 kilómetros), no es descabellado pensar que en cualquier momento podría haber una declaración semejante. Sobre todo si se piensa en las pretensiones que tiene el vecino país en lo que respecta a la delimitación de áreas marinas y submarinas.
El asunto no es de poca monta pues las tensiones que ha generado el tema en el pasado han sido mucho más severas que las que estamos viendo hoy con el caso del Esequibo. Sobre todo en dos momentos en particular.
El primero de ellos fue a finales de los años 30 del siglo pasado, cuando Venezuela se dio cuenta de que Colombia había empezado a mover ficha para entregar concesiones petroleras a compañías estadounidenses en áreas que, a su juicio, estaban aún por delimitar. Eso generó un periodo largo de negociaciones que no se terminó de resolver.
El segundo incidente, el más grave de los dos porque casi genera una guerra, fue el conocido como “la crisis de la corbeta Caldas”. Ocurrió en 1987 cuando una embarcación de la Fuerza Naval de nuestro país se ubicó en el Golfo de Venezuela, en el centro de un área en disputa, y fue interceptada por el patrullero venezolano ARV Libertad que exigió la retirada. La tripulación colombiana se negó y defendió que navegaba en aguas de la nación.
El presidente venezolano de entonces, Jaime Lusinchi, ordenó el estado de “alerta militar”, montó operaciones, movilizó batallones y aviones y entregó una nota diplomática al embajador colombiano en Caracas. Después de nueve días, la embarcación Caldas notificó su retirada del área. Pese a la escalada militar, no se llegó al enfrentamiento directo, pero la presión para los presidentes Virgilio Barco y Lusinchi fue tremenda. Así que con semejantes antecedentes hay que ser muy cautos.
Sea como sea, el reciente episodio provocado por Venezuela ha ensombrecido el futuro de Guyana. Hay que entender que este país pasó de ser la segunda economía más pobre de Latinoamérica a ser la que más rápido crece del mundo, según el Fondo Monetario Internacional. Todo gracias al hallazgo de más de 11.000 millones de barriles de petróleo frente a sus costas. Con esta producción podrían vivir con holgura los próximos 20 años y permitirles a sus 800.000 habitantes contar con una de las rentas per cápita más altas. Ya creció su PIB un 62% en el 2022 y para este año se proyecta un 37%. La ilusión es que esa bonanza se note en la gente humilde y no se quede en unas pocas y corruptas manos.
Por ahora, los tambores de guerra se han calmado. Sin embargo, Guyana y Venezuela difieren en un aspecto que será clave: mientras el primero está comprometido con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para la resolución de la controversia fronteriza, el segundo ni reconoce ni consiente a la CIJ su jurisdicción en esta disputa. Este punto va a dificultar mucho las negociaciones.