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Editorial

¿Vuelve y naufraga el San José?

El mensaje del Gobierno, en boca de la vicepresidenta, es insistente en atribuir el patrimonio del Galeón San José a los colombianos. Pero, ¿cuándo, cómo y quién hará el rescate?
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Publicado el 11 de octubre de 2019

Otra vuelta de tuerca tendrá la larga, larguísima historia del rescate del Galeón San José, hundido en aguas colombianas por un cañonazo de naves inglesas en 1708, cuando emprendía viaje a España cargado, aseguran los expertos, de tesoros invaluables.

Leyendas iban y venían, en peripecias de búsqueda que de por medio trajeron incluso pleitos judiciales en Colombia y en Estados Unidos, de empresas cazatesoros que pretendían que el Estado colombiano fuera obligado judicialmente a pagar labores de búsqueda de costos estratosféricos.

Esos litigios no van a terminar. Ahora el Gobierno, en boca de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, ha comunicado que no se ejecutarán decisiones adoptadas por el anterior, en la presidencia de Juan Manuel Santos, bajo el entendido de que no solo son inconvenientes sino, a su juicio, contrarias a la Constitución.

En diciembre de 2015 el entonces presidente Santos anunció el hallazgo, “sin duda alguna posible”, del Galeón San José en aguas marítimas colombianas. Tanto el anuncio como las promesas posteriores se enmarcaron en términos superlativos: “Este es uno de los más grandes hallazgos de patrimonio sumergido, si no el más grande, dicen algunos, de la historia de la humanidad”.

Desde ese momento el mensaje insistente del Gobierno fue que este era “un patrimonio de todos los colombianos”. En julio de 2017, Santos anunció que el rescate de los tesoros del Galeón se haría bajo la modalidad de alianza público privada (APP): “Contamos con la propuesta de un inversionista que se acoge a nuestras condiciones y que cumple con los más altos estándares científicos, tecnológicos y financieros requeridos para el conocimiento del patrimonio cultural”.

Y en julio de 2018, dos semanas antes de dejar la Presidencia, decía que “generamos un modelo para que los enormes recursos económicos necesarios para cumplir con esta responsabilidad pudiesen ser invertidos, a cero costo para el Estado colombiano, repito, a cero costo para el Estado colombiano”.

Una ley previa, de julio de 2013 (la 1675), hace las definiciones legales del patrimonio cultural sumergido y allí establece que “en los hallazgos que estén constituidos por bienes y materiales que no hagan parte del Patrimonio Cultural de la Nación, se remunerará al contratista hasta con el 50% del valor” de esos bienes que, reitera, no constituyan Patrimonio Cultural de la Nación. La Corte Constitucional (sentencia C-572 de 2014) dijo que esta remuneración no está prohibida en la Constitución.

El gobierno de Iván Duque tiene otro parecer y asegura que no se venderá “ni una astilla”, ni permitirá su comercialización bajo ninguna forma, y que propondrá ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural que se reconozca al San José y todos los elementos del naufragio como una “colección única e indivisible”, y que lo declare como Patrimonio Cultural en su integridad.

La vicepresidenta afirma tener todo el sustento jurídico no solo para proponer esta rectificación de decisiones del Gobierno anterior, sino para asumir las casi seguras demandas contra el Estado por las consecuencias financieras que, en efecto, tiene esta nueva política. No hay, de momento, claridad de cómo se va a hacer el rescate ni quiénes lo harán ni cuándo. Más allá de que exista reticencia a ejecutar lo que el gobierno anterior dejó atado, ojalá este giro no sea una interrupción más de una historia inconclusa de más de tres siglos.

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