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La Superintendencia de Sociedades es una de las entidades de carácter técnico más importantes en la organización institucional del Estado. En términos prácticos, y en una de sus funciones, la Superintendencia es como la sala de urgencias de un hospital, adonde llegan las empresas que están graves de salud y requieren de un tratamiento de emergencia. En el proceso al que se someten, muchas se curan, con lo cual se salvan los empleos, otras llegan tan mal que no hay tratamiento posible y hay que liquidarlas.
El tema viene a cuento por la delicada situación que está afrontando la entidad, justo en un momento tan crítico para las empresas del país, que, por montones, han resultado afectadas por la pandemia del covid-19.
La Superintendencia está prácticamente acéfala. Ya ha pasado un mes desde que Juan Pablo Liévano presentó su renuncia como superintendente de sociedades y todavía no se ha iniciado el proceso de convocatoria para seleccionar su reemplazo. Si bien el presidente Iván Duque encargó la entidad al actual superintendente de industria y comercio, Andrés Barreto, y nadie duda de su idoneidad, claramente las tareas de las dos superintendencias son diferentes e incluso puede haber incompatibilidades.
Por la falta de superintendente en propiedad hay incertidumbre dentro de la entidad. Los delegados, de gran experiencia, encargados de atender los cientos de casos de empresas en dificultades, están cuando menos desmotivados, pues tampoco saben si un nuevo superintendente hará cambios en esta área tan crucial. La toma de decisiones está frenada, lo que afecta los procesos.
Pero si la demora en la escogencia del nuevo superintendente ha causado malestar, no menos preocupante es la forma como se dio la salida de Juan Pablo Liévano. Quedó la sensación de que por componendas políticas rodó su cabeza, lo que resulta ciertamente grave en una entidad técnica.
Al llegar a su cargo, la nueva ministra de industria, comercio y turismo, María Ximena Lombana, le dijo al superintendente Liévano que si quería continuar en el cargo, sería bueno que hablara con Germán Vargas. ¿Qué puede pensarse de eso?
Como se sabe, la Superintendencia de Sociedades es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio, por ser parte del sector, pero el ministro no tiene injerencia sobre ella. Nunca la ha tenido en el pasado y no es quien nombra al superintendente. Este es designado por el presidente de la República.
La ministra le insistió a Liévano con la pregunta de si había hablado del asunto con Vargas. Él, por supuesto, no lo hizo. Buscar el apoyo de un partido político para permanecer en la Supersociedades, si bien algunos lo pueden interpretar como parte de la representación política, desde el punto de vista técnico no es lógico porque podría llevar a hipotecar la entidad a la política.
Liévano decidió que hablaría con el presidente Duque y este le dijo que, efectivamente, lo quería a él para otra importante entidad del Estado. Liévano consideró que la propuesta que le hacían no se ajustaba a su perfil y entendió que lo querían fuera de la Superintendencia. El 18 de agosto presentó su renuncia.
Hay quienes consideran que el país estaría incumpliendo compromisos con la Ocde. Cuando se ingresó a esta organización, se garantizó la independencia del supervisor bancario, la autoridad de competencia (SIC) y la autoridad de manejo de insolvencia empresarial, es decir, la Supersociedades.
Es lamentable que, si el superintendente Liévano lo venía haciendo bien —como lo reconoció el Gobierno—, salga por el trueque político que se hizo cuando José Manuel Restrepo pasó a la cartera de Hacienda y el sector comercio se le entregó a Cambio Radical.
Ojalá el Gobierno caiga en cuenta del vacío que generó y lo corrija cuanto antes. Hay que reestructurar las empresas que se afectaron con la pandemia. La situación es extremadamente grave y se necesita una cabeza al frente. Además, la Superintendencia de Sociedades no puede ser parte de la repartija política. Allí hay mucho en juego