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Las amenazas contra estos dirigentes políticos produce enorme preocupación, en todos y desde luego en el Gobierno, encargado de garantizarles seguridad y brindarles todos los mecanismos de protección, para que no vayamos a tener un candidato asesinado en un debate electoral con tanta polarización.
Yo no me atrevería a acusar a ningún gobierno ni a ningún grupo político. Las autoridades colombianas, que parecen tener información sobre esas amenazas, deben proceder primero a cuidar a los candidatos, y segundo, adelantar la investigación con el fin de saber quiénes son los responsables de ellas. No conviene al debate ni a los candidatos hacer acusaciones sin saber de dónde vienen.
Es claro que las plazas públicas como instrumento de campaña son útiles. Ahora con las redes sociales se creyó que la plaza pública había perdido significación, y resulta que no, que las plazas aún congregan a la comunidad. Por eso los candidatos deben ir a ellas, a pesar de los riesgos.
Cuando candidatos como Petro y Duque revelan haber recibido amenazas, hay que creerles. No está bien pensar que lo hacen por ganar notoriedad. La invitación central es a proteger a todos los candidatos, con los organismos de seguridad y la Fiscalía.