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El punto fundamental es que la ciudadanía debe ser consciente de que estamos frente a una mayor complejidad del gobierno local. Aunque la actual administración no incluyó al Grupo EPM en el conglomerado público, el control que la ciudadanía puede ejercer allí es ilustrativo. Ese control ha sido cercano, pero cada vez es más complejo, pues hay filiales en otros países y negocios muy especializados. El próximo alcalde debe ofrecer un observatorio público sobre lo que hace EPM.
Sobre las demás entidades, deben conocerse los nombres de los miembros de sus juntas directivas, que sean de trayectoria reconocida. Por eso, es clave que en las campañas políticas se informe cómo van a garantizar transparencia. Si hay 67 mil cargos, debe haber veedurías (universidades, o entidades como Medellín Cómo Vamos) para ver cómo se nombran, qué desempeño tienen. Un control ciudadano con nuevas herramientas.
Hay que reconocer a la actual alcaldía la mayor transparencia en cifras, y la visibilidad de las juntas. Pero la próxima alcaldía debe dar un paso más, y es apoyar la fiscalización independiente de la contratación y los nombramientos.
El éxito lleva a mayor complejidad, y eso implica el control político y ciudadano, que debe sofisticarse.
