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Naturalizamos la violencia contra las mujeres cuando además de ser las víctimas aseguramos que “se lo buscó”, “a las mujeres les gusta que les peguen”. En Colombia existen la Ley 1257, la 1761, el Conpes 161 y muchas normas más, como herramientas del Estado para garantizar los derechos de las mujeres, prevenir las violencias y sancionar de manera ejemplar a quienes las incumplan. Pero una cultura milenaria de sometimiento y objetivización de la vida y el cuerpo de las mujeres nos pone en desventaja. Defendemos la familia a ultranza, pero olvidamos que es allí donde ocurren los mayores índices de violencia contra las mujeres y las niñas. Medellín es reconocida nacional e internacionalmente por proyectos de prevención como la Línea 123 Mujer, los Hogares de Acogida, la atención sicojurídica en el territorio, el Centro Móvil de Equidad de Género, entre otros. Prevenir las violencias contra las mujeres exige aceptar y comprender que existen brechas sociales, económicas, políticas y discriminaciones que nos hacen más vulnerables. Es compromiso del Estado y sus gobernantes, la institucionalidad competente y la sociedad en general transformar las creencias y los estereotipos sobre el ser y el hacer de las mujeres y los hombres, esto es un asunto de todos y de todas.
