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Comencemos por precisar los términos. Someterse a la justicia implica que los delincuentes en verdad se sometan a la justicia. Que a todos sus delitos se les apliquen las normas del Código Penal con la totalidad de sus consecuencias.
Porque si lo que quieren decir es que esos grupos proponen negociar con el Estado, poniendo sus condiciones, para ser cobijados por amnistías y beneficios, rebajas y prebendas, o adelantar un “proceso de paz” para imponer a la sociedad unas exigencias similares a las plasmadas en los acuerdos con las Farc, la expresión “someterse a la justicia” está mal usada.
Todos deseamos que los grupos criminales dejen de delinquir y que el Estado haga lo necesario para llevarlos ante la Justicia. Sin impunidad. Y, si algunos de tales grupos delictivos deciden voluntariamente entregarse y les pueden ser aplicables normas penales que los favorezcan por colaboración con la justicia, eso está muy bien, aunque quien debe resolver al respecto no es el Presidente de la República, ni sus ministros, sino –en los distintos procesos– los fiscales y los jueces penales.
El Gobierno no se puede comprometer con delincuentes comunes a otorgar amnistías o indultos, pues tales figuras están reservadas por la Constitución para los delitos políticos.
