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Desde la Defensoría del Pueblo se hace un llamado imperativo a que los grupos armados Eln y Epl, con sus frentes y comisiones, cesen la confrontación, atiendan los reiterados llamados que las organizaciones sociales de la región, el movimiento comunal y el pueblo indígena Barí han hecho de manera pública solicitando que esta escalada de violencia en la región del Catatumbo se detenga. Su voluntad de paz requiere de hechos concretos como manifestación del compromiso de los actores armados involucrados.
La Entidad también solicita que la población civil y los bienes protegidos por el DIH queden por fuera de la confrontación y que no se perpetre ningún tipo de acción que atente contra personas protegidas tal como el personal médico y sanitario, religioso, trabajadores humanitarios, así como a los periodistas. A todos ellos se les debe permitir realizar su labor de manera libre.
Igualmente se deben garantizar condiciones para que la población civil que ya ha sido afectada por el conflicto, pueda recibir la ayuda humanitaria requerida en los casos de desplazamiento forzado y confinamiento que se han presentado; las comisiones para la atención a la población víctima del conflicto no pueden restringirse ni limitarse, pues quienes están involucradas en ellas, no participan de las hostilidades.
