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El alza del salario mínimo legal anunciada refleja la política económica del Gobierno Nacional en los últimos años. Es el resultado de la dictadura del equipo económico en cabeza del Ministro de Hacienda.
Es una decisión que una vez más, como sucede cada año, le da la espalda a los colombianos y desconoce las verdaderas necesidades de la clase trabajadora.
Es evidente que hubo la intensión de algunas de las partes de buscar un acuerdo, un consenso, pero al final terminó imponiéndose el deseo de los empresarios.
El problema de pobreza en nuestro país no se resuelve con el aumento del 5,5 por ciento del salario mínimo. Ni siquiera con el del 9,5 por ciento que en algún momento se mencionó. Ese problema se empezaría a solucionar el día que el Gobierno acepte que la clase obrera necesita un salario mínimo vital de $1.300.000.
Pero hoy no es el fin de la historia ni mucho menos. Seguirá la lucha de la clase trabajadora. Agradecemos la gestión del Ministro de Trabajo. Él se ha comprometido a rebajar el impuesto a los pensionados y eso será de gran ayuda. Nos queda el sabor agridulce. En Colombia se negocia más fácil con los ilegales que con el pueblo honesto y trabajador que genera la riqueza lícita del país.
