El sector eléctrico ha advertido que Colombia registró un déficit de energía firme de 1,6% en 2025 y que este podría ampliarse hasta 3,5% en 2027, incluso con la entrada de nuevos proyectos renovables.
A esto se suma un déficit estructural de gas natural desde 2025, lo que incrementa el riesgo de racionamientos en los próximos años.
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Para mitigar estos riesgos, Celsia, liderada por Ricardo Sierra, planteó varias propuestas que abarcan: acelerar la construcción de nuevas plantas de generación, diversificar las fuentes energéticas, importar gas y realizar una nueva subasta de confiabilidad con reglas claras y estables.
También se plantea integrar sistemas de almacenamiento y mecanismos de respuesta de la demanda para fortalecer la resiliencia del sistema.
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Fortalecer la institucionalidad
Celsia alertó sobre señales de debilitamiento en la independencia y el rigor técnico de algunas instituciones, lo que, según los gremios, afecta la calidad de las decisiones regulatorias y genera incertidumbre para la inversión.
Entre las medidas propuestas se destaca la necesidad de mantener comisionados con alta capacidad técnica e independencia en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), así como fortalecer el papel de entidades como la Upme y la Superintendencia de Servicios Públicos.
Además, se propone construir una hoja de ruta energética de largo plazo que garantice estabilidad normativa y claridad para todos los actores del mercado.
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Los trámites
Los tiempos prolongados en los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental han sido identificados como uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo de proyectos energéticos, especialmente en regiones como La Guajira.
En este sentido, la compañía propone una ley estatutaria de consulta previa con plazos definidos y criterios claros, la creación de un Registro Único de Pueblos con representatividad verificada y la regulación de los asesores que participan en estos procesos.
También plantea estandarizar las líneas base ambientales y unificar criterios entre las autoridades que intervienen en las evaluaciones socioambientales.
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La coordinación
Otro de los problemas estructurales es la falta de coordinación entre los proyectos de generación y la expansión de las redes de transmisión.
En los últimos cinco años se ha ejecutado menos del 28% de los proyectos de generación previstos, mientras que las líneas de transmisión observan retrasos de hasta 13 años y las redes regionales de hasta 11 años.
Como resultado, varios proyectos de energías renovables no han podido conectarse al sistema por la ausencia de infraestructura, lo que pone en riesgo una transición energética ordenada.
Para resolver esta situación, se propone priorizar proyectos críticos bajo la figura de Proyectos de Interés Nacional y Estratégico, sincronizar la expansión de la red con la nueva generación y exigir garantías para evitar la especulación en las solicitudes de conexión.
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Crisis en la costa Caribe
La situación del servicio eléctrico en la costa Caribe es señalada como uno de los mayores riesgos para la estabilidad del sistema. En 2024, la tarifa en la región fue 17,9% más alta que el promedio nacional y las pérdidas de energía crecieron 186% entre 2021 y 2025, alcanzando niveles que duplican el promedio del país.
La empresa Air-e, intervenida desde septiembre de 2024, acumula deudas superiores a $2,5 billones con el sector eléctrico. Dado que la región representa cerca de un tercio de la demanda nacional, su crisis tiene efectos directos sobre la sostenibilidad financiera de todo el sistema.
En este caso, las propuestas incluyen invertir en modernización para reducir pérdidas, sanear financieramente a los operadores, garantizar el pago oportuno de subsidios y mejorar la infraestructura de transmisión y distribución, junto con un modelo diferenciado de supervisión regional.
Modernización del mercado
Por otro lado, Celsia considera necesario actualizar el diseño del mercado eléctrico, que no se ajusta plenamente a la integración de energías renovables, sistemas de almacenamiento y la electrificación del transporte.
Entre las recomendaciones se encuentra la actualización de las reglas del mercado mayorista para incorporar flexibilidad y almacenamiento, ajustes al cargo por confiabilidad para estimular nueva capacidad de respaldo y la definición de una hoja de ruta clara y realista para la transición energética.
Asimismo, plantea impulsar la eficiencia energética y la autogeneración con normas simples y transparentes.
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Cabe recordar que gremios de energía y gas alertaron sobre un creciente riesgo de liquidez debido a los retrasos del Gobierno en el pago de subsidios a la energía. A comienzos de marzo, la deuda acumulada con el sector eléctrico superaba los $2,9 billones, correspondientes a tres trimestres del año anterior y lo corrido de 2026.
Mejor administración del presupuesto
Para evitar un impacto sistémico, Celsia también propone que el Presupuesto Nacional apropie la totalidad de los recursos necesarios para cubrir los subsidios y garantizar su pago oportuno.
Sugiere mejorar la focalización de los subsidios, con el fin de que la asignación sea más precisa y reduzca la presión sobre las finanzas públicas.
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Con las diversas recomendaciones, la empresa de energía del Grupo Argos estima que el sector energético tendría las bases de una política pública que asegure la confiabilidad del sistema, promueva la inversión y permita avanzar en la transición energética sin comprometer la estabilidad del servicio ni la sostenibilidad financiera de las empresas.
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