Editorial

Constitución: memoria y final

Mientras los poderes públicos se aprestan a celebrar 25 años de una Constitución que han interpretado y aplicado a su acomodo, la ciudadanía tiene múltiples motivos de incertidumbre.
Constitución: memoria y final
ilustración esteban parís Publicado el 03 de julio de 2016

Mañana se cumplen 25 años de la promulgación de la Constitución Política de 1991. Al mismo tiempo que se hará en la Casa de la Convención de Rionegro una celebración organizada por la Corte Constitucional, se atraviesa un período en el cual ese instrumento político normativo enfrenta la mayor incertidumbre sobre su integridad.

El acto de mañana contará con la intervención del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Será interesante escuchar si el Jefe del Estado hace un recuento histórico y se limita a destacar las excelencias de la Carta Política de 1991, o anuncia lo que será el tránsito hacia un nuevo modelo constitucional que hasta ahora nadie se atreve a vaticinar, pero del que se sabe no fue decidido por el constituyente primario.

Hace 25 años hubo esperanza por los cambios que indudablemente introdujo la nueva Carta Política. Se reemplazaba la Constitución de 1886, tan centralista, y que en los últimos 35 años había otorgado una especie de propiedad sobre la estructura del Estado a dos partidos políticos, el Liberal y el Conservador. La del 91 abrió el espectro político y multiplicó las posibilidades de participación. Unos supieron aprovecharlas, otros se anclaron en las prácticas violentas y el terrorismo.

También adoptó la nueva Carta un extenso catálogo de derechos y concedió a los ciudadanos plurales opciones de defenderlos y exigir su vigencia. Ahí se consagró una figura estelar, la acción de tutela, otorgando a los jueces poderes que el paso de los años ha consolidado como ilimitados.

La Justicia, en particular, se vio fortalecida al consagrarse instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación. El armazón quedaba levantado en uno de los articulados más extensos de Constitución alguna en el mundo y su desarrollo y aplicación correspondería a los funcionarios. Y allí los colombianos hemos visto el divorcio entre la normatividad constitucional con sus valores democráticos frente a la realidad de su aplicación diaria por parte de personas de carne y hueso cuyas finalidades son muy distantes de la axiología que se pensó en 1991.

Se aplaude, por ejemplo, a la Corte Constitucional. La realidad muestra que es la menos desprestigiada de las altas cortes, que no es lo mismo que decir que sea la más prestigiosa. Esa Corte ha asumido posiciones innovadoras pero también se ha concedido, por sí y ante sí, funciones legislativas e incluso constituyentes. La jurisprudencia es fluctuante y pesa como criterio decisor la afinidad o no ante el gobierno de turno. Mírese, si no, la cambiante doctrina en torno a los referendos, los plebiscitos y los límites de la participación política luego de procesos de paz. Habrá que ver si en el acto de mañana hay algún asomo de análisis -no digamos de autocrítica- sobre esta realidad.

Hoy, en esta misma edición, ofrecemos a nuestros lectores información y análisis sobre la vigente Constitución. Saben los ciudadanos que muy próximamente la Carta Política será sometida a una de las variaciones más imprevistas que se conozcan en el constitucionalismo contemporáneo: un acuerdo político con un grupo guerrillero le será incorporado, y además como parte de su bloque de constitucionalidad. Habrá una Constitución para unos colombianos y otra para otros. Lo que tenemos hoy, 25 años después, es un régimen constitucional plagado de incertidumbres y carente por completo de coherencia.

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