Editorial

EPM: toda la información

El Concejo de Medellín deberá tomar una decisión crucial sobre venta de activos de EPM. Necesita toda la información, y que se le brinde claridad en las múltiples preguntas que ha formulado. Y comprometerse con seriedad y sin ausentismos en un tema complejo e importante para la ciudad.
EPM: toda la información
ilustración esteban parís Publicado el 07 de septiembre de 2018

Varias sesiones ha dedicado el Concejo de Medellín al debate, que se prevé largo, complejo y no exento de polémica, del proyecto de Acuerdo Municipal (el 150 de 2018) mediante el cual se pide autorización para que Empresas Públicas de Medellín enajene activos con el fin de cubrir los faltantes de liquidez ocasionados por la crisis del proyecto de Hidroituango. Este es un tema serio, difícil, exigente y complejo con el cual los concejales se deben comprometer sin ausentismos físicos, con la máxima concentración y disposición para entender, con actitud pro activa y tomando decisiones sin partidismos o agendas, para velar por este patrimonio orgullo de Antioquia.

En la Exposición de Motivos del proyecto de Acuerdo se manifiesta que “es necesario vender activos de la empresa para continuar con el plan de inversiones en infraestructura y garantizar la correcta prestación de los servicios públicos”. En las presentaciones que el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, ha hecho ante los concejales en las sesiones de socialización del lunes y martes de esta semana, ha especificado que “la contingencia de Hidroituango afecta la liquidez de EPM, pero no su rentabilidad”.

El plan que EPM presenta es el de vender las acciones de aquellas empresas donde es accionista, pero cuyo paquete de inversiones es minoritario, entre ellas los que tiene en ISA. Paralelo a ello, se busca la venta de las inversiones en Chile (Aguas de Antofagasta y Parque Eólico Los Cururos). Pero en estas hay una posición de EPM, discutible jurídicamente, según la cual no requiere autorización del Concejo. Esgrimen normas de manejo de la empresa regidas por el derecho chileno, pero lo cierto, como lo han advertido varios concejales, es que la ley 226 de 1995 es clara en el sentido de exigir ciertos procedimientos en la enajenación de activos públicos.

El tema, aparte de la complejidad derivada de los acontecimientos en Hidroituango, tan graves y con consecuencias que aún no se pueden cifrar con exactitud, habrá de debatirse y decidirse con el hecho de que no se sabe por ahora lo que pasó dentro del cuarto de máquinas y que, según información de EPM, solo se sabrá a finales de enero o principios de febrero del año entrante. Solo en ese momento se podrán hacer cuantificaciones de retrasos y pérdidas e incluso definir si el proyecto es viable o no.

En todo caso, el gerente de EPM dijo ante el Concejo que el plan de venta de activos se necesita bien sea que Hidroituango continúe, así sea con los retrasos derivados de la crisis, bien sea que el proyecto finalmente se declare inviable.

Nadie discute la necesidad de encontrar recursos adicionales. En ese sentido, el Concejo debería aprobar las enajenaciones solicitadas. Ello no implica que sea una autorización automática. Las claridades que pidieron muchos concejales habrán de ser satisfechas. Las dudas e interrogantes que han planteado tienen que ser resueltas.

En ese sentido, los funcionarios de EPM deberán estar a disposición del Concejo para atender los cuestionamientos que estén directamente relacionados con este proceso de enajenación. Proceso que llevará, necesariamente, a que se resuelvan también interrogantes sobre la propia situación de Hidroituango.

También hay preguntas muy insistentes sobre las inversiones hechas en Chile y la pérdida que para EPM significará su venta. El actual gerente de EPM recibió ese negocio hecho, pero a la cúpula directiva que intervino en ese proceso le tocará dar explicaciones, las que sean necesarias.

La crisis de Hidroituango requiere medidas eficaces y ágiles, pero no anula la obligación de claridad en todos los aspectos que permitan al Concejo y a la ciudadanía reafirmar la confianza en EPM, entidad que ha sido clara en que NO será privatizada pero que ahora, más que nunca, deberá dar muestras de transparencia y ofrecer cuanta información sea requerida para tomar decisiones con luz y criterio informado.

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