Editorial

Verdad del conflicto y seguridad nacional

Varios de los documentos pedidos por la Comisión de la Verdad al Ministerio de Defensa apuntan al centro mismo de la seguridad nacional, que todo país protege escrupulosamente.
Verdad del conflicto y seguridad nacional
ilustración esteban parís Publicado el 14 de julio de 2018

La Comisión de la Verdad solicitó al Ministerio de Defensa que le entregue un extensísimo material documental para efectos, según dice la carta fechada el pasado 13 de junio y que se conoció esta semana, de “cumplir con la misión del esclarecimiento del conflicto armado, ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto y promover un entendimiento compartido en la sociedad sobre las dinámicas y hechos, especialmente de los aspectos menos conocidos del conflicto”.

En efecto, las citadas en la carta son algunas de las misiones encomendadas a la Comisión de la Verdad. El listado completo de dichas funciones está fijado en el acuerdo con las Farc, en la reforma constitucional de 2017 (Acto Legislativo 1 de ese año) y en un decreto ley de los expedidos bajo el trámite especial llamado de paz (Decreto ley 588 de 2017).

Disponen esas normas que la Comisión de la Verdad podrá solicitar información y documentación a todas las entidades públicas, y que estas y sus funcionarios deberán suministrarla, so pena de incurrir en causal de mala conducta sancionable disciplinariamente. Eso sí, la ley dice que tal documentación será para efectos del cumplimiento de la misión de la Comisión de la Verdad, que no es jurisdiccional, es decir, su objetivo, a diferencia del de la Jurisdicción Especial de Paz, no es determinar responsabilidades penales sino más bien políticas y éticas.

En el decreto ley expedido por la Administración Santos se impone a los funcionarios públicos la prohibición de anteponer la reserva por razones de seguridad nacional cuando se trate de información relativa a hechos constitutivos de violación a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario (DIH) y crímenes de lesa humanidad.

Solo ahora, cuando esa competencia de la Comisión de la Verdad se ejerce ante una entidad tan relevante para el desenvolvimiento y resolución del conflicto, como es el Ministerio de Defensa, buena parte de la opinión pública pareció darse cuenta del alcance de las atribuciones de la Comisión de la Verdad, de la que pareciera que la sociedad colombiana no se hubiese interesado cuando fue acordada por el Gobierno y las Farc.

La Comisión de la Verdad, entonces, pide un grupo de 40 paquetes de información, algunas comprensibles y relacionadas con su misión, pero otras muy preocupantes.

Por ejemplo, se le pide al Ministerio de Defensa suministrar copia de la hoja de vida -y por tanto, la identidad- del personal de inteligencia y contrainteligencia. O “los métodos de combate utilizados y estrategias de control territorial” de las FF.AA. O los documentos de diseño de acciones y operaciones relacionadas con narcotráfico, o con el control de fronteras.

Es grave, por cuanto hay activo al menos un grupo guerrillero (el Eln), múltiples de narcotráfico, bandas criminales, que estarán interesados en tener acceso a tales documentos que les servirán en bandeja la estrategia estatal para combatirlos. El golpe a la seguridad nacional puede ser letal. ¿Quién garantiza que esos documentos de altísima sensibilidad y de carácter secreto en cualquier país del mundo, no van a llegar a manos de la criminalidad? El solo hecho de la filtración de esta carta de la Comisión al Ministerio muestra la poca garantía de reserva. Eso causa graves daños. Que serían incalculables si, de la misma forma que la carta, se filtran expedientes de carácter reservado.

Así como en la Comisión de la Verdad hay comisionados de las más altas calidades éticas, también los hay con inocultables afinidades -plasmadas en múltiples escritos- con los grupos guerrilleros. Mirar el listado de la documentación que ahora se les exige al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas genera verdadero vértigo.

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