Caso UNGRD: Fiscalía pide prorrogar un año la medida de detención contra Carlos Ramón González

Carlos Ramón González, quien fue una de las figuras más influyentes y cercanas al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, continúa fuera del alcance de la justicia colombiana desde Centroamérica, donde permanece bajo la protección de un asilo político en Nicaragua. Ante ese panorama, la Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente extender por un año más la medida de aseguramiento en su contra, al considerar que existe una “falta de voluntad” para comparecer ante los tribunales y garantizar su sometimiento al proceso penal.

La petición fue presentada el miércoles 10 de junio durante una audiencia virtual ante el magistrado Fabio David Bernal Suárez. Ahí, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, pidió al Tribunal Superior de Bogotá “que extienda por un año más la medida de aseguramiento intramural contra Carlos Ramón González”, dentro del proceso que se adelanta en su contra.

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En su intervención, el ente acusador reiteró la necesidad de mantener la detención preventiva y lo calificó como “prófugo”, al sostener que su conducta procesal no asegura su comparecencia efectiva ante la justicia.

Qué es la circular roja de Interpol y por qué ya no está vigente contra Carlos Ramón González

La llamada “circular roja” de Interpol es una alerta internacional de búsqueda y captura que solicita a los países localizar y detener a una persona requerida por la justicia mientras avanza su proceso o se tramita una eventual extradición.

Según lo expuesto en la audiencia, la OCN Interpol Colombia informó sobre la decisión de la Comisión de Control de los Ficheros de la organización de “eliminar las anotaciones de la notificación roja de Interpol expedida en contra del ciudadano Carlos Ramón González Merchan”.

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Además, la Fiscalía explicó que el 3 de abril solicitó “una nueva expedición de circular roja actualizada con ocasión de la formulación de acusación”, pero Interpol respondió el 7 de abril que el requerido había pedido “el retiro de la circular roja” y que la Secretaría General “procedería a su eliminación”, por lo que la solicitud no fue tramitada. En la práctica, esto implica que actualmente no existe una alerta internacional activa de captura contra el exfuncionario.

La Fiscalía cuestiona la comparecencia virtual y advierte riesgo de evasión

En su argumentación jurídica, la Fiscal Patiño cuestionó el alcance de la comparecencia virtual del procesado, señalando que “no basta con asistir virtualmente a las audiencias”, pues esto no implica control efectivo del Estado. En ese sentido, advirtió que la comparecencia procesal requiere “el deber del Estado de poder ejercer control físico, incluso coercitivo si las circunstancias lo exigen”, algo que, según el ente acusador, “hoy no es posible”.

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Asimismo, sostuvo que “la virtualidad no puede convertirse en un obstáculo para la protección de la comunidad”, ni en un mecanismo que permita que el procesado “siga evadiendo su responsabilidad”, pese a la existencia de una orden de captura confirmada por el Tribunal Superior de Bogotá.

El origen del caso: presunto esquema de sobornos en la Ungrd

La trama que hoy mantiene a González como prófugo se remonta a septiembre de 2023. Según la Fiscalía, con base en testimonios de exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el entonces director del Dapre habría sido el presunto articulador de un esquema de sobornos para asegurar el avance de reformas del Gobierno en el Congreso.

La fiscal delegada María Cristina Patiño señaló que González presuntamente ordenó a Olmedo López la entrega de 70.000 millones de pesos en contratos y 4.000 millones en efectivo a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Para el ente acusador, el exfuncionario era consciente de la ilegalidad de sus actos y “sabía que desplegar los comportamientos advertidos en el entramado de corrupción de gestión del Riesgo era indebido”.

El quiebre definitivo del caso se produjo en julio de 2025, cuando se decretó su medida de aseguramiento intramural. Sin embargo, para ese momento, González ya había salido del país. Labores de inteligencia permitieron ubicarlo en Managua, Nicaragua, mediante el rastreo de su conexión a las audiencias virtuales.

Aunque Colombia intentó su captura a través de la circular roja de Interpol y mecanismos de cooperación judicial, el Gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político. González argumentó una “persecución política, judicial y mediática impulsada por la extrema derecha colombiana”, mientras su defensa sostiene que las acusaciones son “calumnias sin fundamento” y que el caso responde a un “montaje judicial”.

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La Fiscalía rechaza esa versión y afirma que se trata de una estrategia para impedir su “detención y sometimiento al cumplimiento de la decisión judicial”. Con la medida de aseguramiento vigente próxima a vencer el 2 de julio de 2026, el ente acusador busca su prórroga para evitar que el proceso por lavado de activos, cohecho y peculado pierda continuidad.

El magistrado Fabio David Bernal Suárez anunciará el 24 de junio si acepta o no la solicitud, una decisión clave en un caso que sigue marcando el pulso político y judicial de uno de los exfuncionarios más cercanos al actual gobierno.

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