Colombia se desmarca ante la ONU de los derechos sexuales y reproductivos y cuestiona conceptos de género
En la última sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Gobierno limitó su interpretación de conceptos relacionados con la salud sexual y reproductiva, el género y el racismo estructural. La postura se suma al regreso al Consenso de Ginebra, que cuestiona la existencia de un derecho al aborto.
Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Sociología y estudiante de Maestría en Comunicación y Marketing Político. Ha trabajado en medios como Infobae y El Tiempo en secciones de Actualidad, Bogotá y Política. Más rola que el ajiaco. Le gusta el café, viajar y bordar.
Ya son cinco las nuevas decisiones y posturas que ha asumido Colombia en el escenario internacional alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.
Y es que esta semana, durante el 63.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, el embajador encargado de Colombia ante la ONU, Álvaro Ayala Meléndez, tomó distancia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos” y cuestionó el uso de términos como “racismo sistemático”.
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El cambio de posición en Naciones Unidas generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre sus posibles efectos en la política exterior, las políticas públicas y la asignación de recursos para garantizar derechos en Colombia.
Las declaraciones se suman a la salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition, ERC), anunciada en septiembre.
Esta semana también, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el embajador Alejandro Ordóñez, anunció la adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra, una iniciativa internacional que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto.
Según la Cancillería, la decisión no tiene efectos sobre la legislación colombiana (en la que está contemplado el aborto hasta la semana 24). En cambio, dicen desde el Ejecutivo, esto ampliaría las alianzas y la cooperación internacional.
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¿Por qué Colombia se desmarcó de los derechos sexuales y reproductivos?
Uno de los puntos centrales de la intervención en el Consejo de Derechos Humanos fue la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”, incluida en la resolución L.34 sobre el derecho al agua potable y al saneamiento.
El delegado de Colombia, Ayala, sostuvo que esa expresión “no es un lenguaje universalmente acordado ni tiene definición en tratados vinculantes”.
En el mismo pronunciamiento, la delegación colombiana precisó que entiende la salud menstrual únicamente en relación con el acceso al agua, el saneamiento, la higiene, la información y la atención sanitaria.
Y antes, el martes, Colombia se abstuvo de votar una enmienda promovida por Pakistán que pretendía retirar de la resolución la referencia a ese concepto. La propuesta fue rechazada por el Consejo de Derechos Humanos.
Además, en su intervención, Ayala señaló que el país entiende “género” y sus derivados como una forma para “asegurar la igualdad y prevenir la discriminación y la violencia”.
Esta postura causó inquietudes entre organizaciones que consideran que limitar el alcance de esos conceptos puede debilitar el reconocimiento de comunidades vulnerables.
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Caribe Afirmativo, organización que trabaja por la defensa de la comunidad LGBTIQ+, cuestionó la intervención y señaló que restringe el entendimiento de los derechos sexuales y reproductivos las violencias diferenciadas.
“Contrario a lo que dice la intervención, ya la Constitución Política, a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha definido estos conceptos y ha entendido que la sexualidad y el género no son binarios, hasta el punto de reconocer a las personas no binarias”, sostuvo la organización.
También recordó que la jurisprudencia constitucional ha reiterado la necesidad de aplicar un enfoque diferencial frente a las violencias motivadas por el género.
Colombia cuestionó el término “racismo sistémico”
La tercera postura que expuso el país en el Consejo de Derechos Humanos se relaciona con el uso de expresiones como “racismo sistémico”, “racismo estructural” y “racismo institucional”.
Durante su intervención, el delegado Ayala sostuvo que esos términos “no tienen una definición convencional precisa y no constituyen categorías jurídicas”.
Sobre este tema, mientras el Gobierno cuestiona la precisión jurídica de esas expresiones, las organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que eso puede restringir la manera en que se reconocen y enfrentan las distintas formas de discriminación.
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Un giro en el lenguaje en la política exterior
Las tres precisiones se conocen después de que la Cancillería anunciara el retiro de Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos, una alianza que articula a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para promover y proteger los derechos de las personas LGBTIQ+.
Colombia ejercía la copresidencia del mecanismo junto con España para el período 2025-2027. La Cancillería justificó su salida al señalar que la participación en ese espacio ya no era una prioridad.
A esto se suma la adhesión Colombia a la Declaración del Consenso de Ginebra, una iniciativa impulsada originalmente por Estados Unidos durante el primer Gobierno de Donald Trump que niega el derecho al aborto y señala que no es una obligación de los Estados de promoverlo o facilitarlo.
Al respecto, cerca de un centenar de organizaciones y defensores de derechos, entre ellos la Comisión Colombiana de Juristas y la Corporación Humanas, firmaron una carta en la que califican el cambio de postura como un retroceso que se “distancia de estándares internacionales”. Hablan de un “cambio abrupto”.
“Estamos alineados con países que históricamente han ido en retroceso de estos derechos. Países del mundo islámico, pero también Pakistán, China. Estamos alineados también con países africanos y es muy preocupante”, dijo a Caracol Radio la directora de Corporación Humanas, Adriana Benjumea.
En la misma línea, el representante a la Cámara Mauricio Toro cuestionó la intervención colombiana ante Naciones Unidas y advirtió sobre sus posibles efectos para las mujeres y las personas LGBTIQ+.
“Colombia no puede retroceder a pesar de que este Gobierno, por likes, quiera desconocer precisamente los derechos en los que Colombia ha avanzado”, afirmó.
¿Qué está en juego?
El Gobierno sostiene que sus precisiones responden a la necesidad de delimitar el lenguaje de los compromisos internacionales y que las decisiones diplomáticas no modifican las protecciones reconocidas por la legislación colombiana.
Sus críticos, en cambio, señalan que podría haber una menor prioridad que termine reflejándose en los recursos y programas dirigidos a garantizar esos derechos.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Por qué Colombia se desmarcó del concepto de derechos sexuales y reproductivos ante la ONU?
- El embajador encargado ante Naciones Unidas, Álvaro Ayala Meléndez, sostuvo que la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos” no constituye un lenguaje universalmente acordado ni tiene una definición en tratados vinculantes.
- ¿Por qué Colombia cuestionó el término racismo sistémico?
- El Gobierno sostuvo que expresiones como “racismo sistémico” no tienen una definición convencional precisa ni constituyen categorías jurídicas autónomas.
- ¿Qué es el Consenso de Ginebra al que entró Colombia?
- Es una declaración internacional impulsada originalmente por Estados Unidos que sostiene que no existe un derecho internacional al aborto ni una obligación de los Estados de promoverlo o facilitarlo. El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció que la adhesión no modifica la legislación nacional (el aborto es legal hasta la semana 24).