La revisión de la implementación del Acuerdo de Paz que impulsa el Gobierno de Abelardo De La Espriella promete convertirse en uno de los nuevos frentes de discusión política del país.
Mientras la administración asegura que es necesario evaluar los resultados de una década de implementación, el margen para desmontar o modificar algunos de los desarrollos jurídicos del acuerdo no es absoluto.
El Acto Legislativo 02 de 2017 incorporó a la Constitución disposiciones transitorias relacionadas con la implementación del Acuerdo Final y estableció que las actuaciones de las autoridades deben guardar coherencia con lo pactado y desarrollarse de buena fe. De ahí que cualquier intento de modificar o frenar aspectos de su implementación tenga límites jurídicos y constitucionales.
El debate llegará el próximo 12 de octubre al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Allí, el Gobierno presentará su posición frente al Acuerdo de Paz, en medio de una revisión interna sobre la manera como se ha ejecutado el pacto y sobre los cambios que pretende introducir en su implementación.
La posición del Ejecutivo no llegará de sorpresa al escenario internacional. El viraje de esta administración frente a los temas de paz es distinto al de su antecesor.
A mediados de julio, antes de posesionarse, De La Espriella fue enfático en sus críticas a la política de paz y a la justicia transicional. En una alocución anunció la eliminación de la figura del Comisionado para la Paz y aseguró: “Se acaba el Comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno”. También sostuvo que, desde el 7 de agosto, el objetivo sería “el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”.
En ese mismo proceso de reestructuración, el entonces presidente electo anunció que la Unidad de Implementación del Acuerdo Final trasladaría sus funciones al nuevo Comisionado Nacional de Seguridad.
Todo conecta con lo que se ha conocido durante los últimos días. Durante la Asamblea General de Naciones Unidas, el canciller Omar Bula informó al Reino Unido —país encargado de liderar los asuntos relacionados con Colombia en el Consejo de Seguridad— que el Gobierno pretende “remoldear” el acuerdo en función de las prioridades fijadas por el presidente De La Espriella.
Desde el Gobierno sostienen que la discusión debe darse a partir de los resultados obtenidos durante estos años.
El embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona, defendió la revisión planteada por el Ejecutivo y afirmó en diálogo con El Tiempo que “este es un gobierno de leyes, que va a aplicar la Constitución, respeta el derecho internacional”, pero agregó que el proceso de paz debe funcionar y que, frente a los resultados en materia de seguridad, organizaciones criminales y producción de cocaína, “realmente merece ser revisado”.
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Sin embargo, una cosa es revisar la implementación y otra modificar el marco jurídico que se ha desarrollado alrededor del acuerdo.
Entre los componentes que están bajo observación aparecen los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) y las entidades encargadas de la reincorporación y la reforma rural. Por ahora, el Gobierno no ha detallado qué programas continuarán bajo su actual estructura y cuáles tendrán modificaciones.
JEP, otro de los puntos bajo revisión
La discusión ocurre además en un contexto de tensiones entre el Ejecutivo y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), uno de los principales componentes del sistema de justicia transicional surgido del acuerdo. Ahora, se está buscando una reducción presupuestal de 170.000 millones de pesos para la JEP.
En materia de sentencias de fondo de los macrocasos, la JEP acumula cuatro decisiones en firme. Precisamente, la justicia transicional es uno de los puntos donde el Gobierno está insistiendo en la necesidad de revisar resultados.
Otro de los capítulos bajo observación es la reforma rural integral, considerada uno de los ejes centrales del acuerdo.
Hasta mediados de junio de este año se habían entregado cerca de 370.000 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas. De ellas, unas 114.000 contaban con títulos de propiedad definitivos, frente a la meta de tres millones de hectáreas contemplada en el Acuerdo Final.
En formalización de tierras, el avance frente a la meta es mayor. El país acumulaba 4.091.252 hectáreas formalizadas frente al objetivo de siete millones establecido en el acuerdo.
Los avances, sin embargo, conviven con dificultades de seguridad y con conflictos por la tenencia de la tierra en distintas zonas rurales. Por ahora, el mensaje del Gobierno es contundente: verificar cómo se ha ejecutado el acuerdo durante la última década.
Lo que todavía está por definirse es hasta dónde llegarán esos cambios y si se limitarán a modificaciones administrativas o terminarán abriendo una discusión más amplia sobre algunos de los mecanismos jurídicos e institucionales creados para cumplir lo pactado.
Lea también: Lupa a la JEP: solo tiene 4 sentencias en firme de 21, ¿misión cumplida?
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué el Gobierno de Abelardo De La Espriella busca revisar el Acuerdo de Paz?
- El Gobierno argumenta la necesidad de evaluar los resultados en materia de seguridad, narcotráfico y reducción de violencia tras una década de ejecución. Bajo esta premisa, plantea reorganizar las entidades de implementación y hacer ajustes a la justicia transicional y a los programas en territorios rurales.
- ¿Qué límites constitucionales existen para modificar o frenar la implementación del acuerdo?
- El Acto Legislativo 02 de 2017 incorporó a la Constitución colombiana normas transitorias que obligan a las autoridades a actuar en coherencia con lo pactado y bajo el principio de buena fe. Esto impide desmontar de forma arbitraria el marco jurídico o institucional del Acuerdo Final.
- ¿Qué cambios institucionales ha anunciado el Ejecutivo frente a la paz?
- El presidente anunció la eliminación de la figura del Comisionado para la Paz y el traslado de las funciones de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final al nuevo Comisionado Nacional de Seguridad, con el objetivo de enfocar la estrategia en el control territorial y la seguridad.
