Los cuestionamientos contra Verónica Alcocer: qué investiga la justicia y hasta dónde puede escalar el caso en Colombia y el exterior
En las últimas semanas, los ojos han recaído sobre la primera dama colombiana. Su vida de lujo en Europa y el hecho de que, según el propio presidente Petro, lleva años separada del mandatario, han generado dudas sobre el origen de los recursos que usa para sostenerse, hasta el punto de que pidieron abrir investigación formal. ¿Cuál es el alcance del caso?
La presencia de Verónica Alcocer en Suecia, sus contactos con círculos exclusivos europeos y las recientes revelaciones sobre su presunto estilo de vida de lujo han encendido alarmas en distintos sectores institucionales. A esto se suma la denuncia formal radicada por el profesor Juan Carlos Portilla —experto en crimen transnacional—, quien pidió a la Fiscalía activar mecanismos de cooperación judicial internacional para esclarecer el origen de los recursos que financiarían los movimientos y actividades de la primera dama en Europa.
El caso se vuelve aún más complejo porque su estadía en el continente coincidió con la multimillonaria compra de aviones Gripen a la empresa sueca Saab, una negociación que desde ya salpica políticamente al presidente Gustavo Petro, quien en el pasado criticó al expresidente Iván Duque por cambiar la flotilla de aviones, calificando la compra como “irresponsable”.
Portilla sostiene que lo que se conoce públicamente sobre Alcocer no puede considerarse simple casualidad.
En un derecho de petición dirigido a la Fiscalía, pidió gestionar asistencia judicial en Europa y obtener inteligencia financiera de la red de unidades de análisis de la Unión Europea, con especial énfasis en Suecia, donde Alcocer ha pasado buena parte de los últimos meses.
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Detrás de esa solicitud está su hipótesis de que podrían existir indicios de corrupción internacional, lavado de activos o posibles vínculos con la cuestionada contratación estatal asociada al entorno presidencial.
La vida de Alcocer en Suecia
La vida de Alcocer en Suecia —detallada recientemente por el diario Expressen— desató una tormenta política.
Según ese medio sueco, se hospedó inicialmente en el exclusivo Strand Hotel y luego pasó a un apartamento en el centro de la ciudad. Su presencia en restaurantes de lujo, clubes privados y eventos sociales de alto perfil alimentó el debate sobre la procedencia de sus recursos, especialmente teniendo en cuenta que no recibe salario oficial.
La polémica creció todavía más cuando se recordó que, hasta agosto de este año, Alcocer había pasado año y medio residiendo en Europa, desde donde asistió a eventos diplomáticos y mantuvo un esquema de viajes que incluía clases, visitas familiares y acompañamiento a empresarios como Manuel Grau.
Cada vez que regresaba a Colombia, recibía además un esquema de seguridad extraordinario asignado por el Dapre, según conoció EL COLOMBIANO.
Expressen también identificó a varias personas cercanas al círculo social de Alcocer en Estocolmo: el empresario Kristofer Ruscon, fundador de la marca de champán Hatt et Söner; Sofia Strand, creadora de la marca de cosméticos Pixi; y el empresario Olof Larsson, propietario de la relojería de lujo Nymans Ur.
Aunque Ruscon reconoció que Alcocer es clienta de su empresa y que han coincidido en Francia, evitó profundizar en la naturaleza del vínculo. Otros contactos prefirieron no dar declaraciones.
La DJ Gunn Lundemo habría sido clave para su integración en espacios privados, según ese mismo medio. Fotografías compartidas en redes sociales la muestran también en reuniones con figuras reconocidas de la élite cultural sueca.
Los aviones Gripen
La controversia sobre los aviones Gripen estalló cuando el Gobierno colombiano cerró la adquisición de 17 aeronaves de combate a Saab, la compañía sueca que había competido durante años por un contrato multimillonario en Colombia.
Esa negociación, que ya generaba interrogantes por su costo y por los procedimientos utilizados, adquirió una nueva dimensión cuando se hizo público que Alcocer había pasado largas temporadas en Suecia, coincidencialmente en la misma época en que avanzaban los contactos oficiales entre ambos países.
Para algunos, ese cruce temporal entre la presencia de la primera dama en Estocolmo y el cierre de un contrato tan sensible elevó las sospechas sobre posibles intereses paralelos o influencias informales en la negociación.
De hecho, según un experto en seguridad y defensa consultado por EL COLOMBIANO, la inclusión de Alcocer en la Lista Clinton podría estar relacionada con su supuesta participación en el negocio de la compra de los aviones Gripen.
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Los detalles revelados por medios suecos acerca de su asistencia a eventos privados, su relación con empresarios locales y su integración en círculos exclusivos reforzaron la percepción de un contexto inusual alrededor del acuerdo con Saab.
Aunque no existe una prueba directa que vincule a Alcocer con la contratación, hay quienes consideran —entre ellos, Portilla— que la suma de coincidencias y la falta de claridad sobre el financiamiento de su estadía justifican revisar si hubo acercamientos, intermediaciones o contactos que pudieran haber incidido en la compra.
De hecho, el 18 de noviembre, el abogado y exsecretario de Transparencia Camilo Enciso anunció que presentaría una denuncia para esclarecer si Verónica Alcocer tuvo algún tipo de participación en la negociación de los aviones Gripen.
“La superposición temporal y geográfica es la siguiente: la presencia prolongada de la Sra. Alcocer en Estocolmo y su estilo de vida de alto lujo en Suecia coinciden con – o preceden – el cierre público del acuerdo de aeronaves suecas entre Colombia y SAAB. La convergencia de (i) una adquisición de defensa de alto valor de origen sueco, (ii) una persona políticamente expuesta (la Primera Dama) con un nexo de residencia en Suecia, y (iii) gastos suntuosos inexplicables en Suecia, crea un vínculo plausible de que los beneficios podrían haber sido canalizados a través de Suecia o intermediarios con sede en Suecia en conexión con la transacción de aeronaves”, sostiene la denuncia de Enciso.
El tema escaló aún más cuando se radicó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones contra el presidente Petro por presuntos delitos relacionados con esa adquisición: desde interés indebido hasta tráfico de influencias y posible uso de información privilegiada.
Las denuncias sobre Alcocer
El profesor Portilla le pidió a la Fiscalía recopilar reportes de operaciones sospechosas, información de cuentas, beneficiarios finales y cualquier registro financiero relacionado con Alcocer, sus allegados o posibles intermediarios.
En aquella petición, Portilla habla sobre presuntos pagos millonarios destinados a servicios de imagen, asesorías y otras contrataciones internacionales que, según él, se habrían gestionado mediante terceros o a través de estructuras societarias interpuestas.
Según Fabián Cárdenas, abogado experto en derecho internacional de la Universidad Javeriana y de Leiden University, la apertura de una investigación dependería de las autoridades judiciales tanto de Colombia como de Suecia, pues “sería un asunto esencialmente de derecho penal”, dijo en conversación con EL COLOMBIANO.
Cárdenas señala que la jurisdicción, en principio, recae sobre el Estado donde el delito se estaría cometiendo: “Si hipotéticamente hay razones para abrir una investigación en Suecia y se cree que allá existe un delito de lavado de activos, por supuesto Suecia tendría competencia para iniciarla. Asimismo, si alguna de las víctimas fuera sueca, Suecia también tendría autoridad para adelantar un proceso penal”.
El experto añade que Colombia igualmente podría actuar por tratarse de una ciudadana colombiana, independientemente de que los hechos hipotéticos ocurrieran dentro o fuera del país, aunque cualquier avance estaría sujeto a las reglas generales del derecho penal: deben existir causas razonables para iniciar la investigación, y el trámite se desarrollaría como en cualquier otro caso.
En cuanto al papel europeo, Cárdenas precisa que “se sujetaría a las mismas reglas de una persona que hipotéticamente también cometa delitos de lavado de activos”, y que si surgiera un componente de corrupción relacionado con el Estado colombiano, la jurisdicción principal recaería en la justicia colombiana.
Por otro lado, uno de los puntos más sensibles, según Portilla, es el hecho de que el propio presidente Petro declaró que llevaba “años” separado de ella. Para Portilla, esa afirmación tendría consecuencias legales si se confirmara que Alcocer siguió recibiendo contratos, viáticos o beneficios asociados al rol de primera dama sin cumplir los requisitos para ello.
La Fiscalía analiza hoy la apertura de una noticia criminal para determinar si existió o no un uso irregular de recursos públicos vinculados a las actividades internacionales de Alcocer.
Si la entidad concluye que se utilizaron fondos estatales de manera indebida, el proceso podría derivar en una investigación formal por delitos como lavado de activos, soborno transnacional o peculado, dependiendo de los hallazgos.
La Procuraduría, por su parte, tendría competencia para revisar si las funciones de la primera dama están ajustadas a la norma y cómo se manejan los recursos de esa oficina adscrita a Presidencia.
El alcance del caso también está marcado por su inclusión reciente en la Lista Clinton, una medida que, de acuerdo con Cárdenas, impone “una restricción económica de tipo personal” al impedirle realizar transacciones con el sistema financiero estadounidense.
Aunque en teoría la sanción se limita a Estados Unidos, los efectos pueden extenderse a Europa: muchos bancos europeos tienen cuentas en Estados Unidos, y “los bancos estadounidenses podrían imponer sanciones a las entidades europeas que le presten servicios financieros a Alcocer”.
En ese escenario, son los bancos los que asumirían el riesgo, por lo que podrían optar por restringirle servicios para evitar eventuales penalidades, un factor que podría impactar su permanencia y su movilidad financiera en Europa.
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