Las presidenciales en Colombia: haciendo campaña con temor a los atentados y moviéndose con hasta 40 escoltas
Los candidatos se mueven con esquemas de seguridad de 40 o más escoltas, que requieren un gasto de $1.000 millones mensuales.
Periodista especializado en temas de crimen organizado, terrorismo y conflicto armado. Creador del podcast Revelaciones del Bajo Mundo. También soy escritor y dramaturgo, autor de las obras teatrales “La Trilogía del Mal” y “Estallido”.
La campaña presidencial en Colombia está siendo dominada por el temor generalizado a un atentado, en especial después del magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay, lo que ha implicado la utilización de complejos y costosos anillos de seguridad.
Uno de los funcionarios que le puso la lupa al tema recientemente fue el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout.
En un mensaje publicado en su perfil de X, señaló: “He acompañado a Abelardo de la Espriella en más de 20 eventos por toda Colombia, pero lo vivido en el Parque de Belén en Medellín me dejó una profunda reflexión. Ver a un candidato presidencial ante miles de personas protegido por escudos, mantas balísticas, chalecos, antidrones, una tarima con vidrios blindados y un despliegue de más de 30 hombres con fusiles, es una imagen que cuestiona nuestra realidad. ¿En qué momento se volvió tan peligroso querer liderar a Colombia?”.
Agregó que “da miedo ver que, para querer salvar a Colombia, Abelardo tenga que estar dejando su vida y su tranquilidad en cada lugar. Es doloroso que la esperanza deba estar blindada de esta manera; esta imagen nos obliga a preguntarnos hasta cuándo el ejercicio de la democracia en nuestra Colombia seguirá siendo una actividad de altísimo riesgo”.
Los esquemas de seguridad de los candidatos y otros altos dignatarios en Colombia están conformados por escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y patrullas de la Policía; en algunos casos, el anillo se robustece con personal del Ejército.
Además de esto, De la Espriella cuenta con un equipo de seguridad privada, pagado de su propio bolsillo, según fuentes cercanas a la campaña.
En una reunión efectuada hace un mes por las diferentes entidades encargadas de la seguridad de los aspirantes presidenciales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, expuso que “gracias al trabajo articulado de la Comisión de Seguimiento Electoral (CORMPE), a la fecha, se ha dispuesto de 107 integrantes de la UNP, 160 efectivos de la Policía, 29 vehículos convencionales, 39 blindados y 29 chalecos de protección, entre otras medidas”.
Según el ministro, cada desplazamiento de los candidatos o de sus fórmulas vicepresidenciales cuenta con un mínimo de 40 funcionarios de seguridad, con sus respectivos medios logísticos, lo que implica un gasto que supera los $1.000 millones mensuales.
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Las amenazas y estigmatizaciones constantes
En Colombia, el ambiente electoral está al rojo vivo después del asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del partido Centro Democrático, a quien un sicario adolescente le disparó en un acto de proselitismo en un parque de Bogotá, el 7 de junio de 2025.
El mes pasado, la Misión de Observación Electoral (MOE) informó que van 35 amenazas documentadas contra campañas electorales en 2026.
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En similar sentido se pronunció el programa Compromiso por un Proceso Electoral Libre y en Paz en Colombia, una iniciativa en la que participan la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral (MOE), la Conferencia Episcopal, delegados de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos.
Entre el 13 de marzo y el 15 de abril del presente año esas instituciones registraron múltiples agresiones a los candidatos, por parte de los seguidores de sus oponentes y hasta de ellos mismos.
“El proceso electoral enfrenta un deterioro del debate democrático marcado por violencias digitales, estigmatización y discursos de odio que ponen en riesgo la vida, la participación política y la calidad de la democracia”, comentó al respecto la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Dijo que “se registró una alta recurrencia de violencia contra las mujeres en política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientación sexual diversa y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas”.
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De acuerdo con el análisis del programa, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué y Sondra Macollins, aspirantes al primer cargo de la Nación y a la Vicepresidencia, “han sido objeto de violencia contra las mujeres en política, violencias por prejuicio, estigmatización y difamación”.
En el caso de la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, “han enfrentado situaciones de difamación”; es el mismo fenómeno que afecta a la pareja de Iván Cepeda y Aida Quilcué, a la cual le suman una “alta recurrencia de estigmatización”.
Sobre el candidato afrodescendiente Luis Gilberto Murillo, y la de origen indígena Aida Quilcué, la Defensoría estimó que “han sido objeto de afirmaciones racistas”. Y en cuanto a la campaña de Sergio Fajardo, que “ha recibido lenguaje ofensivo”.
“Estas violencias son amplificadas en entornos digitales y, en algunos casos, por voces con alta visibilidad pública, lo que incrementa el riesgo de escalamiento hacia formas más graves, propicia escenarios de autocensura y silenciamiento, y afecta de forma especial la relación de las juventudes con la democracia y la confianza institucional”, sentenció Marín.
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La situación ya generó alertas en el exterior. El 16 de abril, Michael Kozak, subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, señaló que “tenemos una preocupación seria por esas amenazas, después de que vimos el asesinato del senador Uribe. Hemos hablado con las autoridades colombianas, particularmente la Policía, que puso a más personas en eso. Para las personas que están pensando en dañarlos, enfrentarán una retribución terrible si se atreven a intentarlo”.
Al día siguiente, las campañas de Valencia, De la Espriella y Cepeda reportaron supuestos planes para atentar con ellos.
En el caso de Valencia se presentó una controversia, pues el ministro de Defensa y el director de la Policía la alertaron de un complot para asesinarla, pero a las 24 horas se retractaron y el presidente Gustavo Petro indicó que había sido una falsa alarma.
“Nadie tiene garantizada la seguridad en Colombia, ni yo que tengo un gran esquema de seguridad”, afirmó la aspirante del Centro Democrático durante un evento en Cauca, el pasado 28 de abril.
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¿Quién mató a Miguel Uribe Turbay?
Frente al magnicidio de Miguel Uribe, un expediente en el cual ya han sido arrestados nueve delincuentes vinculados a la ejecución y la logística del crimen, la hipótesis principal de la Fiscalía apunta a la Segunda Marquetalia como autora intelectual.
Esta disidencia de las Farc, comandada desde Venezuela por “Iván Márquez”, sigue activa en varias regiones de Colombia, lo que genera preocupación entre los candidatos.
Lo mismo sucede con las otras dos disidencias, lideradas por “Iván Mordisco” y “Calarcá”, que han sido vinculadas como sospechosas a algunos de los supuestos planes criminales que investiga la Fuerza Pública.
El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de $1.000 millones para quien suministre información que ayude a prevenir atentados contra los aspirantes presidenciales, en medio de una campaña en la que abunda la zozobra.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué medidas de seguridad tienen los candidatos presidenciales hoy?
- Los esquemas incluyen escoltas de la UNP, patrullas de la Policía y, en zonas críticas, apoyo del Ejército.
- ¿Por qué reforzaron la seguridad de los candidatos presidenciales?
- El asesinato de Miguel Uribe Turbay y las amenazas contra varias campañas aumentaron la preocupación por posibles atentados durante las elecciones de 2026.
- ¿Qué dijo la Defensoría del Pueblo?
- La Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento de violencia digital, discursos de odio y estigmatización en la campaña presidencial.