Definen nueva fecha para audiencia de imputación a Miguel Quintero, ¿la cuarta será la vencida?

El Centro de Servicios Judiciales de Medellín definió una nueva fecha para realizar la audiencia de imputación de cargos relacionados con presunta corrupción contra Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde Daniel Quintero, y contra tres personas más.

La diligencia será dentro de 10 días calendario y siete días hábiles, teniendo en cuenta que la decisión al respecto fue tomada este martes, primero de septiembre.

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En consecuencia, está previsto que la diligencia se realice el próximo 10 de septiembre, según el anuncio que ya cumplió con las formalidades de la citación dentro del SPOA 05001600024820242355900.

Según el Centro de Servicios, ese día comparecerán ante el juzgado 27 Penal de la capital antioqueña como indiciados Miguel Quintero Calle, Vanesa Álvarez Restrepo, Álvaro Alonso Villada García y Sebastián de Dios Ortega Urán.

Se tiene previsto que la Fiscalía les lea la imputación de cargos por los presuntos delitos de interés indebido en celebración de contratos y peculado por apropiación. Y se da por seguro que solicitará la medida de aseguramiento consistente en detención intramural en centro carcelario.

La anterior audiencia fue declarada fallida este 31 de agosto, en la tarde por un “vicio” legal en la reasignación, debido a una incapacidad de la titular del Juzgado 27 Penal de Medellín.

Inicialmente estaba previsto que la diligencia comenzara el lunes de manera virtual en Juzgado 27, a las 2:10 p.m.; sin embargo, a las 2:12 una funcionaria de ese despacho anunció que debido a un inconveniente, pues la juez titular había reportado incapacidad por enfermedad, los asistentes debían conectarse a un link nuevo que les enviarían.

Luego, hacia las 3:55 la Juez 39 Penal de Medellín dio inicio formal con una disculpa por los inconvenientes ocurridos y comenzó un llamado a lista lento para verificar la asistencia de las instancias que estaban convocadas.

Miguel Quintero ha sido esquivo a las cámaras y los micrófonos desde que se anunció que sería vinculado penalmente a un caso de presuntos malos manejos en la contratación en el Área Metropolitana y ahí fue cuando apareció por primera vez en muchos meses. Estaba junto a Santiago Trespalacios, uno de los abogados que lo representará en este proceso y quien a su paso definió el rumbo que conduciría a la suspensión de la audiencia.

Su argumento fue que se estaría infringiendo una nueva norma que determina que cuando se suspende una diligencia judicial de este tipo, que no es de carácter urgente sino programada, debe ser el mismo juzgado que la tenía asignada el que fije nueva fecha y hora.

La juez suspendió momentáneamente la transmisión a las 4:30 p.m. y al retornar, casi una hora después, llamó a que opinaran tanto del Ministerio Público, la Fiscalía, quienes representan al AMVA —que está acreditada como víctima en los procesos de presunta corrupción en su interior— y los defensores de los posibles imputados.

Como era de esperarse, la fiscal 40 de la Unidad de delitos contra la Administración Pública y el abogado del AMVA argumentaron por qué sí debía continuar el trámite atendiendo a que no se estaba vulnerando ningún derecho fundamental y que debe prevalecer el “interés general que lleva a la debida administración de justicia”.

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“Evidentemente, cuando uno hace una revisión, inclusive el propio acuerdo hace distinción entre lo que denomina reasignación y audiencias frustradas que es lo que ocurrió aquí, y al hablar de reasignación, esta es un cambio por una circunstancia de fuerza mayor, que es la incapacidad de la titular del despacho que tenía asignada esta audiencia”, agregó el abogado del Área, Majer Nayi Abushihab.

En cambio, los abogados de los procesados recalcaron que había que acatar el Acuerdo PCSJA26-12570 del Consejo Superior de la Judicatura, que entró en vigencia el 18 de agosto, y la juez avaló sus argumentos. Entre ellos estaba la distinción entre una audiencia programada y una urgente, toda vez que la primera no involucra vencimiento de términos ni una “urgencia constitucional”. De hecho, ese habría sido el razonamiento que esgrimió la Fiscalía para solicitar el primer aplazamiento de la diligencia, según anotó.

“Si bien considero que estas audiencias deben realizarse (como sabemos hay un interés público, como lo indicó la delegada de la Fiscalía), nosotros como jueces no podemos saltarnos la normatividad y las reglas que se han establecido para que se realicen las audiencias, en este caso ese acuerdo”, dijo la juez al indicar que el Centro de Servicios Judiciales se pasó por alto un apartado del citado Acuerdo. En consecuencia, declaró fallida la diligencia y dijo que devolvería el caso a esa instancia para que reprogramara la audiencia en el mismo juzgado 27. La citación debía hacerse, siguiendo el Acuerdo del CSJ, en los siguientes cinco días hábiles, y fue lo que se cumplió este martes, primero de septiembre.

Tres aplazamientos

La audiencia del lunes había sido programada inicialmente para el 3 de agosto, pero el delegado de la Fiscalía pidió que se postergara con el fin de dar el tiempo para preparar bien la imputación. Después, el 25 de agosto fue la defensa de Villada la que hizo la solicitud.

Esta es una nueva arista del proceso por la presunta contratación direccionada entre el AMVA y el cuerpo de bomberos de Itagüí, por valor cercano a $18.000 millones y con un detrimento posible de $2.481 millones.

Testigos han mencionado en pasadas diligencias que Miguel Quintero, Villada y otros funcionarios, unidos con Ortega, se habrían confabulado para controlar la contratación en el Área, siendo el primero la cabeza de la organización, y que cobraban coimas del 20%, siendo la mitad para el hermano del entonces alcalde y lo demás para el resto. Este esquema se habría repetido en otras entidades del Distrito.

Aunque la audiencia se frustró, sería un hito en los escándalos por presunta corrupción que lleva la justicia el haber visto en un estrado a alguien de la entraña del exalcalde de Medellín, que además ha sido esquivo a dar la cara.

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BLOQUE DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuáles son los delitos que la Fiscalía imputará en este caso?

Los delitos a imputar serían interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La Fiscalía General de la Nación vinculó penalmente a los procesados por presuntos malos manejos en la contratación interna del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

¿Quién es el juez o juzgado encargado de liderar la audiencia de imputación?

El caso está asignado formalmente al Juzgado 27 Penal de Medellín. Aunque la diligencia fue asumida momentáneamente por la Juez 39 Penal de Medellín debido a una contingencia, la decisión final ordenó devolver el expediente a su despacho original para continuar con el trámite.

¿Por qué se suspendió la audiencia de imputación de cargos del 31 de agosto?

La audiencia se declaró fallida por un “vicio” legal en la reasignación de juzgados. Ante la incapacidad por enfermedad de la titular del Juzgado 27, el Centro de Servicios Judiciales trasladó el caso al Juzgado 39 de forma incorrecta, violando el reglamento vigente para audiencias programadas.