La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente este viernes a varios altos exfuncionarios y excontratistas de la alcaldía de Daniel Quintero de desfalcar las arcas públicas de Medellín por $3.700 millones.
El caso hace parte de un escándalo que se desató en el Inder Medellín, por cuenta de una serie de contratos que tenían el objeto de comprar balones, uniformes, medallas, trofeos y todo tipo de implementos deportivos.
Al igual que en otras denuncias que estallaron en el gobierno pasado, estos implementos fueron comprados a través de un convenio interadministrativo entre el Inder y Metroparques, entidad desde la que, según la Fiscalía, se habrían desviado los recursos públicos para embolsillárselos a particulares.
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Los exfuncionarios salpicados por la investigación son la exdirectora del Inder Medellín Diana Paola Toro; los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano Ospina y María Eugenia Domínguez, y el representante legal del contratista acusado, identificado como Mauricio Jaramillo Botero, de la firma Cyan Eventos y Logística.
Aunque este caso ya venía avanzando desde hace varios meses, fue este viernes 14 de agosto cuando se realizó formalmente la acusación.
En su exposición, la Fiscalía sostuvo tener en su poder los testimonios de 18 personas y un acervo probatorio de 1.800 documentos.
Con base en esa información, el ente sostuvo que en el interior de Metroparques se habrían avalado varias movidas contractuales, que tendrían el objetivo de legalizar precios más altos de lo normal y así presuntamente abrirle el camino a los privados para enriquecerse ilegalmente a costa de los contribuyentes de Medellín.
“Se presentó un sobrecosto considerable en la adquisición de bienes por parte de Mauricio Jaramillo Botero, en calidad de representante legal de la empresa mencionada, para suministrarlos a Metroparques”, aseveró el fiscal en su exposición.
“En las facturas de compra de bienes, como uniformes, balones, implementos deportivos y medallas, correspondientes a los años 2020 y 2021, valoradas en $2.942 millones, se determinó un sobrecosto total de $3.705 millones”, agregó el funcionario.
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Tras analizar los documentos de soporte de los contratos firmados entre Metroparques y el privado, la Fiscalía afirmó haber encontrado irregularidades en los estudios de mercado, en los que presuntamente se habría distorsionado el precio real de los bienes comprados.
De igual manera, la Fiscalía aseguró que muchos implementos comprados a esos precios elevados ni siquiera eran de calidad, y aun así los funcionarios del distrito le habrían dado la bendición a esas adquisiciones.
Vale recordar que esos bienes eran necesarios para la realización de festivales, torneos en barrios, eventos comunitarios y actividades recreativas, parte del quehacer misional más importante del Inder.
Como también ocurrió con otros contratos, la Fiscalía vio como algo llamativo que uno de los contratos que hace parte de la investigación tuviera un plazo de ejecución de dos meses y medio, pero se fuera extendiendo por más de dos años (26 meses).
Dentro de las hipótesis que evalúan las autoridades en esas investigaciones está que esta modalidad se habría aplicado en contratos que sumarían hasta $200.000 millones.
Si bien el escándalo de los contratos entre el Inder y Metroparques no ha causado el mismo revuelo que otros, como el de los contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos de Itagüí–por el que la Fiscalía imputará a Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero–, este proceso es clave por mostrar similitudes con otros.
Tal como en el caso de los Bomberos de Itagüí, en los contratos firmados con Cyan la FIscalía tiene en la mira a Jorge Enrique Liévano, quien es uno de los exfuncionarios que hacía parte de un grupo de WhatsApp bautizado como “Los Amiguitos”, en el que presuntamente se impartían instrucciones para nombrar funcionarios y varios de los implicados enviaban videos y fotografías ostentando lujos.
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La hipótesis que está sobre la mesa por cuenta de estos y otros casos es que todo podría tratarse de una gran operación en el conglomerado público de Medellín para concentrar la contratación en manos de pocos particulares y presuntamente enriquecer a funcionarios.
Según señaló recientemente el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estos contratos direccionados superarían el billón de pesos, una cifra que incluso podría superar los recursos que se perdieron en el escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá.
Regresando a este caso, el fiscal sostuvo en la audiencia que los exfuncionarios implicados podrían enfrentar penas de hasta 33 años de cárcel, mientras el privado acusado, una condena de hasta 16 años.
“Diana Paola Toro Zuleta y Jorge Enrique Liévano Ospina se apropiaron de la suma de $1.999 millones y María Eugenia Domínguez se apropió de $3.705 millones, los tres en provecho de Cyan Logística y Eventos SAS, a través de la autorización del pago de precios artificialmente elevados de los bienes requeridos para el desarrollo de las actividades priorizadas en el presupuesto participativo”, aseveró el fiscal.
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Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Quiénes son los exfuncionarios acusados por la Fiscalía en el caso del Inder Medellín?
- La Fiscalía acusó formalmente a la exdirectora del Inder Diana Paola Toro, a los exgerentes de Metroparques Jorge Enrique Liévano y María Eugenia Domínguez, y al representante legal de la empresa contratista, Mauricio Jaramillo Botero.
- ¿Cómo operaba el presunto desfalco de recursos públicos en Metroparques y el Inder?
- Según la investigación, se estructuraron convenios interadministrativos con sobrecostos considerables en facturas de implementos deportivos y se alteraron estudios de mercado para direccionar la contratación hacia operadores privados específicos.
- ¿Qué penas y cargos enfrentan los exfuncionarios procesados por la justicia?
- Los exfuncionarios enfrentan cargos por presunta corrupción que podrían acarrearles penas de hasta 33 años de prisión, mientras que el contratista vinculado afronta solicitudes de condena de hasta 16 años.
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