Así cambiarían las reglas de su ahorro pensional, tras la repatriación de $125 billones que planea el Gobierno
El Gobierno del presidente Gustavo Petro busca que los fondos privados de pensiones reduzcan de 49% a 30% el total del ahorro pensional invertido en el exterior. Expertos ven la medida inviable y alertan que la plata se desvalorizaría.
Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones. Antes en El Tiempo. Premio Camacol (2024) y Asobancaria (2021 y 2024).
Comunicador Social y Periodista. Reportero en las regiones. Escribo sobre microeconomía y macroeconomía. Disfruto el café, la cerveza artesanal y el rock.
El ahorro pensional de más de 19 millones de colombianos está a punto de quedar en el limbo. El Gobierno Nacional publicó un borrador de decreto con el que busca repatriar cerca de $125 billones en los próximos cinco años, una decisión que reconfiguraría el manejo de los recursos destinados a las pensiones futuras.
El Ejecutivo busca echar mano de una parte importante de los aportes que los trabajadores realizan a lo largo de su vida laboral para asegurar una pensión en la vejez. Estos recursos son administrados e invertidos por las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) con el objetivo de que crezcan en el tiempo y permitan garantizar el pago de las mesadas.
Actualmente, las AFP gestionan $527,3 billones, de los cuales $257,1 billones, equivalentes a cerca del 48,8% del portafolio, están colocados en activos del exterior. El borrador de decreto plantea restringir esa exposición internacional.
La iniciativa establece que los fondos privados de pensiones solo podrán invertir hasta el 30% de los recursos de sus afiliados en mercados externos. El 70% restante deberá canalizarse hacia inversiones en Colombia, con énfasis en sectores estratégicos de la producción nacional.
Este límite aplicará a los cuatro tipos de fondos obligatorios —conservador, moderado, de mayor riesgo y especial de retiro programado— y se implementará mediante un régimen de transición. De acuerdo con el documento, las AFP tendrán un plazo máximo de cinco años para ajustarse al nuevo tope, bajo un esquema gradual que fija un umbral del 35% al tercer año y del 30% al quinto año.
Y aunque el Gobierno aclaró que la propuesta no responde a incumplimientos por parte de las administradoras, sino a un ajuste prudencial de carácter agregado orientado a redefinir la distribución del ahorro pensional en el largo plazo, la decisión abrió un intenso debate.
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Los impactos: menos diversificación es igual a mayor riesgo
Esta reorientación de los recursos pensionales ha generado alertas entre analistas y centros de pensamiento, los cuales coinciden en que restringir las inversiones de las AFP a activos locales podría afectar el desempeño del ahorro pensional, al limitar la diversificación, reducir los rendimientos de largo plazo y aumentar la exposición al riesgo.
Para Andrés Mauricio Velasco, presidente de Asofondos, el debate debe alejarse de posturas ideológicas y centrarse en criterios técnicos y fiduciarios. A su juicio, el decreto toca uno de los principios fundamentales en la administración del ahorro de los trabajadores: la diversificación del portafolio, clave para mejorar la rentabilidad y mitigar los riesgos.
En Colombia, desde 2011 opera el esquema de multifondos, que ajusta las inversiones de los afiliados a su edad y perfil de riesgo mediante tres opciones: conservador, moderado y de mayor riesgo. Para maximizar rendimientos con menor riesgo, las AFP han fortalecido la diversificación de sus portafolios, distribuyendo inversiones entre distintos instrumentos —como deuda pública, acciones y fondos de capital privado—, emisores y mercados. Esta estrategia protege los ahorros frente a choques financieros, al compensar pérdidas en unas inversiones con mejores resultados en otras.
En ese contexto, Velasco señaló que una menor diversificación implica un acceso más limitado a activos rentables y, por ende, menores oportunidades de crecimiento del ahorro, lo que terminaría impactando directamente la capacidad de los afiliados para pensionarse y el valor futuro de sus mesadas.
De hecho, el gremio estima que un afiliado que hubiera invertido en un portafolio limitado al mercado local durante 10 años habría obtenido un rendimiento 37% inferior al logrado con el portafolio diversificado actual.
Invertir solo en activos locales recortaría 31% el ahorro
Una visión similar expuso José Ignacio López, presidente de Anif, quien subrayó que las inversiones internacionales permiten a los trabajadores colombianos acceder a mercados más profundos y dinámicos. Como ejemplo, citó el parqué de Estados Unidos, donde el ahorro pensional se beneficia de las utilidades de algunas de las empresas más innovadoras del mundo.
Desde su perspectiva, la reducción gradual del límite de inversión externa hasta el 30%, aunque no sería altamente disruptiva en el corto plazo, sí compromete la adecuada diversificación del ahorro pensional en el largo plazo.
“Esto termina perjudicando a los trabajadores y, paradójicamente, también al propio Gobierno, que es el responsable último de garantizar el derecho a las pensiones”, advirtió.
Un ejercicio de Anif permite dimensionar lo que está en juego. Si el ahorro pensional administrado por las AFP se hubiera invertido exclusivamente en Colombia, en 2024 el monto acumulado habría sido sustancialmente menor: en lugar de los $464,9 billones efectivamente alcanzados, el ahorro total habría sumado apenas $319,4 billones, lo que representaría una pérdida de $145,4 billones, equivalente a una reducción del 31,3% del ahorro pensional.
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Para poner la cifra en perspectiva, Anif advierte que ese monto equivale a cerca de 10 reformas tributarias, una magnitud que ilustra el fuerte impacto que tendría restringir las inversiones de los fondos de pensiones únicamente al mercado local.
Uso político de los recursos pensionales
Desde la óptica de Kevin Hartmann, abogado experto en pensiones y doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Lovaina, la repatriación de recursos pensionales no es un problema en sí misma. “Pueden existir buenas razones para traer esos fondos de vuelta al país como, por ejemplo, cumplir objetivos primarios de política del régimen de ahorro individual, aumentando los retornos potenciales para los afiliados si el mercado colombiano ofrece oportunidades atractivas”, explicó.
Agregó que también podrían existir objetivos secundarios, como canalizar parte de ese ahorro hacia el desarrollo de infraestructura. “Esto ya se ha hecho recientemente mediante una ley que obligó a destinar una porción de los flujos de ahorro pensional a proyectos apalancados con fondos de capital privado, que financian infraestructura y vivienda en Colombia”, señaló.
El problema, advirtió, es que en este caso las justificaciones del borrador de decreto no están debidamente fundamentadas. “No hay datos que respalden las posibles ventajas de rentabilidad del mercado local frente al extranjero, ni análisis sobre riesgos ni sobre la pérdida de diversificación. En otras palabras, más que una decisión técnica y basada en evidencia, el decreto parece responder a un capricho”, continuó.
Hartmann reconoció que no todos los impactos son previsibles con exactitud y que quienes afirman categóricamente que la medida tendrá consecuencias específicas están, en buena medida, especulando. Sin embargo, advirtió que, dado lo precario del mercado de capitales colombiano, es probable que las rentabilidades locales sean inferiores a las que se obtendrían en el exterior.
“Esto podría traducirse en afiliados que no logren acumular el capital suficiente para pensionarse o que reciban mesadas más bajas de lo que habrían obtenido con inversiones internacionales más rentables. Además, los efectos podrían sentirse a nivel sistémico: en el plano cambiario, la repatriación de recursos podría afectar la tasa representativa del mercado (TRM) y el precio del dólar; y a nivel macroeconómico, si los recursos se destinan a financiar deuda pública, podrían impactar el mercado de los TES, los bonos del Estado”, puntualizó.
¿En qué se invertirá la plata?
De acuerdo con el borrador del decreto, el objetivo central es dinamizar la economía local, elevar la productividad y fortalecer el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), aprovechando el ahorro de largo plazo que administran los fondos de pensiones.
Se plantea priorizar la inversión en sectores considerados “estratégicos”. Entre ellos figuran la infraestructura y las obras civiles —con énfasis en proyectos de transporte intermodal como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y transporte fluvial—, así como la construcción y la vivienda.
El decreto propone canalizar estos recursos hacia proyectos públicos y privados mediante mecanismos específicos, destacando la creación de un “banco de proyectos”, desde el cual el Ministerio de Hacienda estructuraría y promovería un portafolio de iniciativas productivas aptas para recibir inversión de los fondos de pensiones.
Entre las obras priorizadas se encuentran la electrificación del transporte público urbano (2026-2040), Vías para la Paz (2026-2035), el Plan de Reactivación Ferroviaria (2026-2039) y la transformación de espacios educativos en centros comunitarios (2026-2036). También se contemplan iniciativas en energía y tecnología, como Colombia Solar (2026-2030) y el Plan de Fibra Óptica (2026-2034), así como proyectos de salud y soberanía sanitaria, incluyendo el San Juan de Dios, centro de excelencia (2026-2034), la Red de Hospitales de Alta Complejidad (2026-2030) y la producción nacional de medicamentos estratégicos (2026-2035).
Críticas al “banco de proyectos”
En ese sentido, preocupa que el eventual “banco de proyectos” liderado por el Gobierno abra la puerta al uso político de los recursos pensionales. Este esquema, advierten los expertos, corre el riesgo de desdibujar los criterios técnicos y fiduciarios que deben primar en la administración de un ahorro que pertenece a los trabajadores.
Entre las voces críticas se encuentra Mónica Higuera, exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera (URF), quien renunció a ese cargo en medio del debate sobre los cambios a las reglas de inversión de los fondos privados de pensiones en el exterior.
Higuera calificó la propuesta del Gobierno como débil y señaló que debería incluir escenarios claros de rentabilidad, riesgos y otros análisis fundamentales para sustentar la medida.
“La diversificación es fundamental. Están interviniendo la actividad de las AFP. El gobierno no sabe de portafolios de inversión como tal y esto realmente no es positivo para el ahorro en el largo plazo”, expresó.
Y recordó que su salida de la URF se dio luego de las molestias del ministro de Hacienda, Germán Ávila, luego de que ella expresara sus reparos al proyecto de decreto, por la falta de sustento y lo “absurdo” de la idea de repatriar $125 billones en seis meses –que era el plazo inicialmente contemplado por Hacienda–.
¿Cláusula de escape para los fondos?
Dentro de este marco de incertidumbre, el decreto contempla una disposición que Hartmann considera especialmente relevante: una especie de cláusula de escape. Esta establece que, si una AFP no puede cumplir con lo dispuesto, deberá presentar un documento técnico justificando su imposibilidad, el cual será evaluado por la Superintendencia Financiera.
En la práctica, esto significa que las AFP podrían argumentar por qué no conviene la repatriación o por qué no pueden cumplir con los límites establecidos, lo que, según el experto, termina restándole fuerza regulatoria al decreto y plantea más dudas sobre su eficacia real.
Así las cosas, los analistas coinciden en que la diversificación internacional es esencial para equilibrar riesgo y retorno y garantizar la estabilidad del sistema pensional colombiano. Por lo pronto, el borrador de decreto estará abierto a comentarios hasta el 4 de febrero de 2026.