Accionistas de ISA le pasarán “factura” de $6.000 millones a la junta por daño tras nombrar a Carrillo
Accionistas minoritarios que habían anticipado que les cobrarán los perjuicios a los cinco miembros que eligieron a Carrillo llevarán su descontento a la asamblea del jueves. Esta es la historia de cómo se cayó el nombramiento por una causa ciudadana.
Editor de Economía. Ha trabajado en El Tiempo y Portafolio y cubierto temas macroeconómicos, empresariales y reformas. Premio Analdex 2020. Comunicador Social - Periodista de la Universidad Los Libertadores.
La historia de la caída de Jorge Carrillo en la presidencia de Interconexión Eléctrica (ISA) tras las demandas del abogado Julio César Yepes y el diputado de Antioquia Luis Peláez, no es solo un hito judicial en la historia administrativa del país; es, además, el relato de una suerte de resistencia civil que nació de la vigilancia constante de lo público.
Podría interesarle: ISA terminó el contrato de Jorge Andrés Carrillo sin justa causa y desata polémica por indemnización superior a $600 millones
Lo que comenzó como una preocupación compartida entre un grupo de ciudadanos comprometidos con la transparencia, alarmados por el rumbo de las empresas estratégicas del país, terminó convirtiéndose en un expediente de miles de páginas que hoy tiene a la junta directiva de la multinacional energética contra las cuerdas.
El camino, sin embargo, no fue gratuito. Dejó tras de sí una factura de errores, decisiones arbitrarias y perjuicios que hoy asciende a una cifra cercana a los $6.000 millones para ISA, un detrimento que los administradores de la compañía deberán explicar ante la asamblea de accionistas el próximo jueves 26 de marzo.
¿Cómo comenzó el golpe a ISA?
La trama comenzó a gestarse en diciembre de 2023. En ese momento, ISA, una empresa que factura $16 billones al año y es el eje de la transmisión eléctrica en la región, inició un proceso de selección de presidente con los más altos estándares internacionales.
La firma cazatalentos Korn Ferry fue contratada para diseñar una matriz técnica que garantizara la llegada de un perfil con visión global, conocimiento en mercados de capitales y experiencia en tarifación energética. El objetivo era encontrar a alguien capaz de manejar una infraestructura que se extiende por varios países de América Latina y que cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia.
Encuentre: Esto es lo que sigue para ISA tras salida definitiva de Jorge Carrillo de la presidencia
Sin embargo, el panorama cambió drásticamente en marzo de 2024. Con la renovación de las juntas directivas de Ecopetrol e ISA, desembarcaron delegados alineados con los intereses del Gobierno Petro y del entorno de Ricardo Roa. Fue entonces cuando la meritocracia empezó a ser reemplazada por una sastrería institucional.
Los requisitos originales, diseñados para atraer a los mejores talentos del continente, fueron modificados para favorecer a un candidato específico: Jorge Carrillo, cuya experiencia principal residía en el sector de servicios públicos domésticos en EPM y no en la complejidad de una multinacional de transporte de energía de alta tensión.
Los hallazgos sobre el perfil de Jorge Carrillo
Información a la que tuvo acceso este medio revela el contenido del reporte consolidado de Korn Ferry sobre Carrillo. El documento es lapidario.
En una escala donde los candidatos más idóneos superaban con creces los estándares, Carrillo obtuvo apenas 28 puntos, lo que se califica como un nivel moderado. En el lenguaje de los cazatalentos, esto significa que el candidato tiene vacíos significativos para el rol y que su contratación representa un riesgo para la estabilidad de la organización.
El informe advertía sobre una baja tolerancia al fracaso y una marcada dificultad para ajustar su enfoque a diferentes interlocutores o para enfrentarse a foros que no fueran de su total agrado.
Más grave aún, señalaba que Carrillo tendía a evitar o rechazar puntos de vista diversos y mostraba dificultades en las relaciones interpersonales, rasgos que más tarde se traducirían en un estilo de mando que fracturó la cohesión del equipo directivo de ISA.
A pesar de estar entre los tres candidatos menos calificados de la lista final de ocho, la mayoría oficialista en la junta forzó su ascenso, ignorando incluso las advertencias sobre su falta de conocimiento profundo en tarifación de energía y mercado de valores.
Las polémicas de Carrillo en ISA
La imposición de Carrillo no solo ignoró los perfiles técnicos, sino que puso contra las cuerdas a quienes osaron cuestionar la legalidad del proceso. Carlos Humberto Delgado, entonces vicepresidente de Talento Organizacional de ISA, fue el único funcionario de alto nivel que levantó su voz para advertir que se estaban violando los estatutos y el Código de Buen Gobierno Corporativo.
Su valentía le costó el cargo. Tras una sesión de un comité de talento donde Delgado expresaba su preocupación por la manipulación de los requisitos –en medio de una conversación informal que a la postre se conoció–, los delegados de Ecopetrol en la junta lo tildaron de desleal.
Delgado fue removido de su cargo y reemplazado, en un movimiento que buscaba silenciar la disidencia técnica dentro de la empresa. Hoy, el Consejo de Estado ha validado la posición de Delgado, señalando las inconsistencias durante el proceso de selección.
Su despido sin justa causa es hoy uno de los rubros que suma al millonario detrimento patrimonial que la empresa debe asumir, pues se privó a la organización de un talento técnico para abrir paso a una estructura de lealtades políticas.
El costo de ISA para defender el nombramiento
Tras la demanda de nulidad electoral al nombramiento de Carrillo, ISA desplegó una batería legal. En lugar de utilizar a su experimentado equipo jurídico interno, la compañía decidió contratar a la firma Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa.
Durante el proceso, este medio constató que la estrategia de defensa fue la reserva. Los abogados externos solicitaron que los testimonios de los miembros de la junta en los juzgados fueran declarados secretos, argumentando que la información afectaría la estabilidad de la acción de la empresa en bolsa.
También puede leer: Corte Constitucional frena la entrada de ISA al negocio de generar y vender energía que proponía Plan de Desarrollo
Sin embargo, el derecho de inspección ejercido por los accionistas minoritarios en las últimas semanas ha revelado el costo de este blindaje. Solo en honorarios para atender el caso Carrillo, ISA ha pagado cifras astronómicas a asesores externos. Las firmas externas cobran por horas de socios senior que superan el millón de pesos.
Millonaria liquidación a Carrillo
Cuando el fallo del Consejo de Estado que anulaba el nombramiento de Carrillo se conoció el 26 de febrero pasado, la junta directiva de ISA, en lugar de acatar la orden de inmediato, inició una maniobra de dilación.
El 27 de febrero, la compañía publicó una información relevante anunciando que se tomaría un tiempo para estudiar el fallo. Ante la presión ciudadana, que recordó que “los fallos judiciales no se estudian sino que se cumplen”, la junta decidió suspender el contrato de Carrillo en lugar de terminarlo de inmediato.
Esta suspensión permitió que Carrillo, durante sus últimos días, siguiera recibiendo beneficios de seguridad social mientras intentaba una aclaración de sentencia que el propio tribunal calificó de innecesaria.
Al final, la terminación del contrato se dio de manera unilateral y sin justa causa, lo que le otorga a Carrillo una indemnización millonaria. Sumando su salario básico de $150 millones y bonificaciones mensuales de otros $150 millones que fuentes le informaron a este medio, se estima que su pago de salida fue de entre $500 y $600 millones.
Estiman detrimento de $6.000 millones en ISA
El impacto financiero del paso de Jorge Carrillo por ISA no es una cifra menor, sino el resultado de una serie de decisiones acumuladas que erosionaron el patrimonio de la compañía.
De acuerdo con los cálculos de personas cercanas al proceso, el perjuicio total para la empresa se sitúa en un rango de entre $5.000 y $6.000 millones. Este monto integra diversos rubros que evidencian el costo de la arbitrariedad administrativa.
En primer lugar, se cuenta la pérdida de la inversión realizada en las firmas Korn Ferry, cuyos servicios de selección y debida diligencia fueron ignorados por la junta para imponer a un candidato que no cumplía con los perfiles, lo que obligará a la empresa a incurrir nuevamente en estos gastos para un nuevo proceso de elección, en línea con lo que ordenó el Consejo de Estado.
A esto se suman las millonarias indemnizaciones pagadas a directivos técnicos que fueron removidos por oponerse a las irregularidades, así como los honorarios pagados a la firma de abogados por una defensa jurídica externa que resultó inútil frente a la contundencia de las pruebas de nulidad.
Finalmente, la cuenta incluye las “dietas” pagadas a los miembros de la junta directiva y de los comités por cada una de las sesiones destinadas a validar un nombramiento ilegal, donde cada reunión representa un desembolso millonario por asistente, recursos que terminaron financiando una gestión declarada nula por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo.
En la asamblea del 26 de marzo, se propondrá formalmente la acción social de responsabilidad. Esta figura legal busca que los administradores —específicamente los cinco miembros de la junta que votaron a favor de Carrillo sabiendo que violaban los estándares— respondan con su propio patrimonio.
Si Ecopetrol utiliza su mayoría del 51,5 % para bloquear esta acción, los minoritarios podrían apelar a una demanda por abuso del derecho de las mayorías, argumentando que el accionista mayoritario no puede usar su poder para encubrir la negligencia que afecta a los fondos de pensiones y al ahorro de millones de colombianos.
Lo que queda de Carrillo en ISA
Con la caída de Carrillo, la atención se ha centrado en el equipo que lo acompañó en la multilatina de energía.
Figuras como Jonathan Villada, exdirector de aprovisionamiento traído por Carrillo desde EPM sin la experiencia técnica en transmisión, personifican el riesgo de la politización. Villada estuvo a punto de adjudicar contratos de líneas de transmisión en Perú por US$800 millones a firmas que no garantizaban los estándares históricos de la compañía.
No obstante, el presidente encargado de ISA, Gabriel Jaime Melguizo, un técnico de carrera con más de 25 años en la organización, actuó. A los tres días de la salida de Carrillo, Villada fue removido. Eso sí, persisten nombres en posiciones estratégicas de asuntos públicos, riesgos y talento humano que llegaron de la mano de la administración anterior.
La asamblea, dijeron accionistas a este medio, será el escenario donde se exija una auditoría profunda sobre estos nombramientos para devolverle a ISA su carácter técnico y alejarla de las pretensiones de convertirla en una agencia de empleos políticos.
Lo que viene para ISA
La historia no termina con la salida de Carrillo. Para la asamblea del 26 de marzo, Ecopetrol propuso una nueva plancha de junta directiva que ha encendido las alarmas. Figuras como Ricardo Roa y David Riaño pretenden mantenerse, a pesar de que el fallo judicial ya cuestionó su comportamiento en relación con la moralidad administrativa.
También aparecen nombres como Mónica de Greiff, cuya coherencia es cuestionada tras haber cuestionado públicamente los escándalos de Roa y su impacto en Ecopetrol para luego aceptar ser su postulada en ISA.
Los accionistas minoritarios plantean una nueva impugnación basada en el artículo 27 de los estatutos de ISA, que exige una reconocida solvencia moral. La tesis es clara: la moralidad no depende de condenas penales en firme, sino de un estándar de conducta honesta y transparente. Si estos nombres son impuestos por la mayoría accionaria, la semana siguiente se radicará una nueva demanda de nulidad electoral.
Las flojas cifras que dejó Carrillo en ISA
Más allá de la controversia jurídica por su nombramiento, el legado de Carrillo es, cuando menos, preocupante. Al cierre de 2025, la compañía reportó una utilidad neta de $2,4 billones, cifra que significa una caída de 14% frente a 2024.
A este debilitamiento financiero se suma un golpe reputacional y económico en el exterior. La filial ISA Interchile fue sacudida por una multa de US$14,4 millones impuesta por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de Chile. La sanción responde a la responsabilidad de la empresa en el “megaapagón” de febrero de 2025, que dejó a 19 millones de personas sin energía. El regulador chileno fue enfático al señalar que la falla se originó por falta de coordinación y mantenimiento en instalaciones de ISA, lo que provocó que el 98% de la población chilena quedara a oscuras.
Como si fuera poco, la ambición del Plan Nacional de Desarrollo de convertir a ISA en un jugador de generación y comercialización —rompiendo la prohibición de integración vertical— fue frenada en seco por la Corte Constitucional el pasado 13 de marzo. El alto tribunal restableció las prohibiciones de las leyes 142 y 143 de 1994, argumentando que el Congreso no debatió adecuadamente esta norma que buscaba cambiar las reglas del juego energético. Con este fallo, ISA queda confinada a su negocio tradicional de transmisión, cerrando la puerta a la estrategia de expansión que Carrillo y el Gobierno Nacional pretendían.
Hoy, la multilatina navega en una interinidad que solo podrá resolverse retomando la lista de siete candidatos evaluados originalmente en 2024. Nombres como André Cangucú, José Arosa, Juan Ricardo Ortega, Mónica Contreras, Guillermo Fonseca, Aurelio Bustilho y Sandra Fonseca vuelven al ruedo por orden judicial.
Sin embargo, varios de estos ejecutivos hoy ocupan cargos de alta dirección en otras compañías y dudan en ir a una ISA que ha sido golpeada institucionalmente.
Siga leyendo: Adiós a medias: ¿por qué el contrato de Carrillo en ISA no ha terminado pese a fallo del Consejo de Estado?