Colombia necesita $40 billones en energía para no quedarse a oscuras: ¿de dónde saldrá la plata?
De ese total, $18 billones deben ser para generación, $10 billones para distribución y $12 billones para transmisión. Regulación clara, trámites ágiles y tasas de interés que incentiven a comprometer esos recursos, entre los retos.
Periodista de la Universidad de Antioquia. Especialista en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones. Antes en El Tiempo. Premio Camacol (2024) y Asobancaria (2021 y 2024).
Aunque para muchos sea un recuerdo lejano, a comienzos de los años 90 Colombia vivió un apagón que dejó a millones de hogares sin electricidad durante meses. Hoy, más de tres décadas después, ese fantasma podría regresar: el consumo de energía está creciendo aceleradamente, persisten dudas sobre la capacidad del sistema para responder y el gran reto está en asegurar inversiones por al menos $40 billones en los próximos 10 años para garantizar un suministro confiable y evitar una crisis mayor.
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Esta preocupación se refleja en los datos de XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del mercado de energía mayorista, que indican que en los últimos cinco años la capacidad de generación ingresada al sistema ha estado por debajo de lo previsto para cubrir la demanda: en 2021 se incorporó el 7% de la energía esperada; en 2022, el 28%; en 2023, el 17%; en 2024, el 25%; y en lo que va de 2025 apenas el 1,4%, lo que equivale a solo 50 megavatios (MW) de los 3.517 MW proyectados.
Por esto, en un informe presentado al Consejo Nacional de Operación (CNO), el operador advirtió sobre un riesgo creciente de insuficiencia energética debido a la falta de inversión en nuevos proyectos y alertó que, sin un esfuerzo decidido para ampliar la generación en firme, Colombia podría enfrentar serias amenazas de apagones.
En línea con esta advertencia, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) estima que será necesario aumentar la capacidad eléctrica entre 2.500 y 3.000 MW para garantizar el abastecimiento, pues se prevé un déficit de energía del 4% para 2028 y del 6% para 2030.
Las inversiones que se necesitan para evitar un apagón en Colombia
En Colombia, la inversión en el sector energético funciona principalmente a través de empresas privadas y públicas que destinan recursos a proyectos de generación, transmisión y distribución.
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Este flujo de capital se mueve bajo un esquema de mercado regulado y competitivo: el Estado fija las reglas, mientras que las compañías, en su mayoría privadas —tanto nacionales como internacionales—, asumen el riesgo de financiar los proyectos y recuperan su inversión mediante tarifas y contratos de venta de energía.
La generación eléctrica concentra la mayor parte de los recursos. Allí participan empresas que construyen y operan plantas hidroeléctricas, solares, eólicas, de gas o carbón. Solo las compañías afiliadas a la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) invirtieron en 2024 alrededor de $2,65 billones en este frente.
La transmisión y distribución también exigen inversiones permanentes para ampliar y mantener las redes que transportan la electricidad desde las plantas hasta los hogares y empresas. A este esfuerzo se suma la participación de capital extranjero en el sector, que en el primer trimestre del año alcanzó US$222 millones, con un crecimiento del 89% frente al mismo periodo de 2024, cuando fue de US$117 millones, según datos del Banco de la República.
Pero el sector enfrenta el reto de atraer mucha más inversión, pues la demanda de nueva capacidad instalada crece de manera sostenida y, para responder a esto, se requiere que el Gobierno fortalezca la confianza de los empresarios y garantice condiciones claras que impulsen la entrada de nuevos proyectos.
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Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, indicó que, de esos $40 billones que se necesitan para asegurar la expansión y confiabilidad del sistema eléctrico nacional, $18 billones deben ser para generación, con el objetivo de aumentar en 2.500 MW la capacidad instalada. De esa oferta, entre 700 y 800 MW deberán provenir de fuentes térmicas, indispensables para garantizar energía firme hacia 2028.
En cuanto a distribución de energía, Castañeda señaló que los requerimientos en inversión superan los $10 billones, mientras que en transmisión se calculan cerca de $12 billones adicionales.
¿Quién pondrá la plata?
La gran pregunta, entonces, es de dónde saldrá el dinero necesario para evitar que el país vuelva a enfrentar racionamientos de energía. Según Castañeda, este difícilmente provendrá del Gobierno, dadas las restricciones fiscales actuales.
“Esa plata no saldrá del sector público. Esa plata será un esfuerzo de los privados. Y es que el capital que se necesita el Gobierno no lo tiene que poner, simplemente tiene que dar señales claras y efectivas para que los inversionistas confíen e inviertan, porque son contratos a muy largo plazo”, sostuvo el presidente de Andeg.
El punto crítico es que, para atraer capital privado, se requieren reglas de juego estables y un trabajo interinstitucional que reduzca los retrasos en la construcción de los proyectos.
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Tasas de interés y riesgo país, entre lo que frena la inversión
Sobre la viabilidad de invertir en el sector eléctrico, Munir Jalil, economista jefe para la región Andina de BTG Pactual, explicó a este diario que el entorno financiero actual representa un desafío adicional.
“Las tasas de interés que estamos viendo hoy en día son tremendamente altas en todos los países. Y obviamente estos proyectos dependen mucho de esos niveles de tasas para acceder a créditos, fondearse y calcular adecuadamente sus tasas internas de retorno”, señaló.
Para Jalil, el faltante en la entrada de proyectos versus las subastas, que viene desde 2020, obliga a reconocer que existen factores financieros, de confianza institucional y un riesgo país elevado, que pueden estar afectando el desarrollo del sector.
“De cara al futuro, es indispensable replantear qué vamos a hacer con un sector que es absolutamente necesario y prioritario para el país, que ya venía acumulando problemas y que hoy enfrenta nuevos retos: una creciente demanda, una oferta insuficiente y la necesidad urgente de garantizar el abastecimiento”, dijo.
En este contexto, Jalil agregó que otro factor que influye es que Colombia presenta un riesgo país más alto que otros pares regionales como México, Brasil, Chile o Perú.
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La razón, explicó, no se centra únicamente en que haya un gobierno de izquierda, pues en los otros países también los hay, sino a la percepción que se tiene hacia sectores como el energético. “Mientras en otros países similares se apoyan estos sectores, aquí no ha habido ese respaldo. Incluso, en lugar de buscar una complementariedad para una transición energética, se ha planteado una sustitución, lo que constituye un factor determinante”, señaló.
Interés en invertir en Colombia
Desde la óptica de Julián Torrado, jefe de la Banca Corporativa y de Inversión de CIBC Latam, sí existe dinero e interés para invertir en Colombia; el problema radica en las condiciones actuales del mercado.
“Ahora las tasas que los inversionistas tienen o esperan son dramáticamente más altas que las que veíamos antes de la pandemia, cuando un proyecto de energía ya construido y en operación en el mercado secundario podía comprarse o venderse con una tasa en dólares, apalancado entre el 10% y el 11%. Hoy estamos hablando de tasas del 15 al 16%”, manifestó Torrado.
Para el dirigente de CIBC Latam, estos cambios obedecen tanto a los efectos de la pandemia como a la reducción en la calificación crediticia de Colombia, incluida la pérdida del grado de inversión, y a las fuertes presiones fiscales.
“Si como inversionista yo veo que puedo comprar un Tesla al 12% sin hacer nada y venderlo al día siguiente, ¿para qué me voy a meter a hacer un proyecto de energía si no sé cuánto se demora la licencia, las consultas previas y otros permisos?”, ejemplificó.
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Para los usuarios, estas condiciones también tienen consecuencias. Según Torrado, se traducen en tarifas de energía más altas ya que deben ser suficientes para sostener el proyecto y cubrir tanto la deuda como los costos asociados. Jalil coincidió y advirtió que, para compensar esos elevados costos financieros, el precio de generación tendría que ser significativamente mayor “y eso nadie lo quiere”.
Las preocupaciones de los inversionistas
Si bien, como se mencionó, las inversiones anuales de las firmas generadoras durante 2024 alcanzaron los $2,65 billones, de los cuales el 75% correspondieron a energía renovable, se registró una reducción del 15% respecto a 2023.
Según una encuesta de Acolgen, en el clima inversionista persisten importantes preocupaciones. Entre las principales se encuentran la incertidumbre frente a cambios en las reglas del mercado, dificultades para obtener permisos y licencias, la seguridad en los territorios, especialmente en zonas apartadas donde se desarrollan los proyectos, y los riesgos de impago por parte de los compradores de energía.
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Esto último está vinculado a los retrasos en el pago de subsidios, la opción tarifaria y las deudas acumuladas por entidades públicas, que según la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) alcanzarían los $6,1 billones a agosto de este año.
“La situación genera un sobreesfuerzo por parte de las empresas comercializadoras, lo que incrementa el riesgo de cartera y pone en peligro la estabilidad financiera del sector, algo que hemos destacado como un riesgo sistémico para toda la cadena, con el potencial de generar un apagón financiero”, advirtió el gremio.
Es importante señalar que estas preocupaciones varían según el tamaño de las empresas. Las firmas entrantes y de pequeña escala muestran mayor inquietud por aspectos financieros, como la depreciación del peso, las limitaciones en el acceso al crédito y su alto costo. Por su parte, las compañías de gran tamaño, además de las preocupaciones regulatorias, priorizan los riesgos de impago y la conflictividad asociada con las comunidades.
Las señales que se requieren
En palabras de Castañeda, al tratarse de inversiones de muy largo plazo, el sector energético colombiano se basa en la confianza: “Las empresas meten plata en el sector no porque haya un contrato o una concesión, sino porque confían y creen. ¿En qué? En la regulación. Aquí se invierte con señales claras, si no hay estabilidad en eso, el capital no fluye”, dijo.
Jalil, por su parte, consideró que si bien se trata de proyectos que se extienden hasta en 10 o 20 años, tiempo en que nadie sabe con certeza qué ocurrirá, y “sería iluso” afirmar que se puede garantizar que no volverán a ocurrir los problemas de los últimos tres o cuatro años, sí se pueden ofrecer condiciones que brinden estabilidad.
“Como se dice en el entorno británico, el rule of law, que es la seguridad de que sus inversiones van a estar garantizadas y que, dado que se trata de decisiones de largo plazo con montos muy significativos, se respetarán y honrarán las condiciones iniciales bajo las cuales ingresaron”, anotó.
Pero a pesar de los desafíos, el sector energético mantiene una alta resiliencia. La encuesta de Acolgen arrojó que el 67% de las empresas planea aumentar sus inversiones en generación en 2025 respecto a 2024; el 55% destinará recursos a modernizar proyectos hidroeléctricos o térmicos, mientras que el 45% incrementará inversiones en energía renovable. Además, otro 45% enfocará sus recursos en innovación e investigación, clave para impulsar nuevas tecnologías de generación.