Así se destaparon los 32 casos de corrupción en el interior de Ecopetrol durante el gobierno Petro
La auditoría forense al interior de Ecopetrol rastreó sobornos, venta de cargos y $10 billones en contratos bajo la lupa de EE. UU.
Comunicador social - Periodista de la UPB Bucaramanga. Magíster en Estudios Políticos de la Universidad de Caldas. Especialista en Comunicación Digital. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2023. Miembro de Consejo de Redacción.
En la calle Post Oak de Houston, en un edificio de lujo, funciona la oficina internacional de Ecopetrol. En Bogotá, en el piso 12 de la sede principal, despachan la Presidencia, tres vicepresidencias, la dirección de regulación y un grupo de asesores y secretarias. Y en la calle 85 con carrera 11, en el norte de la capital, operaba una clínica veterinaria llamada Sintiendo Huellas.
Los tres lugares aparecen en el expediente de la auditoría forense interna que revisa 32 macrocasos de presunta corrupción en la petrolera durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026). Según los resultados preliminares, el entramado toca contratos por más de $10 billones.
Correos, chats y testimonios de altos ejecutivos de la petrolera y de filiales como Cenit, ISA y la oficina de Houston se entregan o se recuperan bajo cadena de custodia. Los hallazgos irán a la Fiscalía, pero también al Departamento de Justicia (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos.
“Si solo la mitad de esos 32 casos resultan tener asidero penal, el saqueo a Ecopetrol va a desplazar al de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como el más grande escándalo de corrupción del gobierno Petro. Y en ese caso ya van más de 10 capturas”, dijo a El Tiempo un vicepresidente de Ecopetrol.
La revisión tomará entre cuatro y ocho meses. Al frente está Ricardo Rodríguez Yee, exvicecontralor, presidente del Comité de Auditoría y Riesgos de la compañía y miembro de junta.
El mismo informe sostiene que los implicados usaron sedes alternas para reunirse, mensajería cifrada para no dejar rastro en los servidores de la empresa y presiones para sacar a técnicos que se negaban a avalar operaciones perjudiciales para la petrolera.
Luis Felipe Henao, vocero de los accionistas minoritarios en la junta, asegura que la auditoría no es un ajuste cosmético sino un mecanismo para blindar el patrimonio de 50 millones de colombianos y lograr que “cada contrato resista el escrutinio”. Según el informe de riesgo, Henao llegó a comparar la dimensión del caso con un “proceso 80.000”.
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Cenit y los $10 billones: el corazón del expediente
El caso de mayor tamaño toca a la Vicepresidencia de Abastecimiento de Ecopetrol y a Cenit, la filial que mueve los hidrocarburos por oleoductos y poliductos. “Ya se tiene documentado que un grupo de compañías recibió contratos por más de $10 billones, sumados los de Ecopetrol y su filial Cenit”, contó este vicepresidente de la petrolera.
Bajo revisión están contratos marco de construcción, obras civiles, geotecnia, tuberías, conexiones eléctricas, mantenimiento de oleoductos, instrumentación de estaciones y seguridad física y electrónica. Todos comparten un patrón, concentración atípica de contratistas y presiones indebidas.
Según el informe de riesgo, los evaluadores habrían sido forzados a descartar las ofertas más baratas y los pliegos se habrían modificado sobre la marcha para favorecer a un grupo cerrado. La auditoría rastrea también presuntos sobornos a cambio de entregar presupuestos oficiales y diseños técnicos antes de abrir las licitaciones.
En las obras civiles de Cenit hay un detalle que llamó la atención, uno de los presuntos implicados fue retirado tras una licencia de paternidad, cuando llegó información sobre pagos de sobornos por entrega de datos. En el informe aparece Julián Caicedo, pareja del expresidente de Ecopetrol Ricardo Roa, por presuntas mediaciones en la asignación de contratos marco y órdenes de servicio. Roa negó que Caicedo tuvo que ver con decisiones de la compañía.
El ‘Bachiller’ y los $79.000 millones de Conyser
Entre las órdenes de servicio bajo revisión figuran cuatro empresas. Una tiene sede en el Huila. Otra, en Barrancabermeja, se llama Conyser SAS y registra contratos con Ecopetrol, incluso de administraciones anteriores, por $79.000 millones en tratamiento de aguas, obras civiles, geotecnia e infraestructura.
Su representante legal es Jorge Argüello Beltrán, a quien en medios de Santander identifican como el ‘Bachiller’ o el ‘Bachi’. El informe de riesgo lo vincula con Iconscol SAS y Serinb Ltda., que suelen presentarse en uniones temporales, y cita testimonios ante la JEP y Justicia y Paz que lo señalarían de presuntos nexos con el Frente Isidro Carreño de las extintas AUC. Argüello no ha sido condenado por esos hechos.
Su apodo suena en un audio que El Tiempo reveló, atribuido a una reunión del catalán Manel Grau en la que ubican a Juan Carlos Hurtado, quien después llegó a la presidencia de Ecopetrol. Allí, un hombre al que llaman ‘Víctor’ le dice a quien identifican como Hurtado. “Yo soy la persona que le recibo la hoja de vida a este señor Jorge, al tal ‘Bachi’”.
Los ‘catalanes’, los audios y la venta de cargos en Ecopetrol
La presunta injerencia de Manel Grau, empresario catalán cercano a Petro y a la exprimera dama Verónica Alcocer, es otro de los macrocasos. Lo confirmó Henao horas antes de dejar la presidencia de la junta.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron que tienen audios atribuidos a Grau en los que asegura que, con el beneplácito de la Casa de Nariño, tenía manejo en Ecopetrol, Cenit e ISA. Según el informe de riesgo, la pieza central es una grabación de 43 minutos, hoy en cotejo de voces, de un desayuno con Hurtado y el intermediario ‘Víctor’.
En ella, la voz atribuida a Grau presume haber logrado “a empujones poner en la silla a un vicepresidente que se llama M.S.”. El informe menciona también a otro empresario español, Xavier Vendrell, del círculo cercano al expresidente.
El vicepresidente contó que él mismo entregó datos de un caso que involucra a la Vicepresidencia de Abastecimiento, al catalán y a la ‘Bailarina’, como llaman en Ecopetrol a la exprimera dama.
La venta de nombramientos es un bloque propio de al menos 10 casos: cargos por los que se habría pagado o que habrían direccionado personas externas, incluido Grau. Se revisan designaciones en el Oleoducto de los Llanos Orientales, en gerencias de energía y filiales y en el parque eólico Windpeshi, en La Guajira. El informe de riesgo habla de más de $5.000 millones en comisiones rastreadas por reintegros de exfuncionarios y licitaciones ganadas.
El informe suma un capítulo en Hocol, otra filial. Según testimonios, Grau citó al entonces presidente de esa compañía, Luis Enrique Rojas, a un apartamento de Ricardo Roa. Allí, usando el nombre de Verónica Alcocer, le habría exigido contratar fichas políticas como condición para seguir en el cargo.
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Termomorichal, la veterinaria y Covington: los casos alrededor de Roa
Ecopetrol compró las térmicas Termomorichal I y II, del grupo del fallecido empresario William Vélez. De acuerdo con el informe de riesgo, los acuerdos previos establecían que los activos pasarían a la estatal sin costo, porque el operador ya había recuperado su inversión.
Al final, la petrolera pagó US$42 millones, unos $170.000 millones. Roa se declaró impedido por sus vínculos previos con el grupo Vélez, pero la auditoría revisa si las presiones internas siguieron hasta asegurar el pago.
Para no dejar rastro en agendas ni en las cámaras del piso 12, parte de la cúpula se habría reunido en la veterinaria Sintiendo Huellas. Allí, según el informe, se definían licitaciones y se revisaban hojas de vida para cargos directivos. La empresa, matriz de otra razón social llamada Oslo y Gales, la constituyeron las hermanas Tatiana, María Alejandra y María Andrea Vargas Gómez. Los nombres coinciden con los de las mascotas de Roa y Caicedo. María Andrea era jefa de staff de la Presidencia de Ecopetrol y fue desvinculada tras el inicio de la auditoría.
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Covington & Burling y el oficial de cumplimiento
Con el argumento de una investigación independiente para preparar la defensa ante la SEC, la junta de entonces aprobó contratar a la firma estadounidense Covington & Burling. Según el informe, un otrosí subió el contrato de US$875.000 a US$5,8 millones, más de $23.000 millones.
El punto más delicado es la retención y extracción de información de computadores, correos y celulares de funcionarios de ética y cumplimiento, sin orden judicial, para identificar a los denunciantes. Por ese contrato, la Procuraduría abrió investigación el 9 de septiembre de 2025 contra Roa y los exmiembros de junta Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, por abuso de autoridad y detrimento patrimonial.
El caso se cruza con el de Alberto José Vergara, exdirector corporativo de Ética y Cumplimiento. Según el informe, llevó a la junta “14 actos concretos” de presunta corrupción, entre ellos contradicciones de Roa sobre el origen de los recursos para comprar inmuebles. Terminó degradado, despedido y denunciado penalmente por la Vicepresidencia Jurídica, a cargo de Cristina Toro Restrepo, después de hablar en W Radio y Caracol Radio.
Sobornos en la venta de crudo, gas y asfaltos
La Vicepresidencia Comercial y de Mercadeo también está bajo la lupa por presuntas dádivas en la venta de crudo, gas y asfaltos. El caso que más llama la atenvión a EE. UU. involucra a un empresario turco que habría desembolsado cerca de $1.000 millones por un contrato. La trazabilidad la apoya un tercer país porque uno de los socios del llamado turco es estadounidense. Según el informe de riesgo, la plata se habría triangulado en cuentas del exterior para esquivar las alertas antilavado.
También se rastrea una dádiva de una empresa de un país vecino que aparece firmando contratos de comercialización de asfaltos sin cumplir requisitos. El informe advierte que en esos esquemas los precios se acomodan para cubrir la coima y Ecopetrol pierde margen.
De manera peralela, la oficina de Houston es otro macrocaso. Bayron Triana, exvicepresidente de Energías para la Transición, asegura que recibió presiones desde la Casa de Nariño para firmar allí un contrato millonario de compra de gas.
En marzo, El Tiempo publicó señalamientos sobre la supuesta conexión de Triana con un enjambre de firmas de energía y gas, denuncia que también entró al paquete de la auditoría. Él responde que se trata de una campaña de desprestigio por no ceder a esas presiones. El informe de riesgo sostiene que su salida fue una represalia.
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Bionube, vigilancia y helicópteros: el frente tecnológico
Por otro lado, la auditoría rastrea el proyecto Bionube o Nube Soberana, de US$80 millones, con participación del MinTIC, Ecopetrol e Internexa, filial de ISA. Según el informe de riesgo, Internexa presentó su oferta sin autorización de su propia junta, algo que la compañía reconoció en comunicaciones internas, y hubo presiones para aprobarlo durante la presidencia de Jorge Andrés Carrillo en ISA.
Hoy la junta de ISA evalúa anular el negocio y remitir el caso a la Fiscalía. Internexa ya había quedado salpicada por otro proceso en el MinTIC, de $630.000 millones, al que ISA se le atravesó.
El segundo tema por el que preguntan autoridades extranjeras es un contrato de solución tecnológica de vigilancia para el grupo. En octubre de 2025, El Tiempo reveló que una denuncia sobre ese proceso llegó a Mónica de Greiff, entonces presidenta de la junta. Hablaba de reuniones en París, España y Sopó con empresarios interesados, de ofertas más económicas y de certificaciones de la Superintendencia de Vigilancia que se habrían omitido.
Roa negó cualquier participación irregular y voceros de las empresas ganadoras aseguraron que cumplieron los estándares, y uno de sus apoderados dijo que denunciaron por calumnia y falsa denuncia.
Completan este bloque los contratos de vigilancia y seguridad electrónica y el transporte aéreo del grupo, con presunta fuga de información y reuniones en el piso 12. Sobre los helicópteros, el juez 65 penal municipal de Bogotá se negó hace una semana a reabrirle a Roa un proceso por presunto direccionamiento de contratos.
Granjas solares, Windpeshi y Fiduprevisora
Los 12 casos restantes giran alrededor de granjas solares, incluidas las contratadas a través de Fiduprevisora; contratos en Cenit con sobrecostos y presuntas dádivas, y obras en La Guajira.
Según el informe de riesgo, en una sola fase de las granjas solares se adjudicaron más de $28.000 millones a contratistas sin experiencia comprobada, en vísperas de las elecciones territoriales. También habría pagos presentados como “compensaciones sociales” a las comunidades.
Cabe recordar que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York mediante ADR, certificados que representan sus acciones. Eso la pone bajo la ley FCPA, que castiga los sobornos a funcionarios, y bajo la Sarbanes-Oxley, que exige controles internos serios.
Si el DOJ y la SEC encuentran responsabilidad, las multas pueden ser multimillonarias. Y quien termina pagando es una empresa cuyo mayor accionista es la Nación.
Utilidades de Ecopetrol en caída libre
De manera paralela a estos escándalos, Ecopetrol sufrió una de sus peores crisis financieras por caída de utilidades. Por ejemplo, la petrolera ganó $33,4 billones en 2022, $19,1 billones en 2023, $14,9 billones en 2024 y $9,02 billones en 2025, según el informe de riesgo. Son $24,4 billones menos en tres años, una caída del 73%.
El informe atribuye el golpe a algo más que un Brent 15% más barato y la tasa de cambio. Pesaron la tasa efectiva de impuestos, que pasó del 33% al 52%; el costo de producir un barril, que subió de US$9,1 a más de US$12,1, y los sobrecostos y bloqueos operativos. En el peor momento, la caja operativa bajó a unos $1,6 billones.
Esto importa porque los dividendos e impuestos de Ecopetrol son una de las principales fuentes del Presupuesto General de la Nación, que para 2025 sumó $523 billones. Menos utilidades significan menos plata para el Estado y más presión sobre Hacienda, que debe cubrir la deuda y los saldos del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). El Comité Autónomo de la Regla Fiscal proyectó un déficit del 7,1% del PIB para 2025.
Henao ve estas cifras como críticas para la caja de la petrolar al decir que “sin exploración no hay reservas; sin reservas no hay caja; sin caja se agrava la crisis fiscal. Volver a explorar no es nostalgia petrolera: es responsabilidad con las finanzas públicas y con las próximas generaciones”. Y agrega: “Ecopetrol tiene que volver a producir lo que el país necesita, no lo que el discurso impone”.
Fiscalía, Procuraduría y Contraloría: en qué van los casos
La Fiscalía recibe la evidencia bajo cadena de custodia y abrió expedientes por delitos como peculado, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y cohecho. Uno de ellos es el cotejo de voces del audio de 43 minutos atribuido a Grau.
La Procuraduría avanza en la investigación disciplinaria por el contrato de Covington. La Contraloría emitió hallazgos fiscales por $86.054 millones en dos megaproyectos de Ecopetrol, que abren juicios de responsabilidad fiscal.
La USO exige que la auditoría entregue resultados concretos para que los jueces actúen y proteja a los trabajadores y la Refinería de Barrancabermeja. Transparencia por Colombia, dirigida por Andrés Hernández, recordó que el país sacó 39 sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, puesto 92 entre 180, y alertó por la captura de entidades como Ecopetrol, la UNGRD y la SAE.
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