¿Portería virtual? Alza del mínimo puso a asambleas de copropietarios a debatir automatización de vigilancia

En las asambleas de copropietarios que se celebran por estos días en el país ha tomado fuerza el debate sobre la automatización. El detonante principal es el incremento del salario mínimo para 2026, que fijó la remuneración básica en $2 millones incluyendo el auxilio de transporte.

Esta cifra, que representa un hito social, puso a los edificios y conjuntos residenciales en el debate de sostener la vigilancia humana tradicional o dar el salto definitivo hacia sistemas automáticos.

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La polémica se instaló, especialmente porque algunos propietarios buscan mitigar el impacto en sus cuotas de administración, mientras el sector de la seguridad privada advierte sobre los riesgos de desprotección y la inminente pérdida de empleos formales en un renglón que sostiene a miles de familias colombianas.

Hoy, el rubro de vigilancia y seguridad –sumado al de mantenimiento– representa entre el 70% y el 80% del presupuesto total de un edificio. Con el salario mínimo que rige y los cambios que trajo la reforma laboral, el costo de un puesto de vigilancia de 24 horas, que requiere tres turnos para cubrir el ciclo completo, pasó de promediar los $14,9 millones mensuales a cerca de $19,6 millones, según estableció este medio con representantes de propiedad horizontal y empresas de seguridad.

Este incremento superior al 30% es lo que ha llevado a muchos consejos de administración a poner sobre la mesa el reemplazo de celadores por sistemas de cámaras inteligentes y porterías virtuales, una transición que genera incertidumbre en un gremio que emplea a casi 350.000 personas.

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La asfixia presupuestal y el salto a lo digital

Si bien el fenómeno de la automatización no es nuevo, la velocidad con la que se está discutiendo este año carece de precedentes.

Alfonso Álvarez, director ejecutivo de la Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Administradores de Propiedad Horizontal de Colombia, Asurbe, señala que este ajuste podría darse con mayor facilidad en las unidades residenciales más pequeñas, cuyas características pueden hacer más rápida la transición.

Sin embargo, el costo de automatizar no es despreciable. Para reemplazar efectivamente a los celadores, se requiere una infraestructura tecnológica robusta que incluye circuitos cerrados de televisión (CCTV) con analítica de inteligencia artificial, controles de acceso biométricos, tags vehiculares y citofonía IP que conecte a los residentes directamente a través de aplicaciones móviles.

La inversión inicial para montar estos sistemas puede ser una barrera de entrada importante y de hecho ha estado entre los ejes del debate en las asambleas de copropietarios. Aunque la instalación de sistemas básicos de cámaras y alarmas puede empezar desde los $1.500.000, un proyecto integral de automatización para un conjunto de mediana complejidad es mucho más costoso.

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No obstante, los defensores de esta medida argumentan la diferencia en cifras. Mientras que un servicio de vigilancia física 24/7 para estratos 4, 5 y 6 tiene una tarifa mínima legal de $17.106.341 mensuales para la vigencia 2026, un sistema automatizado o de portería remota suele oscilar entre los $4.000.000 y $8.000.000 mensuales, dependiendo de las necesidades.

Este ahorro operativo de entre el 53% y el 76% es el argumento más poderoso que retumba en las asambleas cuando se busca evitar que la cuota de administración se dispare.

El impacto en el empleo y la visión gremial

La pérdida de empleos ya es un tema en el radar de los gremios de seguridad. Raquel Garavito, presidenta ejecutiva de Fedeseguridad, manifestó su preocupación ante lo que considera un momento de alta fragilidad para el mercado laboral formal.

En Colombia existen alrededor de 1.500 empresas de vigilancia que generan cerca de 387.000 empleos directos, de los cuales 348.300 son vigilantes y celadores operativos.

El riesgo es que la presión por el costo del salario mínimo de $2 millones, sumado a los recargos nocturnos y dominicales, empuje a las copropiedades a prescindir de miles de trabajadores. El gremio recordó un estudio del Banco de la República que sugiere que los cambios laborales podrían tener impactos de hasta un 13% en el empleo a largo plazo, lo que significaría que decenas de miles de personas podrían quedar fuera del sistema laboral.

“La evolución de la seguridad en edificios no está en sustituir al vigilante por una máquina, sino en la integración inteligente entre tecnología y presencia humana. La automatización debe potenciar la labor del vigilante, no eliminarla”, dijo Garavito, quien agregó que los grandes cambios están por verse una vez concluya buena parte de las asambleas de copropietarios entre marzo y abril.

Desde la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, liderada por Larry Sadit Álvarez Morales, se defendió la formalidad del sector. El funcionario explicó a La República que el grueso de las personas que prestan estos servicios pertenecen a los estratos socioeconómicos más vulnerables y que la profesionalización del sector ha sido clave en las últimas décadas.

La entidad ajustó las tarifas mínimas legales para asegurar que se respeten las prestaciones sociales, pero esto, irónicamente, alimenta la urgencia de las copropiedades por buscar alternativas tecnológicas. La tarifa mínima regulada inició un ajuste en julio de 2025 y se proyecta que seguirá subiendo hasta 2027, lo que cierra el margen de negociación entre las empresas de seguridad y los edificios.

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Justo esta semana, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, salió al paso y aseguró que “las empresas de vigilancia no pueden afirmar que todo se incrementa en un 23%”. Además, llamó a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad revisar las tarifas de las compañías del sector, las cuales, según él, han incrementado injustificadamente dichos valores bajo el pretexto del aumento del salario mínimo.

“Ese es un problema que estamos identificando (...) pero no puede ser que nos metan el cuento de que aumentan la tarifa un 23% como si todos los costos de seguridad se incrementaran un 23%”, insistió el ministro Sanguino.

El caso de los ronderos

Una figura relevante en el debate es la de los ronderos. Estos vigilantes, encargados de recorrer perímetros y zonas comunes, tienden a ser los primeros en esa cadena de “vulnerabilidad” laboral.

Alfonso Álvarez, de Asurbe, comenta que en un escenario de automatización es muy probable que el primero en ver consecuencias sea este tipo de empleos, para trascender a cámaras con analítica de video.

Sin embargo, esta decisión conlleva el dejar “puntos ciegos” y exponer las copropiedades a riesgos que una cámara, por muy inteligente que sea, no logra interpretar correctamente.

En un sondeo realizado por este medio en un grupo de administradores y copropietarios de propiedad horizontal, Lili Rincón, una de las participantes, dijo que el aumento en los costos de vigilancia no es solo del 23,7% derivado del mínimo, sino que con la reforma laboral y la reducción de la jornada semanal de 44 a 42 horas, el incremento real se acerca al 30%.

Ante este panorama, algunas empresas de seguridad han empezado a ofrecer modelos de financiación para la automatización, permitiendo que la copropiedad pague los equipos con la misma mensualidad que antes destinaba al pago de la vigilancia física. Este modelo de “arrendamiento tecnológico” gana terreno en algunas asambleas de 2026, ya que permite modernizar el edificio sin necesidad de pedir una cuota extraordinaria a los propietarios.

Voces desde la propiedad horizontal

Daniel Sepúlveda, otro participante en el sondeo, sostuvo que la automatización puede ayudar a reducir los costos que consumen casi la totalidad del presupuesto, pero advirtió que no es una solución inmediata ni aplicable a todos los casos, pues depende del nivel de seguridad requerido.

Por su parte, Carlos Herrera relató una experiencia donde la automatización permitió suprimir un puesto físico, utilizando ese ahorro para pagar la instalación de los equipos a plazos. Una vez pagada la inversión, se redujo la cuota de administración, generando mayor valorización al edificio.

Otro copropietario, de Bogotá, que prefirió no ser identificado, relató una experiencia negativa que llevó a la asamblea a plantear un modelo mixto: automatización al 80% con presencia de guardas para reforzar la seguridad. Un esquema híbrido que parece ser el punto medio que varios edificios han adoptado incluso antes del salario mínimo para no quedar totalmente desprotegidos, manteniendo un vigilante en los turnos de mayor riesgo.

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El valor humano

A pesar de la polémica, el componente humano sigue pesando en la balanza. Alfonso Álvarez destacó casos de edificios habitados mayoritariamente por personas adultas mayores que valoran el acompañamiento humano por encima del ahorro.

Para un residente de la tercera edad, el vigilante no es solo seguridad, es quien atiende con amabilidad, quien está pendiente de una emergencia de salud o quien da una mano con las particularidades a cada copropietario. En estos contextos, la automatización se percibe como una pérdida de calidad de vida.

Por el contrario, dijo el líder de Asurbe, en edificios de gente joven o solteros, la portería virtual se acepta con naturalidad, pues el uso de códigos y aplicaciones móviles es parte de su cotidianidad y prefieren una administración más económica.

Garavito, de Fedeseguridad, explicó otros valores agregados: “hay tres aspectos clave. Primero, el criterio humano. Un vigilante entrenado puede detectar comportamientos sospechosos o situaciones inusuales que una cámara no necesariamente identifica. Segundo, la disuasión: la sola presencia del vigilante previene muchos incidentes. Y tercero, la capacidad de intervención inmediata frente a situaciones imprevistas”.

Un país de propiedad horizontal

La magnitud del debate toma relevancia al observar las cifras de vivienda en Colombia. Aunque no hay un censo único, se estima que el 60% de la población vive bajo el régimen de propiedad horizontal. Solo en Bogotá se registran más de 20.700 copropiedades inscritas.

Esto significa que la decisión de automatizar o mantener el personal afecta la vida diaria de millones de personas y la estabilidad económica de un sector que representa 2,5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

La vigilancia privada está presente en aeropuertos, hospitales y centros comerciales, pero es en el sector residencial donde se genera el mayor volumen de puestos de trabajo que hoy están en vilo.

Garavito, de Fedeseguridad, hizo un llamado a la calma y pidió a las copropiedades informarse bien antes de tomar decisiones drásticas. Según la dirigente gremial, la solución más segura sigue siendo la complementariedad.

El veredicto de las asambleas

La decisión final recae en la soberanía de los propietarios. Es en el espacio de la asamblea donde se define si el bienestar y la tranquilidad de tener a un vigilante de confianza compensan el esfuerzo financiero de pagar un salario mínimo de $2 millones que, con toda la carga operativa, se vuelve una carga pesada.

La realidad es que la automatización ha dejado de ser una promesa del futuro para ser la respuesta inmediata a una realidad económica que no da tregua. Mientras las empresas de vigilancia luchan por mantener sus contratos y sus trabajadores, los edificios se llenan de pantallas y lectores biométricos.

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La transición hacia la tecnología parece inevitable en ciertos segmentos, pero el costo social de sacrificar miles de empleos por circuitos cerrados de televisión es una factura que el país apenas está empezando a procesar.

La moneda está en el aire y, mientras las asambleas terminan sus sesiones este mes, miles de celadores esperan saber si en 2026 seguirán siendo el primer rostro que ven los residentes al llegar a casa o si su lugar será ocupado definitivamente por un sensor y una cámara de alta resolución.

El equilibrio entre la sostenibilidad financiera de los hogares y la estabilidad laboral de un sector clave es, sin duda, el mayor reto económico que enfrenta la propiedad horizontal en Colombia este año.