El Tribunal Administrativo de Antioquia admitió, el pasado jueves, la tutela presentada por un grupo de migrantes cubanos, que exigían la protección de sus derechos y la suspensión de las deportaciones que el Estado colombiano estaba adelantando en Turbo.
El documento de nueve páginas fue notificado por la Magistrada Adriana Bernal Vélez, donde niega la suspensión de las deportaciones, pero decreta medida provisional por las razones expuestas de vulneración a los derechos humanos.
“Se ordena a Migración Colombia garantizar el debido proceso administrativo sancionatorio migratorio, a cada una de las personas que suscriben la solicitud de amparo, siguiendo cada una de las pautas establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Derechos Humanos”.
Juan Esteban Montoya, abogado defensor de Derechos Humanos explicó que la medida implica que los migrantes tendrán derecho a pedir y recibir asesoría legal, incluso de forma gratuita a través de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que los extranjeros participen de forma real y efectiva en el proceso administrativo de deportación.
“De igual manera, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordena que debe prestarse el servicio de traductor para los extranjeros que no comprendan el idioma español”, señaló el abogado.
Juan Arturo Gómez, estudiante de comunicación social periodismo de la U. de. A sede Urabá, quien acompañó a los cubanos en todo el proceso, manifestó que, aunque hoy la bodega esté vacía, siguen llegando migrantes a Turbo y lamentó la tardanza del fallo.
“A ellos no se les informó que tenían derechos, si esto hubiera llegado antes, se frena la salida de más de 400 personas a la selva”